En Chiapas, pobladores de Chenalhó, denuncian amenazas de grupos criminales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, América.- Pobladores de la comunidad de Tzajalch’en, municipio de Chenalhó, realizaron este sábado una jornada de oración ecuménica porque “existe un peligro latente, ya que las autoridades están siendo amenazadas de muerte por vía telefónica y verbal”.
Luego de informar lo anterior, las autoridades de la comunidad agregaron que “en estos días tememos un ataque armado o probable masacre por los grupos criminales que operan en esta región, como sucedió” el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, donde fueron asesinados 45 tsotsiles.
“Hoy 14 de junio de 2025 nos encontramos reunidos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas de esta comunidad de Tzajalch’en para celebrar una jornada de oración ecuménica para pedir a nuestro Dios Creador del cielo y la Tierra que nos ilumine y nos acompañe en estos momentos de riesgos de vida”, señalaron.
Ratificaron su “compromiso de trabajar en la búsqueda de la paz con justicia, como hemos venido caminando durante muchos años en contra de la violencia y la injusticia que hacen los gobiernos. Nuestra comunidad se convirtió en campamento civil por la paz desde el levantamiento armado de 1994”.
Manifestaron que “este espacio lo dejaremos de herencia a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros, para que no tomen el camino de la maldad, pero lamentablemente las autoridades estatales han violentado nuestro territorio como que si no conocieran las leyes que marcan el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la libre determinación”.
Abundaron: “Es triste y lamentable lo que ocurrió el pasado 9 de junio con la presencia de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, junto con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, cometiendo abuso de poder hacia las autoridades rurales y la población en general de Tzajalch’en”.
Sostuvieron que la fiscalía “y los pakales”, dijeron que “vinieron a investigar los hechos ocurridos el 8 de junio sobre los disparos de arma de fuego que se registraron a escasos metros de nuestra comunidad que evidentemente fue un ataque directo a donde se encontraban reunidos las autoridades en una de las aulas de la escuela primaria y hacia el patio de la iglesia donde se encontraban reunidos los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas”.
Aseguraron que “en vez de investigar y localizar a los presuntos responsables de dicho ataque, hicieron una simulación cuando nos dijeron que los acompañáramos para supuestamente investigar los hechos, pero estando en el camino personal de la fiscalía y los pakales nos amenazaron y nos agredieron físicamente, culpándonos de secuestradores que nos dijeron textualmente, ‘la justicia va para todos’”.
Afirmaron que “cuando nosotros confiamos que era para dar justicia conforme a su famoso discurso de ‘Cero impunidad’, en realidad es una total mentira. Días antes del ataque armado a nuestra comunidad, descubrimos a una señora que estaba vendiendo droga y otras sustancias ilícitas en nuestra comunidad, pero su hermano que recién había regresado de trabajar en una ciudad, le contó a la fiscalía que a la señora la tenían secuestrada las autoridades comunitarias desde hace cuatro días y que era inocente. El fiscal del estado nos dijo que esta señora era una víctima de ‘secuestro’, cuando en realidad está plenamente identificada y confesó que se dedica a vender drogas a la gente adulta y a niños”.
Sin embargo, expresaron las autoridades, “el fiscal dejó libre a esta mujer y la reconoció como una víctima, haciendo una declaración pública de que la habían rescatado.
Lo que hicieron, continuaron, “fue para lavarse las manos y engañar a la sociedad chiapaneca de que están haciendo su trabajo; además de liberar a esta mujer, dejaron libres a los responsables del ataque armado que sufrimos el día 8 de junio”.
Concluyeron: “Denunciamos a la fiscalía y a los pakales porque su presencia en nuestra comunidad, sólo es para fomentar la venta y el consumo de drogas, la posesión de armas, generar violencia, desestabilizar la unidad y armonía en nuestro campamento civil por la paz, además, de criminalizar nuestros usos y costumbres, vinieron a robarnos, sustrayendo cinco celulares y dos radios portátiles del agente rural municipal y entrar a intimidar en una farmacia particular sin autorización”.
