Auditoría Superior “reprueba” a Tamaulipas

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Por: Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, acaba de recibir una calificación de diez, excelencia, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Honor a quien honor merece. En la tercera entrega de informes de fiscalización (22 de febrero del 2021) al ejercicio 2019, la señora es la mejor calificada de todas las auditorías que se hicieron en Tamaulipas: Eficiencia y trasparencia, cero observaciones y menos posible desvío de recursos.

Le revisaron 373 melones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, de los cuales solo regresó “en tiempo y forma” 42 mil varos, que no alcanzó a ejercer al 31 de marzo del 2020.

Odiada por muchos, sobre todo en la “esquina del poder” en las calles 15 y Juárez, la de Chihuahua es admirada por otros y, quiérase o no, goza de simpatías allá en la fronteriza que la tiene como avecindada.

En cambio, no les fue muy bien a los inquilinos sexenales del Palacio estilo militar. Andan “perdidos” cientos de millones de pesos de apoyos federales, y obras inconclusas.

Así por ejemplo, en el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas, hay “pendientes por aclarar” por más de 86 millones de devaluados, que representan el 15 por ciento de lo auditado. La conclusión es muy sugerente: “El Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos”.

Desvío también en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde “no se presentó evidencia” de entrega de bienes por 11.2 millones de pesos. El pago se hizo pero no se confirmó lo comprado.

Por igual en 12 contratos de la secretaría de Seguridad, los proveedores no presentaron informes de cumplimiento ni garantías, y tampoco hubo convenios con la Defensa Nacional para la compra de armas y municiones.

Donde andan “bailando” mil 449.3 millones de pesos en el Fondo de Participaciones Federales a Entidades, según la auditoría de cumplimiento entregada a la Cámara de Diputados.

Esto en específico motivó a la ASF a emitir a Tamaulipas: Una recomendación, ocho solicitudes de aclaración, tres promociones de responsabilidad y un pliego de observaciones.

Hay que decir que, en esta partida, la entidad cueruda recibió en 2019 la suma de 19 mil 415 millones del gobierno central, de los cuales se revisaron el 83 por ciento.

Los fiscalizadores del Congreso federal encontraron mucha tela de donde cortar en la construcción del Hospital de Matamoros “Alfredo Pumarejo”, cuyo monto de 310 millones se canalizaron a través del Gobierno del Estado, y todo el billete está “pendiente por aclarar”.

El hospital debió entrar en servicio en 2018 pero, hasta el 21 de enero del 2021 –fecha en que cerró el informe de Auditoría-, no había señales de que el nosocomio esté en condiciones de prestar servicio a 325 mil derechohabientes de Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando.

¿Qué fue lo que pasó? Pues que el gobierno local, a través de Obras Públicas, Administración y Salud, otorgaron y pagaron dos contratos por los 310 melones para el equipamiento, sin que haya cumplido el proveedor.

Dicen documentos que las acciones fueron suspendidas y los compromisos quedaron cerrados de manera anticipada, debido a la invasión de una plaga de paloma “ala blanca” (Zenaida asiática) en el lugar de los trabajos, lo cual parece sonar a broma. El hecho es que el nosocomio sigue sin terminar.

Otros informes de auditoría 2018 mencionan que la asignación fue otorgada a la empresa Tracotamsa (Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos), propiedad de Rolando Cantú Barragán, de Reynosa, con mucho capital e influencia política en los últimos gobiernos estatales.

Un antecedente refiere que la empresa fue inhabilitada (prohibición) en abril del 2018 por la secretaría de la Función Pública, para seguir haciendo obra en los tres niveles de gobierno.

El tema del hospital matamorense ocupa las dos últimas páginas del documento de mil 80 cuartillas, emitido el fin de semana por la ASF.

A través de dos ministraciones, 13 de mayo del 2015 (gobierno de Egidio Torre Cantú) y uno de junio del 2017 (gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca), Doña Federación ha transferido 868.6 milloncillos para el proyecto del nuevo Hospital General de Matamoros, que fue uno de los compromisos (firmado en campaña ante notario) por el ex Presidente Peña Nieto.

Si vamos con otra de las auditorías, en esta ocasión a la secretaría de Educación del Estado “le fue bien” porque solo tendrá que devolver tres millones de capital, más 33 mil de rendimientos en intereses, que no fueron utilizados en tiempo y forma.

La Tesorería de la Federación ya recuperó la mitad, 1.5 millones, y falta que Don Mario Gómez Monroy se “caiga” con el resto. Doña Fede no perdona.

Aparte, arrancó la semana con el escándalo del presunto secuestro del luchador social mantense Alejandro “Choko” Jiménez, a manos de elementos policiacos no identificados. Hay seguidores que dicen se trata de policías estatales y otros que de la Fiscalía General de la República.

Grupos de izquierda comenzaron acciones de protesta, como el Frente Amplio Tamaulipeco que dirige Héctor Domínguez Mendoza, y el Partido del Trabajo. Ya se harán las aclaraciones correspondientes porque el jovenazo bien que ha generado problemas allá en la zona cañera.

Un dato. No debe cundir la desesperación, el registro de aspirantes a diputados federales ante el INE, será del 22 al 29 de marzo. Faltan un mes.

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