Campesinos piden cambiar el rumbo de la política económica y social: Cioac

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Rafael Rodríguez Segura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Campesinos solicitan a la Presidencia y el Congreso Federales cambiar el rumbo de la política económica y social pues el contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 repite los mismos errores que en el 2019 y presenta una disminución de los recursos públicos destinados al sector rural para aumentar la productividad y además se perdió su valor a lo largo de los años.

Rafael Rodríguez Segura, promotor de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) en Tamaulipas, manifestó que lejos de que el presupuesto sea progresivo y crezca de acuerdo al nivel de la inflación o al incremento de los precios de la canasta básica, éste disminuye, y de acuerdo a un análisis del PEF 2020 realizado en la organización, para recuperar su valor, se tendría que agregar un monto de 98,171.2 Millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC) 2020.

El dirigente, dijo que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, se propone un recorte de 20,635.7 millones de pesos para el PEC con respecto al año previo que de aprobarse en estos términos, no se logrará los objetivos de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Rescate al campo mexicano, debido a que a lo largo de los años (periodo 2012 – 2019), se han dejado de ejercer 102,178 millones.

Rodríguez Segura, preciso que de acuerdo con la Cuenta Pública, existe una tendencia por parte del Ejecutivo a gastar menos de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, entonces existe en una situación muy compleja por eso desde la perspectiva de la Cioac se necesitan tomar otras medidas, dar un golpe de timón, es decir, utilizar el instrumento de política pública que es generar desarrollo e inversiones en bienes públicos para cambiar las cosas.

Desde su perspectiva, en el presente año el ejercicio presupuestal de la actual Administración deja muchas lagunas, hubo muchos errores e ineficacias, en una orientación de política social a través de transferencias monetarias directas, es decir, reparto de dinero que no garantiza el ejercicio pleno de los derechos ni el bienestar de la gente que recibe los apoyos a través de transferencias.

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