Obligan al Juzgado 1 Civil de Altamira a anular juicio mercantil por ilegal notificación
Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Poder judicial Federal, obligo al Juzgado Primero Civil de Altamira, a anular todo un juicio ejecutivo mercantil, ello en cumplimiento a la sentencia 365/2021, que otorgo el amparo a una persona, porque el actuario, no señalo que documentos entrego en el emplazamiento al demandado, dejándolo en indefensión jurídica, violando las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso.
El Juez Advento Hernández Reyna, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Tampico, señalo en la sentencia, de la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el veinte de junio de dos veintidós se advierte que el actuario omitió describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado, lo cual ocasiona la ilegalidad del citatorio, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para dicha actuación.
Sin que sea suficiente que haya asentado “…con copias simples de la demanda y los documentos exhibidos debidamente autorizadas por la Secretaria del Juzgado le emplazo y corro traslado…”; en razón a que no puede considerarse que exista certeza que la parte demandada conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda, lo que es suficiente para declarar la invalidez del llamamiento a juicio.
La sentencia emitida el 22 de junio del 2023, otorgo el amparo para que, el Juzgado Primero Civil de Altamira, declare insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil, y ordene la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento de la persona, y provea conforme al estado que guardan los autos; lo anterior es así, en virtud de que los efectos de la protección constitucional otorgada en contra del emplazamiento que no se realizó con las formalidades legalmente establecidas.
Es conveniente destacar que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica es una de las más importantes del proceso, tan es así que, hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud.
