Proponen un plan para redistribuir la «riqueza petrolera» a los ciudadanos en Libia
Trípoli, Libia, África.- La situación económica en Libia está generando un amplio debate después de que el empresario Hosni Bey presentara una visión nacional para reestructurar el sistema de subsidios a los combustibles y la energía. Esta visión se basa en reemplazar los subsidios actuales con un sistema de transferencias directas de efectivo a cada ciudadano libio. Sin embargo, expertos económicos han advertido sobre las repercusiones de este cambio en la inflación y la estabilidad financiera.
En una publicación detallada en su página de Facebook, Hosni Bey explicó que el sistema actual de subsidios representa una carga significativa para las finanzas públicas, consumiendo aproximadamente el 40% del presupuesto general, además de casi el 33% de la participación de Libia en la producción de petróleo y gas. Señaló que se está convirtiendo en una fuente de despilfarro, contrabando y mala distribución, en lugar de servir como una herramienta eficaz de protección social.
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Su visión se basa en pasar de subsidiar bienes a apoyar directamente a los ciudadanos mediante un sistema moderno de protección social, convirtiendo al ciudadano en el principal beneficiario de la riqueza petrolera. Considera que este cambio permite alcanzar varios objetivos estratégicos, entre los que destacan la erradicación de la pobreza monetaria mediante un ingreso básico directo, la consecución de una distribución equitativa de la riqueza, la racionalización del consumo energético, la reducción de la presión sobre las divisas y la canalización del ahorro hacia sectores de desarrollo.
El plan propuesto, tal como se describe en la publicación, incluye la adopción de un modelo de «Ingreso Básico Universal» durante una fase inicial de dos años. Esto proporcionaría apoyo económico directo a cada ciudadano, estimado en 500 dinares mensuales, financiado mediante la reasignación de gastos existentes sin generar nuevos fondos. El objetivo es proteger los ingresos, erradicar la pobreza extrema y crear una base de datos nacional integral.
La visión también incluye el establecimiento de una plataforma nacional de datos que conecte diversos registros gubernamentales y financieros, como el registro civil, el número de identificación nacional, las autoridades fiscales y aduaneras, los bancos y el registro de la propiedad. Esta plataforma busca crear una imagen precisa de los ingresos, el patrimonio y la propiedad, allanando el camino para una transición posterior a un sistema de «orientación inteligente» en los años siguientes.
Según la propuesta, el sistema pasará gradualmente de un subsidio general a un apoyo específico para los grupos más vulnerables, como las personas de bajos ingresos, los desempleados, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Se suspenderán las transferencias a las personas con altos ingresos y los ahorros resultantes se destinarán a proyectos de transporte público, energías renovables, electricidad, salud y educación.
Por el contrario, el economista y exdirector de Control de Divisas del Banco Central, Mohamed Bousnina, advirtió que sustituir los subsidios a los combustibles por transferencias directas de efectivo no es una solución radical a la pobreza en Libia. Señaló que la crisis está vinculada a factores más profundos, como la división política, el conflicto y la mala asignación de recursos.
Bousnina explicó que abordar la pobreza requiere una estrategia integral que incluya la creación de empleo real, el estímulo del crecimiento económico, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la mejora de los servicios básicos como la salud, la vivienda y la educación, ya que estos son pilares fundamentales de cualquier reforma económica sostenible.
En cuanto a los subsidios a los combustibles, Bousnina sugirió, en lugar de transferencias directas de efectivo, adoptar un sistema de tarjetas de apoyo específicas que se utilizarían exclusivamente en gasolineras. Advirtió que las transferencias directas de efectivo podrían generar presiones inflacionarias que erosionarían cualquier aumento en los ingresos de los hogares, además de los riesgos relacionados con la sostenibilidad del financiamiento público.
Este debate surge en un momento en que las finanzas públicas de Libia están sometidas a una presión creciente debido al alto coste de los subsidios y al problema del contrabando de combustible, al tiempo que aumentan los llamamientos para reformar el sistema de subsidios con el fin de garantizar una distribución justa y mejorar la eficiencia del gasto público, en medio de una clara divergencia entre los enfoques que se basan en transferencias directas de efectivo y otros que se centran en una reforma económica integral y en la construcción de un sistema de protección social más estable y gradual.
