Megainvestigación de corrupción en Costa Rica, implica a constructoras

San José, Costa Rica.- Una megainvestigación de corrupción en Costa Rica, que implica desde un asesor presidencial hasta ejecutivos de firmas constructoras, coloca al país en la lista de naciones latinoamericanas envueltas en pago de sobornos a cambio de obras públicas.

Los implicados habrían participado en un sistema criminal que causó, según las autoridades, pérdidas en el presupuesto por 78 mil millones de colones (unos 125 millones de dólares), entre 2018 y 2020.

Costa Rica vio cómo en 2016 varios de sus vecinos caían en las redes del caso Lava Jato, que remeció América Latina por el pago de más de 700 millones de dólares de la brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos a cambio de obras.

Cinco años después, esta nación centroamericana tiene su propio escándalo.

Hasta “favores sexuales”
Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, “empresarios públicos recibieron favores y sobornos constantes, que respondían a una articulación planificada”.

Entre las dádivas se cuenta “dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y lo que puedan imaginarse para que alguna empresa pudiese verse beneficiada”, dice Espinoza, sin entrar en detalles.

“Este es el enlace típico de corrupción que se ha manifestado en otros países: grupos de empresarios o empresas privadas con intereses muy fuertes, y posibilidades amplias de actuación que se acercan a funcionarios para ofrecerles dádivas”, expresó.

Más allá de las pesquisas fiscales y judiciales, el presidente Carlos Alvarado ha pedido a la Asamblea Legislativa que abra una comisión investigadora del caso.

Los investigados
El OIJ, junto al Ministerio Público, realizó 57 allanamientos: 14 de ellos a sedes de instituciones estatales, incluida Casa Presidencial, 18 a oficinas de empresas privadas y 21 a domicilios privados.

Se ha capturado a 30 personas, 13 de ellas integrantes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), institución que se encarga de generar los concursos para las licitaciones y realizar las adjudicaciones de los proyectos.

El Conavi anunció una auditoría interna.
Entre los investigados está un asesor del presidente, Camilo Saldarriaga, quien renunció el lunes tras el escándalo. También, Allan Ugalde, el gerente de la Contraloría General de la República, encargado de resolver apelaciones a las licitaciones públicas.

Ejecutivos implicados
“Donde hay un corrupto, hay un corruptor”, dijo el presidente Alvarado, al condenar los hechos denunciados.

Entre los sospechosos de ofrecer las dádivas fueron arrestados altos mandos de firmas constructoras de Costa Rica, entre ellas H. Solís y MECO, que concentran un alto porcentaje de los proyectos de obra pública por sumas acumuladas que ascienden a 900 millones de dólares.

El detenido propietario de MECO, Carlos Cerdas, estuvo implicado en Panamá en el caso Blue Apple, donde en 2017 se denunciaron pagos de hasta 10 % del valor de las obras para ganar contratos.

Según Espinoza, del OIJ, organismo costarricense que depende de la Fiscalía, la investigación arrancó en 2019, luego de recibir “informaciones confidenciales presentadas por particulares” que permitían a las empresas “obtener beneficios en contratos de obra pública, construcción de carreteras y conservación vial”.

Abordaron la investigación como una situación de crimen organizado, lo que les permitió intervenir llamadas telefónicas de los implicados para obtener evidencia.

Según explicó Wendy Sequeira, auditora del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, entidad que vela por la protección de la infraestructura civil y su inversión, los contratos obtenidos irregularmente ya expiraron y más bien se les extendió el período, a pesar de mostrar debilidades en los resultados.

Sequeira detalla que muchas obras no cumplen con la calidad requerida, lo que obliga al Estado a hacer nuevas inversiones, o bien, que se extienden más tiempo de lo previsto. Todo esto propicia el sobrecosto, considera.

Pese a ello, el exministro Segnini considera que las obras asignadas a las empresas cuestionadas no pueden detenerse ni volver a licitarse, porque impactaría aún más el desarrollo del país.

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