Juez le dan tres días al Gobernador de Tamaulipas para que regrese 4 mil 660 pesos a una persona

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Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal le da tres días al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que regrese 4 mil 680 pesos a una persona de esta capital, en cumplimiento a la sentencia 2232/2018 que otorgó el amparo, declarando inconstitucional el cobro de 8 al millar por el cobro de tarifas de derechos registrales, porque violan la equidad tributaria.

El Juez Rodrigo Allen Ortiz Orozco, del Juzgado Decimosegundo de Distrito, notifico “…se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días computados legalmente acredite el cumplimiento al fallo…”, es decir en este plazo debe entregar el dinero pagado, de no hacerlo, podría ser turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato, cuya sanción seria la destitución del cargo y consignación penal.

El 16 de noviembre del 2018, una persona acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital, para presentar demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, demandando la inconstitucionalidad del 64, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, con motivo de haber pagado 4 mil 680 pesos por concepto del registro de un contrato de compraventa.

El Juez señalo que, el cobro por derechos, relativo a la inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, del contrato de compraventa, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, en razón de que se recibe el mismo servicio, pero se paga más derechos por parte del contribuyente, tomando como base el monto cuyo cobro se asegure por medio del procedimiento y no así por la prestación del servicio propiamente dicho.

El Juzgado otorga el amparo para que, se desincorpore de la esfera jurídica de la persona, la aplicación del artículo 64, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado; no podrán volver a aplicar en lo futuro la norma declarada inconstitucional y deberán restituirle la cantidad de 4 mil 680 pesos, que pagó al fisco estatal con motivo de la aplicación del decreto reclamado.

Se deberá deducir de ese monto, el importe de dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente en el 2018, por concepto de los servicios prestados que es el pago legal establecido.

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