La Contraloría federal advierte que la reconstrucción de Puerto Rico no avanza con la rapidez necesaria

San Juan, Puerto Rico, América.- La Oficina de Contraloría General (GAO) -brazo independiente del Congreso-, advirtió hoy ante un subcomité de la Cámara de Representantes federal que la reconstrucción de Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el huracán María “no avanza tan rápida como debería ocurrir”.

“La mayoría de los dólares federales gastados hasta ahora son para respuesta temprana y reparaciones de emergencia, no para hacer reparaciones y reconstruir la infraestructura clave como escuelas, edificios de hospitales, entre otras cosas, que tienen un largo camino por recorrer”, indicó el director del equipo de auditoría de Seguridad Interna y Justicia de la GAO, Christopher Currie.

El funcionario de la GAO fue la voz independiente entre los panelistas convocados por la subcomisión de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación e Infraestructura, para discutir el estado de la recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses cinco años después del huracán María.

Según el gobierno federal, hasta esta semana se habían asignado $68,218 millones al proceso de recuperación de Puerto Rico, de los cuales se han comprometido $63,176 millones, pero desembolsado un tercio de los fondos, $20,660 millones.

Esos datos – que abarcan tanto los $32,000 millones asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como los $20,223 millones otorgados por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) -, no incluyen los $4,800 millones asignados como fondos de emergencia para Medicaid y $1,270 millones de asistencia alimentaria, que ya fueron utilizados.

Anne Bink, administradora adjunta para Respuesta y Recuperación, reafirmó a nombre de FEMA que ya superaron los 10,000 proyectos de asistencia pública que tienen un financiamiento asignado, con una inversión de cerca de $28,000 millones.

“A pesar de esta obligación histórica de fondos, queda mucho trabajo por hacer para reconstruir la infraestructura de estas islas”, reconoció Bink, quien indicó que de acuerdo a datos del gobierno de Puerto Rico, en la Isla se han puesto en marcha 2,260 proyectos de reconstrucción y otros 945 ya fueron completados.

Currie, no obstante, subrayó que cuando se habla de dinero comprometido para proyectos, es un acuerdo para invertir dinero en el futuro, no se trata de construcciones o iniciativas que estén en marcha en Puerto Rico.

Según la GAO, el proceso de reconstrucción de Puerto Rico padece de limitado conocimiento y “capaciddad institucional” para administrar programas de recuperación de desastres, “dificultades entre FEMA y los solicitantes de subvenciones para llegar a un acuerdo sobre los alcances del trabajo para proyectos; aumentos en los costos del proyecto debido a la inflación; y dificultades para obtener “bienes y servicios para la construcción de proyectos”.

A preguntas del congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois), Currie consideró que FEMA no ha integrado de forma suficiente a los procesos de reconstrucción iniciativas de mitigación y el impacto en las comunidades pobres.

La comisionada residente en Washington, Jennnifer González, quien dijo haber reclamado la participación de responsables del sistema energético de Puerto Rico, presionó a Bink para conocer cuánto dinero LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han reclamado de los $9,500 millones aprobados en septiembre de 2020 para la reconstrucción de la red eléctrica.

Bink dijo que se han aprobado 40 proyectos, pero no pudo precisar la cantidad de dinero reclamada para esas iniciativas. Pero, sostuvo que de los $13,200 millones para reparar y reconstruir “utilidades públicas”, principalmente la red eléctrica, los desembolsos son solo $40 millones.

Aunque el último proyecto se debe terminar en unos ocho años, el director de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), Manuel Laboy, sostuvo que de cerca de 300 proyectos que se presentarán para re hacer la red eléctrica, al cerrar 2022 esperan haber conseguido la aprobación de FEMA para un centenar.

“Mis constituyentes están frustrados con la falta de progreso y el símbolo más significativo es la continua inestabilidad de la red eléctrica”, advirtió González, quien es parte del Comité de Transportación e Infraestructura y fue una de cinco integrantes de la comisión que hizo preguntas en la audiencia pública.

A la vicepresidenta senior de LUMA Energy, Shay Bahramirad, González le inquirió, sin lograr una respuesta precisa, cuánto tiempo le tomará a esa empresa ofrecer un servicio de electricidad confiable. con los estándar modernos y que deje atrás las continuas interrupciones de los últimos meses.

“El pueblo se merece saber cuándo contaremos con un sistema eléctrico eficiente y normalizado”, sostuvo González, quien no llegó a hacer preguntas ni a Laboy ni al otro representante del gobierno de Puerto Rico, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón.

En momentos en que se aproxima a la Isla la tormenta Fiona, González tampoco logró una respuesta clara de la representante de LUMA Energy sobre el tiempo que le tomará a empresas de electricidad con las que tienen acuerdos de apoyo, estar en la Isla en caso de ser necesario luego del paso de un fenómeno atmosférico.

