El gobierno mexicano tiene temor de presupuesto directo para los pueblos indígenas del país

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Pável Uliánov Guzmán

Ciudad de México.- El actual gobierno de México tiene temor de que las comunidades indígenas del país tengan acceso a un presupuesto directo y ejerzan independencia financiera, a pesar de que ello ayudaría a un desarrollo más equitativo e integral del país.

Debido a lo anterior, la actual administración se exhibe ante la sociedad, aunque opera de forma menos eficiente la definición de los recursos dirigidos a las comunidades indígenas mexicanas, no obstante, su lema de que los indígenas son primero.

Dirigentes indígenas y representantes legales ubicados en distintos estados de la república coincidieron en afirmar lo anterior en la víspera de la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en el que se prevé solamente un monto de 3,600 millones de pesos que se dirigirá al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el marco del Presupuesto Transversal Indígena.

En el conversatorio virtual con el tema “Presupuesto Directo al Municipio Indígena y Reforma al Artículo 115 de la Constitución de México”, Fidencio Romero Tobón, abogado comunitario de Puebla, aseguró que los municipios politizan el apoyo y los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y acusó que por ello nunca se han tenido los recursos suficientes para propiciar un desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Recordó que anteriormente las comunidades tenían la capacidad financiera de construir infraestructura de caminos en sus regiones e incluso de repararla, lo que ahora es prácticamente imposible llevar a cabo. En pocas palabras y ante la promesa del actual gobierno, “estábamos mejor cuando estábamos peor”, ironizó.

Manuel Vázquez, abogado comunicatorio del estado de Guerrero, aseveró que a los diputados indígenas que han llegado al Congreso poco les interesan las reformas que beneficien a las comunidades originarias, ya que incluso a dos años y dos meses de que ciudadanos indígenas participaron en foros de consulta, no hay respuestas ni reformas consolidadas que les acerquen a considerar que pueden administrar sus recursos de forma autónoma.

Resulta evidente, añadió, que el Estado tiene temor, el cual es infundado, de que las comunidades indígenas manejen sus propios recursos, así como algunas de ellas han podido manejar sus reglas y mecanismos de elección de sus autoridades, lo que implicaría de darse ambas establecer una verdadera democracia comunitaria en México.

“Es necesario aliarse, articularse y reconstruir en México la agenda de los pueblos comunitarios mexicanos”, ya que hasta el monto están dispersos, a pesar de que todas las comunidades reconocen esta necesidad.

En tanto Pável Uliánov Guzmán, del Consejo Supremo Indígena del estado de Michoacán, expresó que el derecho por un presupuesto directo de los pueblos indígenas es legal, legítimo y viable, y no es revolucionario, mismo que puede administrarse a través de los Consejos de Gobierno comunal.

Hizo énfasis en la necedad de adaptar los artículos dos y 115 de la Constitución Política Mexicana para darle certeza al reconocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Este derecho se puede ir ejerciendo poco a poco, explicó, mediante una trasferencia ordenada y paulatina de los recursos para que las comunidades las administren de forma autónoma.

Afirmó que este proceso de defensa por un presupuesto directo no se detendrá, ya que está fundamentado en antecedentes históricos, “podemos vivir y trabajar sin religión, sin partidos políticos y sin gobiernos a los cuales no tenemos que sujetar’”.

Gabriel Méndez, abogado comunitario de Oxchuc, municipio autónomo de Chiapas, afirmó que algunas comunidades originarias ya saben lo que es practicar el poder político autónomo y es tiempo de que tengan la opción de ejercer el poder económico también de forma independiente.

El proceso para un presupuesto se ha judicializado en México y a pesar de lo cual no hay una legislación completa, con el uso de leyes secundarias, que permitan tener condiciones de independencia en el manejo de los recursos para las comunidades, ni siquiera en el artículo 115 constitucional.

“Efectivamente hay miedo cuando se habla de autonomía política y económica ya que creen que buscamos separarnos del estado, es por ello que necesitamos legisladores conocedores del sentido indígena”.

Finalmente, Norma Donjuán, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas denunció que las decisiones en materia presupuestaria con respecto a los pueblos originarios se han tomado de forma vertical y excluyente, con una muy deficiente estrategia de consulta.
Es necesario fortalecer la institucionalidad de los pueblos y comunidades y llevarlos a un nivel de un cuarto orden de gobierno, es decir materializar el ejercicio del derecho indígena.

El conversatorio virtual convocado por la Red Nacional Indígena estuvo coordinado por Pascual de Jesús González, presidente del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas.

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