El Tribunal Supremo del Territorio Británico del Océano Índico, dictamina que existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita

Sede de la Gubernatura del Reino Unido, en Camp Thunder Cove, Territorio Británico del Océano Índico.
James Lewis Kc

Camp Thunder Cove, Territorio Británico del Océano Índico, Asia.- El Magistrado James Lewis Kc. presidente del Tribunal Supremo del Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés) ha dictaminado hoy que existe un derecho consuetudinario a la asistencia jurídica en Diego García y que ciertas disposiciones de la Ley de Asistencia Jurídica, Sentencia y Castigo de Delincuentes de 2012 se aplican en el Territorio.

Los Demandantes forman parte de un grupo de 89 solicitantes de asilo de Sri Lanka, incluidos niños, que huyeron de la India en barco en septiembre de 2021. En octubre de 2021, fueron rescatados por dos barcos de la Royal Navy británica cuando su barco quedó en peligro en el Océano Índico. La Marina los llevó a un recinto seguro en las cercanías de Diego García (un territorio británico de ultramar), donde han permanecido desde entonces. Solicitaron asilo y, luego de un retraso de más de un año y un período en huelga de hambre, el Comisionado de BIOT finalmente emitió decisiones de que devolver a los Demandantes a Sri Lanka no violaría el principio de no devolución según el derecho internacional.

Escudo del Territorio Británico del Océano Índico

Los Demandantes son pobres, no tienen recursos y no hablan inglés. Cuando finalmente se les concedió acceso a los teléfonos móviles, sus familiares se pusieron en contacto con Duncan Lewis y Leigh Day, a quienes ordenaron que impugnaran las decisiones de no devolución mediante revisión judicial. Con ese fin, sus abogados presentaron solicitudes de asistencia jurídica gratuita en su nombre, pero el Comisionado de BIOT se negó a determinarlos, alegando que no había derecho a asistencia jurídica gratuita en BIOT. La Corte Suprema de BIOT sostuvo hoy que existe un derecho a la asistencia legal en BIOT sobre la base de que (a) LASPO se aplica en virtud de una Ordenanza de BIOT que aplica la ley inglesa «aplicable y adecuada» a los territorios, y (b) como una cuestión de derecho común.

La Corte Suprema enfatizó que “no puede haber ningún concepto de “justicia menor” en BIOT”; que “la necesidad de un sistema de asistencia legal para aquellos que de otro modo no podrían acceder a la justicia es la misma [que en Inglaterra]” que “no debe olvidarse en este caso que el estado puede tratar de usar el poder coercitivo contra individuos en devolverlos por la fuerza” y “el estado de derecho no puede ser dejado de lado debido a dificultades o inconvenientes administrativos”.

Chris Buttler KC, Zoe McCallum y Roisin Swords Kieley actuaron para el Primer y Segundo Demandante, bajo la dirección de Duncan Lewis. Ben Jaffey KC y Natasha Simonsen actuaron en nombre de los Demandantes tercero a décimo, instruidos por Leigh Day.

(Territorio Británico del Océano Índico, es un país en Asia, dependiente del Reino Unido)

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