Una ola de disoluciones de consejos municipales en Mali, plantea interrogantes
Bamako, Mali, África.- Los municipios de Kéniéba y Sitakily en la región de Kayes, así como los de Moribabougou y Nouga en la región de Koulikoro acaban de ser puestos bajo supervisión administrativa. Estas decisiones se añaden a una larga lista de municipios disueltos en los últimos meses, en particular en el distrito de Bamako.
Las autoridades justifican estas medidas por “mal funcionamiento y violaciones de la ley”. Sin embargo, la opacidad que rodea estas decisiones y la falta de detalles sobre los hechos denunciados contra los funcionarios electos locales alimentan las sospechas. Muchos observadores creen que las razones aducidas no son más que pretextos para destituir a los funcionarios electos considerados demasiado independientes.
Estas repetidas disoluciones son parte de un contexto de centralización del poder y cuestionamiento de la democracia local. El establecimiento de delegaciones especiales, nombradas por el Estado, debilita considerablemente a las autoridades locales y reduce el espacio democrático.
Estas decisiones tienen consecuencias directas en la vida de las poblaciones:
Desaceleración de los proyectos de desarrollo local: las delegaciones especiales, a menudo menos receptivas que los consejos electos, pueden obstaculizar la implementación de proyectos.
Pérdida de confianza ciudadana: La desconfianza en las instituciones puede aumentar, debilitando los vínculos sociales.
Ataque a la democracia local: La multiplicación de las disoluciones pone en duda el principio de elección de los representantes locales.
La sociedad civil maliense está preocupada por esta situación y pide más transparencia y respeto a los principios democráticos. Organizaciones de derechos humanos denuncian prácticas arbitrarias y piden la apertura de investigaciones independientes.
Las disoluciones masivas de consejos municipales en Mali plantean muchas preguntas sobre el futuro de la descentralización y la democracia local. Es urgente restablecer la confianza entre los ciudadanos y sus representantes electos y garantizar el respeto de los principios del Estado de derecho.
