Requieren al Gobernador de Tamaulipas que regrese 36 mil pesos a ciudadana por inconstitucionalidad

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Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Matamoros, Tamaulipas.-El Poder Judicial Federal viene requiriendo al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que regrese 36 mil 845 pesos a una ciudadana, en cumplimiento a la sentencia de amparo 1355/2019, declarando inconstitucional el cobro del derecho de ocho al millar, por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, contenido en el artículo 64, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado.

El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Matamoros, determino que es inconstitucional dicha norma, toda vez que determina que el pago de derechos de inscripción de una escritura en el Registro Público, se cuantifique mediante el porcentaje sobre el valor de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, (ocho al millar), lo cual es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad contemplados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

El 6 de diciembre del 2019, una ciudadana acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros, para presentar demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales, pidiendo la inconstitucionalidad de la norma, con motivo del cobro por la inscripción de la Escritura Pública identificada con el Número 27,131, de fecha 12 de Noviembre de 2019, otorgada ante la fe de la Notaría Pública No.

El Juez señalo que, para el cobro de los derechos que por servicios presta el Estado, no se toma en cuenta el costo del servicio prestado, sino un elemento ajeno, como lo es el valor de la operación contenido en el documento a registrar; siendo que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos se debe de tener en cuenta únicamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, por lo tanto las cuotas de referencia deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios similares.

El Juzgado torga el amparo, para que devuelva, la cantidad que enterada por concepto de pago de derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y además, para que la propia Secretaría de Finanzas se abstenga de realizar los cobros respectivos, por cuanto hace a los agraviados; por el Juzgado esta en espera del cumplimiento y de no hacerlo, regresando a laborar de la suspensión por la pandemia, se requerirá a la autoridad.

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