CNDG dirige recomendación al gobierno de Nuevo León por violaciones a derechos humanos en Cereso de Apodaca
Magdalena Contreras, Ciudad de México, América.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 232/2022 al gobernador constitucional del Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, por la violación al derecho al trato digno e integridad personal por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad, así como al derecho a la reinserción social, seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca (CERESO 1 Norte Apodaca), Nuevo León.
La CNDH pudo comprobar que en dicho CERESO se configuraron diversas omisiones cometidas por las autoridades responsables al no haber atendido factores e irregularidades preexistentes en ese establecimiento penitenciario que inciden negativamente en la vida diaria de las personas privadas de la libertad y que se traducen en una vulneración al trato digno al menoscabar los derechos que les han sido reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Tales problemáticas desencadenan incidentes como los acontecidos los días 7 y 8 de enero de 2022, y si se suma la omisión en el deber de cuidado y de custodia previo, durante y posterior al suceso, tales derechos se ven mayormente mermados.
Cabe mencionar que persiste dicha vulneración al trato digno traducido en malos tratos a la población del CERESO 1 Norte Apodaca, lo cual se confirmó con la visita que realizó personal de este Organismo Nacional el 19 de septiembre de 2022, en la cual se advirtió que continúan condiciones de sobrepoblación y hacinamiento; persiste la falta de actividades, derivada de la insuficiencia de personal de Seguridad y Custodia, así como de atención médica originada por el poco personal médico.
Si bien, resulta evidente que en los sucesos del 7 y 8 de enero de 2022 personas privadas de la libertad ocasionaron disturbios en forma violenta al interior del CERESO 1, manteniendo el control del lugar y superando en número al personal de Seguridad y Custodia, también queda claro que las autoridades hicieron un uso excesivo e indebido de la fuerza que derivó en actos de tortura en agravio de 12 personas privadas de la libertad. Esto se acreditó mediante un video en el que se aprecia la voluntad de la persona servidora pública de Seguridad y Custodia de causarles daño, ya que en ese momento el personal de seguridad tenía control sobre ellas, y las víctimas manifestaban una conducta de “rendición”. No obstante, la persona agresora les infligió deliberadamente golpes contusos en la zona abdominal y otros en la cabeza. Por tanto, se puede deducir que lo hizo como un medio amenazante e incluso represivo para que no volvieran a cometer tales conductas, buscando castigar a quienes participaron en el incidente.
Ante tal panorama, esta Comisión Nacional insta al Gobierno del estado de Nuevo León, a efecto de que realice las acciones tendentes para no seguir violentando los derechos humanos a la reinserción social, a la protección a la salud, trabajo y capacitación, a la educación, al deporte y a la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en el CERESO 1 Norte en Apodaca. Para ello solicita al gobernador de Nuevo León que se identifique a las personas víctimas de tortura y que se adopten las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado, proporcionándoles apoyo médico y psicológico.
Asimismo, que se proporcione seguimiento médico a aquellas víctimas privadas de la libertad que sufrieron lesiones en los hechos suscitados los días 7 y 8 de enero de 2022, debiendo asegurar que su estado de salud se restablezca. De igual forma, colaborar con la Unidad General de Inspección y de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, en seguimiento de la denuncia administrativa presentada contra las personas servidoras públicas involucradas en los hechos, así como colaborar con la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Homicidios, Mesa Uno, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en la integración de la Carpeta de Investigación respectiva.
La CNDH solicita, además, que se establezcan y ejecuten acciones para que el personal médico del CERESO 1 Norte en Apodaca sea suficiente, procurando que el servicio esté disponible todos los días de la semana, y que se le dote de la infraestructura, mobiliario médico, abasto de insumos y medicamentos necesarios, para lo cual efectuará convenios con instituciones médicas de todos los niveles, a efecto de que se brinde atención médica especializada y diligente. Que lleve acciones tendentes a combatir la sobrepoblación y hacinamiento, ya sea creando nuevos espacios o generando mecanismos óptimos para la despresurización de la población, debiendo contar con una escala de medición para la atención de la sobrepoblación.
De igual forma, esta Comisión Nacional solicita que se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guardan la seguridad y la gobernabilidad en el CERESO 1. Que se instrumente y aplique un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de manera integral que erradique la presencia de autogobierno y/o cogobierno y de actividades ilícitas. Que realice las gestiones necesarias para que el personal de Seguridad y Custodia sea suficiente, con el objetivo de que realice de forma eficiente las labores encomendadas y asegurándose de que cumpla con el perfil idóneo para prestar su servicio en el Sistema Penitenciario. Que se elabore un Protocolo y/o Manual para prevenir y atender incidentes violentos (riñas y motines) que deberá incluir la descripción de los medios para facilitar información a los familiares respecto de la integridad psicofísica de las personas privadas de la libertad, además de las directrices que se deben seguir para evitar violentar derechos humanos.
Finalmente, la CNDH solicita a la autoridad recomendada allegarse de herramientas y medios eficaces que permitan, ante incidentes violentos, la identificación de circunstancias y de las personas servidoras públicas que participen en los hechos, a fin de que constituyan un medio óptimo de prueba para que las víctimas accedan a su derecho a la justicia y a la verdad, si hubieran sido violados sus derechos humanos. Que se capacite al personal de Seguridad y Custodia en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y de atención y contención de incidentes violentos, a fin de evitar la repetición de conductas violatorias de derechos humanos. Implementar un programa de actividades suficiente orientado a lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad. Suministrar agua potable de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como alimentos en cantidad y calidad suficientes. Y, por último, llevar a cabo programas de servicios para lograr la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad en el CERESO 1, con el objetivo de que se garanticen las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de sus derechos humanos.
La Recomendación 232/2022 ya fue notificada a su destinatario y puede consultarse en la página web cndh.org.mx