Bahramirad indicó que LUMA Energy – que tiene ahora 3,428 empleados, pero de esos unos 1,300 tienen tareas de campo-, ha establecido acuerdos de mutua cooperación en caso de emergencias con la asociación de empresas caribeñas Caribbean Electric Utility Services Corporation, la organización estadounidense de empresas de energía sin fines de lucro American Public Power Association y la entidad estadounidense de empresas privadas de electricidad Edison Electric Institute.

Según la funcionaria de LUMA, han estado en contacto con esas empresas debido al inminente paso por la Isla de la tormenta Fiona.

En su testimonio, Bahramirad insistió en que “ha mejorado (el servicio) desde que tomamos control”, pese a las malas condiciones en que lo heredaron. Destacó que LUMA ha reducido la frecuencia en las interrupciones del servicio, aunque no mencionó que ha incrementado la duración de los apagones.

“Nuestro objetivo es garantizar, a través de la asociación con LUMA, que estamos construyendo un sistema eléctrico que pueda resistir adecuadamente cualquier tormenta futura”, indicó, por su parte, Colón.

Laboy advirtió de las complicaciones que han representado para el proceso de reconstrucción la falta de efectivo para gobiernos y dependencias locales, así como el proceso de quiebra del gobierno central que impidió ir al mercado en busca de financiamiento.

Ese fue un planteamiento que también destacó la presidenta de la subcomisión, la congresista demócrata Dina Titus (Nevada).

“Cuando el Irma y María azotaron, Puerto Rico y las Islas Vírgenes no tenían los fondos necesarios disponibles para respaldar la recuperación de un desastre mayor. El modelo de recuperación de FEMA se centra en el reembolso. Es casi imposible impulsar una recuperación rápida y eficiente sin acceso a capital dentro del modelo existente. La escala de la destrucción junto con las restricciones de liquidez crearon un desafío sin precedentes para las islas y FEMA”, sostuvo Titus.

La legisladora federal expresó además la preocupación que puede haber causado, en tiempos de inflación, el haberse optado por el procedimiento alternativo de la sección 428 de la ley Stafford, que permite reconstruir mejor y con más resiliencia, pero obliga a desarrollar un estimado fijo del costo de cada proyecto.

“Si el costo real de cualquier proyecto excede la estimación de costos fijos, el solicitante es responsable de los sobrecostos. Es fundamental que las estimaciones sean correctas y que la construcción pueda comenzar rápidamente una vez que se comprometan los fondos del proyecto. Sin embargo, los desafíos planteados por las continuas restricciones de liquidez en los territorios, la pandemia mundial y la inflación han creado muchas preocupaciones de que tal vez no sea posible completar los proyectos a su costo estimado”, sostuvo Titus.

Como el líder de la minoría republicana en la subcomisión, Daniel Webster (Florida), Titus expresó también preocupación sobre la falta de mano de obra para desarrollar los proyectos en ambos territorios.

Webster, por su parte, consideró que FEMA suele imponer demasiada burocracia para los procesos de reconstrucción.

“Un proceso de recuperación complicado no solo perjudica a las comunidades afectadas por el desastre, sino que también aumenta los costos para el contribuyente, especialmente dado el impacto que las altas tasas de inflación están teniendo en los costos de materiales y mano de obra”, afirmó.

Aunque la congresista Titus reconoció la presencia, en parte de la audiencia, del gobernador Pedro Pierluisi, el primer ejecutivo solo habló brevemente, pues la representación del Ejecutivo de la isla estuvo en manos de Laboy.

El director de COR 3 insistió en que ha habido progresos a partir de 2021, a pesar de que es la primera vez que se implementa la estrategia FASSt (FEMA Accelerated Awards Strategy), que permite calcular el dinero requerido a partir de un muestreo de los daños.

“Por ejemplo, de 2017 a 2020, COR3 desembolsó $3.9 millones en asistencia pública de FEMA para trabajos de emergencia y solo $153.3 millones para trabajo permanente. Pero, desde 2021 hasta el presente, COR3 ha desembolsado $386.8 millones adicionales para trabajos de emergencia y otros $543.4 millones para trabajo permanente”, indicó.

Laboy destaco sobre todo los avances conseguidos a partir del verano en los proyectos municipales por medio del programa Working Capital Advance (WCA), mediante el que se adelanta el 25% de los fondos obligados. Con respecto a FAASt, Laboy afirmó que por ser un programa nuevo, hubo retrasos en descrifrar “como se implementa”.
(Puerto Rico es un territorio en América, dependiente de Estados Unidos)

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