Buscan acabar con discriminación a usuarios de perros guía en Chipre
Nicosia, Chipre, Asia.- Dos proyectos de ley sobre el derecho de acceso para personas con perros guía y las modificaciones a la normativa del seguro de automóvil que afectan a los conductores mayores se presentarán al pleno de la Cámara el 5 y el 12 de febrero, respectivamente, tras la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
La presidenta de la comisión, Irene Charalambides, declaró que ambas propuestas se debatieron artículo por artículo el viernes y que los miembros de la comisión habían indicado que votarían a favor de ambos proyectos de ley durante las próximas sesiones plenarias. Describió ambas iniciativas como especialmente importantes.
La primera propuesta, presentada por el diputado Christos Senekis, establece el derecho de acceso de las personas acompañadas por perros guía o de asistencia a los edificios y al transporte público.
El segundo proyecto de ley, presentado por la diputada Alexandra Attalidou, se refiere a una enmienda a la ley sobre seguros de automóviles a terceros. Charalambides afirmó que la propuesta busca abordar un «gran problema» al que se enfrentan muchos ciudadanos que están legalmente obligados a tener un seguro a terceros pero que, debido a su edad, se enfrentan a restricciones y fuertes aumentos en las primas.
«Era hora de establecer un marco específico para evitar abusos en ningún nivel ni por parte de nadie en su contra», declaró.
Charalambides añadió: «Personalmente, apoyaré y votaré a favor de ambas propuestas y espero que la Cámara las apruebe por unanimidad».
También indicó que la comisión iniciará el debate sobre un proyecto de ley independiente, presentado por la diputada Charalambos Theopemptou, que busca establecer un marco más amplio con disposiciones específicas sobre los perros de asistencia. En respuesta a preguntas, aclaró que las dos propuestas sobre perros guía no son contradictorias, señalando que el proyecto de ley de Senekis permite el enjuiciamiento en casos de denegación de acceso, mientras que la propuesta de Theopemptou define las responsabilidades del Estado respecto a los perros de asistencia. Al hablar de su propia propuesta, Attalidou afirmó que había sido un proceso largo y arduo, señalando que la presentó hace tres años. Agradeció la contribución del Colegio de Abogados de Chipre.
Afirmó que el proyecto de ley pone fin a la clara discriminación contra los conductores únicamente por edad, y añadió que los debates habían demostrado claramente que la edad por sí sola no constituye un riesgo. «No son opiniones; son cifras presentadas», declaró. «Nadie puede invocar la edad como único motivo para denegar o renovar un seguro, ni para aumentar las primas».
Añadió que cuando una persona posee un permiso de conducir válido, expedido tras una evaluación médica, no se pueden imponer medidas adicionales que restrinjan su derecho a la movilidad en un estado que no ofrece el apoyo adecuado a las personas mayores ni transporte público suficiente. «Se acabó la era de las denegaciones arbitrarias. No habrá discriminación sin justificación», afirmó.
Attalidou afirmó que el 12 de febrero la sociedad debería ver un parlamento que diga unánimemente: «No los hemos olvidado, no los estamos marginando, los apoyamos y defendemos el derecho humano a la seguridad».
Apoyo de las organizaciones de pensionistas
La Organización de Pensionistas de Chipre (EKYSY) manifestó en un comunicado su apoyo a la legislación propuesta y exigió la abolición inmediata de las prácticas que violan el principio de igualdad de trato y las disposiciones constitucionales.
La organización instó a todos los partidos políticos a apoyar a los pensionistas asegurados en lugar de a las compañías de seguros, reiterando las quejas de que las aseguradoras imponen primas más altas a los pensionistas únicamente en función de la edad y no del comportamiento al volante. Señaló que el problema afecta a unos 74.000 conductores mayores de 70 años.
El Observatorio para la Tercera Edad, en una carta abierta al presidente de la Cámara y a los líderes de los partidos, afirmó que cuando las personas mayores de 70 años son penalizadas colectivamente mediante cargos excesivos o la denegación de cobertura sin una evaluación individual ni una justificación transparente, «esto no es un mercado libre, sino una flagrante violación de los derechos humanos y la exclusión social».
“Es inconcebible, en un Estado de derecho, que un ciudadano considerado apto para conducir por el Estado y con permiso de conducir válido sea efectivamente ‘cancelado’ por empresas privadas con ánimo de lucro”, decía la carta. “¿Desde cuándo la decisión de una aseguradora privada prevalece sobre la certificación estatal?”
El observatorio afirmó que el proyecto de ley sobre conductores de edad avanzada debe incluir tres disposiciones clave: que las aseguradoras estén obligadas a proporcionar cobertura a terceros a cualquier ciudadano con permiso de conducir válido y no puedan impugnar la capacidad para conducir; que las primas no puedan aumentarse únicamente en función de la edad y que cualquier aumento debe justificarse por escrito con un razonamiento claro e independiente de la edad; y que se impongan sanciones disuasorias a las aseguradoras que… Alcanzar la ley.
Instó a los parlamentarios a no ceder a la presión de los grupos de presión de la industria aseguradora, declarando: «Voten a favor de la enmienda. Exigimos garantías legales que obliguen a las compañías a asegurar a todos los titulares de licencias legales, con primas justas y sin condiciones abusivas».
