Después de un año y 11 meses la Junta 1 de Victoria cumple sentencia de amparo

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de un año y 11 meses la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA), emplazo a juicio a una empresa privada y ordeno expedir constancias de personalidad de manera gratuita, las cuales había ordenado cobrar para un fondo auxiliar, violando la garantía de gratuidad laboral, ello en cumplimiento a la sentencia 17/2016.

El Juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Decimoprimero de Distrito, resolvió dar por cumplida la sentencia, una vez que la autoridad laboral envió las pruebas de ello, aunque se dardo un año y seis meses en cumplirla, lo que motivo que se le enviaran una serie de requerimientos al efecto, de la documentación enviada, misma que fue analizada, se pudo comprobar que efectivamente se dejó insubsistente el cobro por la expedición de la constancia de personalidad.

El siete de enero del 2016, un ciudadano acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital, para presentar demanda en contra de la Junta Especial Número Uno de la JLCA, por la omisión de emplazar a juicio a la empresa demandada y el cobro por expedición de constancias, lo cual considero como violatorio de la garantía de justicia rápida y gratuidad laboral.

El 29 de marzo del 2016, el Juzgado emite la sentencia, otorgando el amparo, para que la Junta, realice las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demanda, dentro del juicio laboral 181/1/2015 y justifique haberlo hecho así, y deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente laboral señalado en el párrafo que antecede y, en su lugar, emita otro en el que ordene expedir las constancias de personalidad, de manera gratuita

El 19 de abril del 2’16, la sentencia causo ejecutoria (se hizo firme), por no haber presentado ninguna de las partes recurso de revisión, en ese lapso el Juzgado emitió 22 requerimientos de cumplimiento, siendo hasta el 26 de febrero del 2018, que envía a la autoridad federal las pruebas de haber acatado la resolución, mismas que fueron analizadas y se di por cumplida.

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