Decenas de microbuseros de Victoria presentan demanda de amparo, por prohibición de servicio en Victoria

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Edificio del Poder Judicial Federal, donde se encuentran los Tribunales y Juzgados Federales en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las autoridades estatales de transporte tuvieron que acudir a defenderse en cuando menos 25 juicios de amparo, que interpusieron microbuseros de la ruta Playas – Libertad de esta capital, por la orden de prohibir dicho servicio de transporte lo cual consideran como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, en este caso el 17 de junio podría emitirse la sentencia respectiva.

La Juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito, notifico “téngase al Subsecretario de Transporte Público, Director de Operación y Modernización de la Subsecretaría de Transporte Público, Subdirector de Operación de la Subsecretaría de Transporte Público, Jefe de Departamento de Supervisión de la Subsecretaría de Transporte Público y Jefe de Departamento de Lineamientos y Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Transporte Público, todos del Estado de Tamaulipas, rindiendo su informe justificado”.

El 18 de mayo, 28 concesionarios de microbuses de la ruta Playas – Libertad de esta capital, acudieron ante el Poder Judicial Federal, para presentar demanda en contra de Subsecretario de Transporte Público en el Estado de la Secretaría General de Gobierno, reclamando el acuerdo de fecha 6 mayo 2020 en el que ordena prohibir la prestación del servicio de transporte público en la ruta 17 denominada playas-libertad.

La Juez, en la notificación, señalo que las autoridades de transporte “acompañan copia certificada de diversas constancias, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y de conformidad, con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados (abogados) de la autoridad responsable en alusión a las personas que señala, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica”, con ello inicia la defensa del Estado ante dicho juicio.

De ello el litigio apenas comienza y las autoridades estatales dentro de su defensa, deberán acompañar las pruebas y alegatos jurídicos que demuestren la constitucionalidad de dicha acción, mismas que se confrontaran con las de los demandantes a fin de poder normar los elementos necesarios y emitir la sentencia respectiva, para lo cual fue convocada la audiencia constitucional para el próximo 17 de junio.

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