Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La súper tienda comercial Arteli de Tampico, deberá pagar la indemnización constitucional a un vigilante despedido injustificadamente, ya que mediante la ejecutoria 22/2020 Magistrados federales le negaron el amparo en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), por haber hecho una oferta de trabajo de mala fe.

El Magistrado Jesús Garza Villarreal, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determino que, si en el juicio el patrón controvirtió la jornada de labores afirmada por el actor, y no demostró la veracidad de su dicho respecto del horario de trabajo afirmado en la contestación y en la propuesta laboral, resulta correcto que la Junta calificara dicha propuesta de trabajo como de mala fe; pues aún en el extremo de que el rol de turnos se haya hecho dentro de la jornada legal.

El 31 de octubre del 2019, la Junta Especial Número Uno de la JLCA en Tampico, emitió el Laudo del juicio laboral 606/1/2017 y su acumulado 178/1/2018, condenando al pago de la indemnización constitucional, ante lo cual la Tienda Arteli, recurre al juicio de amparo, argumentando que, al calificar la oferta de trabajo la consideró de mala fe, cuando esa propuesta se planteó respetando las condiciones de trabajo.

El Magistrado Jesús Garza Villarreal, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, además, de que uno de los horarios propuestos por el patrón, precisamente el comprendido de las veintidós a las siete horas del día siguiente, con una hora para descansar o tomar sus alimentos, al tratare de una jornada nocturna, de acuerdo a los artículos 60 y 614 de la Ley Federal del Trabajo, debe ser de siete horas, sin embargo, se propone con nueve horas, una de ellas para reposar o ingerir alimentos, restando ocho laborables.

Ello, riñe con lo dispuesto en dichos preceptos, por exceder de las siete horas permitidas para una jornada nocturna, lo que también origina la mala fe de la oferta de empleo, destacando que el legislador estableció prerrogativas mínimas que por su naturaleza no pueden ser renunciadas, lo que se conoce como el principio de irrenunciabilidad de derechos, ante lo cual propuso negar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial.

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