La persecución política y judicial en Argentina alcanza a editor de Página/12

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Víctor Santa María

Buenos Aires, Argentina.- Mientras las encuestas siguen confirmando que la imagen del presidente argentino, Mauricio Macri, continúa en descenso sistemáticamente, cada día se anuncian más tarifazos y despidos, y continúa la persecución política, judicial y mediática en diversos frentes, como es el caso de Víctor Santa María, dirigente sindical y editor de Página/12, medio no alienado al gobierno actual, quien sin ninguna prueba fue denunciado por presunto blanqueo de dinero por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En este caso el golpe viene dirigido contra los únicos medios de comunicación que, como David contra Goliat, no son aliados del gobierno ni manipulados, en un intento de denigrar y destruir para silenciar definitivamente la verdad.

La administración Macri controla 98 por ciento de los medios de comunicación y hace días se fusionó Cablevisión, del Grupo Clarín, con Telecom, ampliando sin límites el monopolio mediático al cual Macri también entregó el satélite Arsat Uno, que puso en órbita el gobierno anterior.

Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), presidente del Partido Justicialista porteño, diputado del Parlasur, también director del Grupo Octubre y editor de Página/12, entre otras funciones, advirtió en un comunicado: “No existe elemento alguno que permita afirmar y sostener que este sindicato haya lavado dinero o que mi persona disponga de cuantiosos fondos. La maniobra es falsa, inventada. Y como tal carece de todo soporte probatorio”.

Destacó que su “estado patrimonial no refleja ningún enriquecimiento ilícito”, como consta en las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, además de que no existen denuncias judiciales contra el sindicato, como afirma falsamente un artículo publicado en La Nación.

El sindicalista sostiene que la “serie de operaciones inmobiliarias y financieras supuestamente sospechosas son inversiones en inmuebles que ha realizado el SUTERH”, y que “forman parte del patrimonio del sindicato y no de sus dirigentes”, lo cual es plenamente comprobable.

Estimó que quizá la verdadera causa de la persecución sea la denuncia publicada en Página/12, propiedad del SUTERH, de que familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario legal y técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados. Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macri; el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macri, Nicolás Caputo; Marcelo Mindlin, quien anunció que compró la constructora de la familia presidencial, antes en manos del primo Ángelo Calcaterra y un cuñado del secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, según se denuncia.

“Pero el presidente, sus amigos y funcionarios no son investigados por los delitos que cometen. El aparato político-mediático-judicial los protege a ellos y persigue a quienes no se someten a su disciplinamiento”, denuncia Santa María.

Clarín publicó este domingo un artículo en el que denunció supuestos vínculos del SUTERH con empresarios en una poco creíble acumulación de datos que en todos los casos eran presuntas alianzas. Este artículo indicó que comenzaba la guerra contra Santa María, como ha sucedido en todos los casos en que se inicia la persecución.

Una nota en estos medios, que son parte de la estructura gubernamental, es de inmediato tomada por un juez del llamado “partido judicial” en Argentina y por este método hay una cantidad de funcionarios y empresarios detenidos sin juicio y sin pruebas. También dirigentes sindicales son víctimas de esta situación con denuncias falsas.

Por otra parte, mientras más de 3 mil 700 periodistas quedaron sin trabajo por sus programas críticos a la gestión gubernamental y son perseguidos, trabajadores de la televisión pública están en asamblea permanente, en medio de un amplio dispositivo de seguridad que incluye policías vestidos de civil.

Denunciaron la situación que se vive después del comunicado del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el que se adelanta una política de ajuste en la emisora estatal, y cuando las autoridades decidieron responder al pedido de reunión y diálogo reforzando de manera intimidatoria la presencia policial. “Existe una extorsión en la televisión pública para un ajuste en el único canal estatal”, se titula el comunicado enviado a La Jornada por los trabajadores de prensa de esta entidad que expresan su absoluto rechazo “a la extorsión y provocación de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”. Estimaron que la presencia policial intenta disciplinar a “los peligrosos periodistas”.

Consideraron que no sólo constituye una provocación y un agravio para los trabajadores de la televisión pública que “desde hace años defendemos su carácter plural y democrático frente a todas las gestiones y en distintos contextos, sino que es parte de una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste en los medios públicos”, advirtiendo que esto ya se inició con despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, Paka Paka y Depor Tv.

“Estamos en asamblea permanente, pero nunca en ninguna asamblea de la historia hubo algún motivo para tener que sacar la discusión afuera del canal y mucho menos para traer a las fuerzas de seguridad. Lo entendemos como una amenaza, un amedrentamiento y una provocación”, afirmaron.

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