En Guatemala proponen ampliar aporte del Estado al Fidemuni

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Guatemala, Guatemala.- Las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) incluyeron, en el Proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para 2020, una partida de Q226 millones que está destinada para el Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni).

De ser aprobado por el Congreso el desembolso de ese monto para la Municipalidad de Guatemala, este tendría un incremento de Q36 millones respecto al aporte realizado en este 2019.

El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, explicó que el aumento del aporte del Estado al Fidemuni obedece a un acuerdo político que existe entre el presidente Jimmy Morales y el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez.

De acuerdo con lo expresado por Martínez, Morales, se comprometió en junio pasado a apoyar presupuestariamente a la Municipalidad capitalina para la construcción de un paso a desnivel en la calzada José Milla y Vidaurre de la zona

Según las autoridades municipales, el proyecto que será financiado con fondos provenientes del erario público, beneficiaría a los usuarios de las zonas del área norte de la ciudad, como la 6, 17, 18, 24, 25 y parte de la zona 1. Asimismo, a municipios del nororiente como Palencia, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

El costo de la obra es de Q45 millones, de los cuales el gobierno central ya trasladó este año a la comuna capitalina la suma de Q9 millones para realizar los primeros estudios.

Por su parte, Fidel Espaderos, director financiero del Fidemuni, comentó que el aporte que entrega el gobierno cubre todo el costo de operación del Transmetro dentro de la ciudad capital.

Espaderos también detalló que los Q190 millones se emplean para el pago de buses, combustible, mantenimiento de los ejes, señalización, guías ciudadanos, seguridad y mantenimiento de las estaciones.

Cambio del modelo
El defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, expuso que el problema de este subsidio es que es exclusivo para la capital y hay otras ciudades en donde la problemática del transporte público se ha agravado en los últimos años.

“En las cabeceras de Quetzaltenango y Escuintla también es palpable el problema de transporte público y para ellos no hay apoyo por parte del Estado. Considero que de haber subsidio, este debe cubrir de igual forma a otras ciudades y no solo a la capital”, manifestó el funcionario de la PDH.

Guerra agregó que también sería pertinente que las autoridades competentes realicen un estudio técnico para realizar un cambio de modelo del sistema de transporte para todo el país.

“Urge llevar a cabo un estudio para que las autoridades cuenten con la suficiente información y puedan evaluar si es mejor autorizar un incremento a la tarifa o bien se calcule un compensador económico para darle solución a la problemática del transporte público”, explicó el representante de la PDH.

Señalamientos
En marzo pasado elPeriódico publicó un reportaje en el que daba a conocer que Luis Alfonso Gómez González, quien se encuentra procesado en el caso Transurbano, por los delitos de concusión y fraude, recibe fondos provenientes del Fidemuni a través de la empresa Expansión Corporativa Milenium, S.A.

La empresa de Gómez González suscribió en 2011 un contrato de US$1.8 millones con el Fidemuni y que consiste en el arrendamiento con opción a compra de cuatro buses para el sistema Transmetro.

Según datos del Registro Mercantil, Luis Gómez es presidente del Consejo de Administración de Expansión Corporativa; mientras que Byron Augusto Ureta Toledo (procesado en enero por financiamiento electoral ilícito y acción por omisión), aparece como gerente general de dicha empresa. Ureta Toledo, además, es el representante legal de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

Gómez González está señalado por su presunta responsabilidad en tres casos penales. El primero es por el aporte de Q270 millones a la AEAU, el segundo denominado Seguridad y Transporte, en el que se investigó la supuesta sustracción de Q17.7 millones para la compra de bienes y aeronaves. En el tercer caso se señala a miembros de la Asociación de Transporte de desviar al menos Q6.5 millones para campañas electorales del extinto partido Lider en 2011 y 2015.

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