Obligan al presidente del Tribunal Burocrático de Tamaulipas a emplazar a juicio a dependencia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, obligo a Oscar Godoy, Espinosa, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), a emplazar a juicio a una dependencia publica cuyo nombre se oculto (violando la Ley Federal de Transparencia), ello en cumplimiento a la sentencia 2001/2023, por violarse la garantía constitucional de justicia rápida.
La Juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Victoria, determino que, el Presidente del Tcatsem, remitió copia certificada del proveído dictado el 7 de junio de 2023, por el cual radicó la demanda presentada y ordeno el emplazamiento a la parte demandada, en el expediente de origen, sin que a la fecha de la sentencia obre en autos constancia alguna con la que se acredite el emplazamiento respectivo; lo cual, evidentemente vulnera el artículo 17 constitucional.
La sentencia emitida el 19 de enero del 2024 en el juicio laboral 109/E/2023, otorgo el amparo para que el presidente del Tcatsem, dicte las medidas necesarias a fin de lograr el emplazamiento ordenado en proveído dentro del juicio laboral y el actuario, deberá atender la diligencia de notificación ordenada, cumpliendo el procedimiento establecido en la legislación laboral.
El derecho está encaminado a asegurar las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de se trate de órganos judiciales, o bien, sólo jurisdiccionales.
En efecto, el artículo 17 de Constitución Federal, reconoce el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, respecto de la cual, debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, además dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; destacando que la sentencia ya fue dada por cumplida.
