Exigen derogar la ley que socava la libertad de expresión y de prensa en Túnez

Túnez, Túnez, África.- Las organizaciones de derechos humanos han condenado una nueva ley de comunicación e información en Túnez e instan al presidente de la República a retirarla con efecto inmediato para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.

Las asociaciones y organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresan su profunda alarma por el Decreto-ley No. 54 de 2022 emitido el 13 de septiembre de 2022, que busca combatir los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación. Las disposiciones de la ley contravienen flagrantemente los artículos 37, 38 y 55 de la Constitución de Túnez y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Túnez ha ratificado.

Los firmantes deploramos esta ley emitida por la Presidencia de la República en este momento delicado para el entorno político del país. El decreto ley atenta contra la esencia de la libertad de expresión y de prensa de cara a las elecciones legislativas previstas para el 17 de diciembre de 2022, y llamamos al Presidente de la República a retirarlo.

También alertamos sobre el peligro que representa el decreto ley para los derechos y libertades digitales, ya que el decreto ley contiene restricciones sin precedentes, cuya aplicación daría lugar a la intimidación de periodistas y otros comunicadores que expresan sus opiniones, especialmente con referencia a agentes estatales y funcionarios políticos.

El proceso de adopción de este texto legal se caracterizó por una gran ofuscación y ambigüedad. El proyecto de ley sobre la lucha contra los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación se filtró por primera vez en agosto de 2015 en el sitio web Nawaat sin ningún reconocimiento oficial. En mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sin ninguna participación de las organizaciones de la sociedad civil. El apagón continuó, 4 años después, hasta que se emitió el decreto-ley el 13 de septiembre de 2022, casi tres meses después de la fecha de su deliberación en Consejo de Ministros el 27 de junio de 2022.
La ambigüedad de los hechos delictivos y la abundancia de expresiones vagas

El artículo 24 del decreto ley establece que “quien deliberadamente utilice las redes y sistemas de información y comunicación para producir, promover, publicar, transmitir o elaborar noticias, manifestaciones, rumores o documentos falsos, artificiosos, falsamente atribuidos a otros, con el fin de atentar contra los derechos de terceros, atentar contra la seguridad pública o la defensa nacional, o sembrar el terror entre la población, será sancionado con prisión de cinco años y multa de 50.000 dinares (15.000 dólares).

«Se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo primero a quien deliberadamente utilice los sistemas de información para difundir noticias fabricadas, documentos que contengan datos de carácter personal o atribución de hechos falsos con el objeto de difamar, desprestigiar o perjudicar material o moralmente a otros, o incitar a agredirlos o incitar al discurso del odio.

«Las penas prescritas se duplicarán si la persona a la que se dirige es un funcionario o cuasi funcionario público.»

Este artículo contradice los estándares internacionales relativos al derecho a la libertad de expresión, ya que, si bien es legítimo restringir derechos y libertades para proteger intereses legítimos como la dignidad de las personas o la seguridad nacional, esto no puede garantizarse mediante términos demasiado vagos e inexactos y mediante la tipificación como delito de actos vagos e imprecisos que pueden ser objeto de interpretación amplia por parte de jueces o agentes de seguridad, incumpliendo así los criterios de claridad y previsibilidad jurídica. También podría dar lugar al enjuiciamiento de periodistas, blogueros, activistas de la sociedad civil, políticos y otros comunicadores.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó en su Observación general No. 34 de 2011 que ‘una norma, para ser caracterizada como “ley”, debe estar formulada con suficiente precisión para permitir que un individuo regule su conducta en consecuencia y debe hacerse accesible al público. Una ley no puede conferir discrecionalidad ilimitada para la restricción de la libertad de expresión a los encargados de su ejecución. Las leyes deben brindar suficiente orientación a los encargados de su ejecución para permitirles determinar qué tipos de expresión están debidamente restringidos y cuáles no”.

Además, este artículo es contrario a los principios constitucionales de necesidad y proporcionalidad estipulados en el artículo 55 de la Constitución tunecina y que deben ser respetados al restringir derechos y libertades, ya que consagra sanciones desproporcionadas a los hechos delictivos además de la inexactitud de la utilizada.

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