Incipientes la mayoría de marcos legales para la salvaguardia del PCI de América Latina: Crespial

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Ciudad de México.- En América Latina, la legislación y las políticas públicas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) aún son incipientes y presentan desafíos similares, entre éstos, desarrollar una planificación en sentido amplio, encontrar perfiles humanos adecuados para su gestión del PCI, articular el trabajo de diferentes sectores de gobierno y crear marcos legales que permitan trabajar desde la multiculturalidad, advierte Adriana Molano Arenas, directora del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial), de la UNESCO.

El centro se creó en febrero de 2006, con sede en Perú, a partir de la suscripción del Acuerdo de Constitución firmado en París entre la UNESCO y dicha nación, con el objetivo de promover y apoyar acciones de salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de América Latina. Su propósito es contribuir a la formulación de políticas públicas en los países de la región, a partir de la identificación, valoración y difusión de su cultura viva, acciones conformes con el espíritu de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

En un principio, el Crespial congregó a seis u ocho países; hoy lo integran 15, con grandes diferencias en sus contextos pero también con muchas similitudes, explica Adriana Molano. La antropóloga, originaria de Colombia, tomó el cargo como directora en enero de 2017 y desde entonces comenzó una tarea de evaluación para conocer cómo se está implementando la convención de 2003 en los Estados parte.

Tal evaluación se ha desarrollado conjuntamente con consultores representantes de cada una de las naciones hasta el momento afiliadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como una consultora general del Crespial, bajo la premisa de que para acompañar a las naciones en la tarea que asumieron al firmar la convención es necesario conocer qué pasa en cada una.

Derivado del estudio, la antropóloga abordó los resultados alcanzados en diez meses de análisis, en el marco del IV Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado en Sonora, México, en días pasados.

En principio señaló que la Convención de 2003 ha sido una de las convenciones de la UNESCO que más rápido se han puesto en marcha, por la cantidad de países que la firmaron desde su creación, la mayoría, sin terminar de comprender qué responsabilidades y consecuencias traería; comentó que en las 15 naciones afiliadas existe una legislación y políticas públicas sobre PCI, pero son incipientes y con políticas de corto aliento: en América Latina es un desafío pensar en términos de Estado y no de gobierno, las políticas suelen ser de corto aliento y cambian con los relevos administrativos, dijo.

Asimismo, comentó que ni la UNESCO, ni los países firmantes de la Convención de 2003 se dieron cuenta, en principio, que la salvaguardia del PCI es un tema intersectorial, que no se puede trabajar este tema sin sectorialidad y eso ha generado problemas porque los países han creado pequeñas institucionalidades.

La titular del Crespial explicó que la intersectorialidad implica un diálogo entre diferentes sectores involucrados con el PCI: salud, agricultura, desarrollo social, cultura, economía, recursos naturales, etc. Pero en Latinoamérica siempre estamos en el límite de generar expectativas que no se pueden cumplir porque se necesitan acciones de Estado integrales; entender que el PCI es un tema político y no podemos desprendernos de eso, dijo la antropóloga, quien señala la falta de planificación en el sentido más amplio.

Habló de algunos casos de países que ya cuentan con legislaciones claras e incluso actas administrativas, como Ecuador, donde la gestión del patrimonio cultural está en la Constitución. En esa nación toda la acción está dirigida por el Ministerio del Patrimonio, con una capacidad tremenda de planeación y que hizo un gran esfuerzo para transferir todo su conocimiento a los municipios, que son los que hacen la gestión.

Los ministerios de Cultura y Coordinador de Patrimonio se crearon en 2007, en el gobierno de Rafael Correa. En esos meses se trabajó en la redacción de los textos de la Nueva Carta Magna, aprobada democráticamente en las urnas e inscrita oficialmente el 20 de octubre de 2008. La nueva Constitución asume, de manera explícita, el compromiso del Estado frente al patrimonio inmaterial: en el capítulo primero, referente a los principios fundamentales, señala que es deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Al tiempo que en la quinta sección, referente a la cultura, indica que “son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros: las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo…”.

La antropóloga Adriana Molano recuerda que cuando se integra la Convención de 2003, se definen tres listas: La Lista del PCI, que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Las inscripciones en esta lista contribuyen a movilizar la cooperación y la asistencia internacionales para que los actores interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas.

El Registro de las Mejores Prácticas de Salvaguardia, que se compone de programas, proyectos y actividades que mejor reflejen los principios y objetivos de la convención, y la Lista Representativa del PCI de la Humanidad, integrada por expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor conciencia de su importancia.

Este listado inició con la integración de 90 obras maestras, proclamadas por única vez en 2005. Adriana Molano advierte que para crear la primera lista ocurrieron procesos delicados al interior de los países porque en ese momento no existía la convención y no estaban establecidos los mecanismos de salvaguardia, fue como poner sello algunas comunidades. En su opinión, la lista de obras maestras fue bastante perversa. Posteriormente, con la creación de la Convención y sus tres listados, en general, los gobiernos han dado más énfasis a la Lista Representativa.

Dijo que la evaluación ha permitido identificar tres grupos de países de acuerdo a su marco legislativo: naciones que poseen normativas específicas para el PCI, como Ecuador; aquellas con leyes en las que se menciona de manera directa o indirecta el PCI, y las que no tienen legislación específica pero sí en algunas de sus provincias o estados.

Asimismo, ha advertido una dificultad en la relación entre lo nacional y lo local porque muchas veces lo que ocurre en las localidades se queda muy distante de la política nacional: lograr gestionar el PCI de la cantidad de “países” que tiene un país es un reto muy grande, comentó la antropóloga.

En cambio, un aspecto en el que ha observado avances positivos en todos los países de la región, es que en la incorporación de la noción de patrimonio a la normatividad jurídica está cambiando el paradigma entre folclor y patrimonio inmaterial. En este sentido también mencionó que están a la búsqueda de buenas prácticas y sin duda las han hallado, un caso es la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó, celebrada en la región Pacífico, en Colombia.

Otro gran desafío es el de los recursos humanos, porque no son suficientes las personas que se dedican a la atención del PCI y, por otra parte, encontrar los perfiles para desempeñar este trabajo no es algo sencillo: no necesariamente son académicos, ni científicos sociales o gestores o promotores culturales, necesitamos crear perfiles específicos, dijo la especialista de la UNESCO.

Finalmente señaló que al entrar al tema de multiculturalismo o interculturalidad, conceptos que se encuentra en la mayoría de constituciones de los 15 países, hay mucho debate y no existen políticas reales que permitan trabajar desde la multiculturalidad.

Adriana Molano es antropóloga con especialización en Políticas Culturales y Gestión de Artes, con experiencia de trabajo en la elaboración e implementación de políticas públicas participativas en temas culturales. Fue coordinadora del grupo de patrimonio cultural inmaterial de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia de 2008 a 2015. Ha desarrollado consultorías para la UNESCO y es especialista de la estrategia global de fortalecimiento de las capacidades nacionales para la salvaguardia del PCI en América Latina y el Caribe.

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