El procurador de Colombia pide proteger a líderes sociales en las próximas elecciones

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Bogotá, Colombia.- El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, pidió este jueves a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que refuerce la protección de los líderes sociales que son candidatos para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.

Mediante la directiva 011 de 2019, Carrillo solicitó con carácter de “urgencia” a los Ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Unidad Nacional de Protección (UNP) elaborar estrategias para “defender la vida e integridad” de los líderes.

El próximo 27 de octubre 36,8 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales, entre otros, para un periodo de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2020.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, 117.822 personas quedaron inscritas para las elecciones.

Del total de las inscripciones 176 candidatos aspiran a la gobernación, 5.187 a las alcaldías, 3.583 para asambleas, 95.487 a concejos municipales y 13.389 a Juntas Administradoras Locales (JAL).

Con miras a ese proceso Carrillo indicó que “la época electoral es cuando se recrudecen los asesinatos de líderes y lideresas sociales”.

Por lo anterior también pidió a la Policía, la Defensoría del Pueblo y las autoridades municipales “definir una ruta de protección para líderes sociales que aspiran a cargos de elección popular”.

En Colombia al menos 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.

Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.

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