CNDH urge a la ratificación de la Convención sobre la Protección de las Personas Mayores

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Ismael Eslava Pérez

Ciudad de México.- Frente al proceso de envejecimiento de las personas en nuestro país, que para el año 2050 alcanzará al 28% de la población, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya la responsabilidad del Estado de garantizarle el acceso efectivo a todos los derechos, lo que representa un gran desafío para generar las oportunidades reales para que generaciones futuras tengan una vida digna.

Ante ello, la CNDH urge a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a gestionar la conclusión del proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de lograr que todas las personas ejerzan su derecho a vivir una vejez plena, con salud, tranquilidad e independencia.

Importante es también que todas y todos nos sensibilicemos de las necesidades de ese sector de la población, que sepamos entender e interactuar con quienes viven esa etapa de la vida; en otras palabras, es deseable que las personas promovamos la conciencia, solidaridad y convivencia social entre las generaciones.

Así lo dio a conocer Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH, al hablar en la inauguración del Foro: Hacia la Ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, quien puntualizó que dicho proceso de suscripción inició en 2015 y a la fecha está inconcluso.

En este acto que tuvo como sede el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) de la CNDH, Eslava Pérez estuvo acompañado en el presídium por Luis Miguel Gutiérrez Robledo, titular del Instituto Nacional de Geriatría; Aída Díaz Tendero Bollain, investigadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM; María Elena Lugo del Castillo, titular de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Sergio Valdés Rojas, representante de la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Destacó que, al incorporar dicha Convención al sistema jurídico interno, se ampliarán los derechos específicos de las personas mayores y las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación con su contenido en todos los niveles de gobierno, y deberán expedir las normas secundarias que establezcan los mecanismos para su satisfacción, para exigir su cumplimiento, restitución y acceso a una reparación efectiva del daño.

Eslava Pérez explicó que se tendrán que diseñar e implementar políticas públicas integrales que atiendan los principios desarrollados en ese instrumento internacional, como la valorización de la persona mayor, el reconocimiento de su dignidad, independencia, protagonismo y autonomía.

También, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; la autorrealización; la igualdad de género; los enfoques de curso de vida para el goce efectivo de sus derechos; la responsabilidad del Estado y la participación de las familias y de la comunidad en la integración productiva en la sociedad, así como en su cuidado y atención.

Precisó que dicha ratificación debe marcar una agenda concreta de trabajo en materia de formación de recursos humanos especializados en servicios dirigidos a ese grupo poblacional, en sectores tan importantes como salubridad y educación, para lograr un trato sensible, cálido y diferenciado.

Eslava Pérez expresó el deseo de la CNDH porque este acto sume a las acciones que desde los sectores público y social se realizan para provocar la resolución contundente y apremiante por parte del Estado mexicano para cumplir con el deber de progresividad de los derechos humanos en favor de las personas mayores de nuestro país.

En su participación, el Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, mencionó que la Convención conjunta en un solo documento mecanismos que estaban separados, y aglutina derechos humanos de esta etapa de la vida que requieren un énfasis más específico, ya que no pueden ser considerados bajo un estándar común.

Además, reitero que con la ratificación se busca la no discriminación, acabar con estereotipos que marginan a las personas y dificultan su inclusión activa en la sociedad. Enfatizó la necesidad de abordar este tema en materia de medio ambiente y cambio climático que afecta a las personas mayores, y señaló que en coyuntura del sismo del pasado 19 de septiembre, es un precepto para hacer referencia a la prioridad que tiene la protección de los derechos humanos de las personas mayores en situaciones de desastre.

Carmona Tinoco apunto que en México se tienen límites en temas de edad para diversos aspectos, no quiere decir que hay que eliminar dicho precepto, sino analizar que la estrategia de restricción hacia arriba sea conforme a los derechos humanos.

Por su parte, Luis Miguel Gutiérrez Robledo señaló que uno de los primeros desafíos de este tema es el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas mayores. Mencionó algunas acciones que se deben emprender, entre otras, la actualización del marco jurídico mexicano teniendo como eje la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Planteó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, lo cual implica mayor inversión del gasto público; un abordaje de política pública integral que disminuya la duplicidad de acciones, optimice el ejercicio del gasto público y fortalezca las acciones interinstitucionales de mayor cobertura y de largo plazo.

También destacó la necesidad de crear el Sistema Nacional de Cuidados y generar la apertura permanente de espacios de participación ciudadana para promover la efectiva puesta en marcha de las iniciativas de envejecimiento saludable.

En su oportunidad, Aída Díaz Tendero Bollain habló de la necesidad de que México ratifique la mencionada Convención Interamericana. Señaló que nuestro país ha creado una sinergia muy favorable para el abordaje del envejecimiento que puede desprenderse de la Reforma Constitucional de 2011.

Dichos cambios, concluyó, elevaron a rango constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por nuestro país, por lo que consideró que la eventual firma de la Convención es evidente.

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