Piden a diputados en El Salvador no acelerar la votación de fondos para seguridad

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San Salvador, El Salvador.- El Instituto de Derecho Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) pidió este viernes a los diputados de la Asamblea Legislativa que “no precipiten” la votación de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase de un plan de seguridad contra las pandillas, que mantiene enfrentados al Congreso y el Ejecutivo.

El Idhuca mandó este día una carta a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, encargada del análisis de dichos fondos, en la que solita a los parlamentarios que “no se precipite en la autorización para la suscripción del préstamo, sino que antes lo analicen y discutan adecuadamente”.

De acuerdo con la entidad de derechos humanos, “el contexto y el alcance del préstamo podrían generar dinámicas de inestabilidad político-democrática o violatorias de derechos humanos, inclusive, en el mediano o largo plazo”.

Indicó que se necesita discutir sobre los mecanismos normativos que se habrán de crear o reformarse para que “no vuelva a ocurrir lo acontecido el pasado 9 de febrero”, día en el que le presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en la sede del Congreso con militares armados para presionar a los diputados.

El Idhuca ofreció a la Comisión de Hacienda, integrada por representantes de todos los partidos políticos en el Parlamento, su apoyo técnico y señaló que “es indispensable el abordaje de este punto desde una perspectiva de los derechos humanos”.

La Asamblea Legislativa informó el miércoles de que un grupo de diputados acordó reunirse con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para discutir sobre el préstamo.

El dinero fue otorgado en octubre del año pasado por el BCIE, pero debe ser avalado con los votos de al menos 56 diputados, la mayoría calificada, en el órgano Legislativo.

La falta de esta aprobación llevó al presidente Bukele a presionar a los parlamentarios hasta el punto de que el pasado 9 de febrero el mandatario irrumpió en la sede del órgano Legislativo con militares y policías, y amenazó con una insurrección del pueblo.

Esta acción fue condenada por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.

Cuando fue lanzado el Plan Control Territorial diversas organizaciones alertaron sobre las posibles violaciones de los derechos humanos que se podrían generar al sacar a militares a las calles para las labores de seguridad.

La experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar dijo a Efe que Bukele ha colocado como principal protagonista de su estrategia de seguridad al Ejército, institución que no se presenta únicamente como su mayor arma contra las pandillas, sino también como un escudo ante sus adversarios.

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