El Congreso de El Salvador cerca del desacato por ley para víctimas de guerra

0

San Salvador, El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador estaría por caer este miércoles (13.11.2019) en desacato de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía de 1993, al no crear una legislación en beneficio de las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Tras ampliar el plazo en julio pasado, los jueces constitucionales advirtieron al Congreso que dicha ley debe respetar los parámetros establecidos en la sentencia y que deben tomar en cuenta la opinión de las personas sobrevivientes de las violaciones a derechos humanos.

Congreso pide más tiempo
La Comisión Política, encargada del análisis de la ley, acordó la tarde del lunes mantener “abierta” su sesión para decidir si dan el visto bueno a la propuesta que discuten actualmente para que sea votada en el pleno del Congreso o solicitan al Supremo un nuevo plazo. Sin embargo, el martes, el pleno decidió pedir más tiempo a la CSJ para cumplir con el fallo.

Diferentes organizaciones sociales han cuestionado a esta comisión por discutir al menos tres proyectos que, a su juicio, buscan amnistiar nuevamente los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El último proyecto, denunciaron más de 20 organizaciones, busca que las decisiones administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR) puedan otorgar el estatus de “cosa juzgada” a los casos, contrario a lo que establece la legislación salvadoreña, la cual solo concede este poder a los fallos judiciales.

“La propuesta que está discutiendo la Asamblea Legislativa no reúne las condiciones que estableció la Sala de lo Constitucional”, aseguró este martes a periodistas Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD).

De acuerdo con los activistas, el proyecto también estipula dar “beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas”, resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece “no responde a los estándares” dictados en la referida sentencia de 2016.

La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

Compárte esta noticia:

Déjanos tu comentario