Obligan a la Junta 2 en Victoria, a enviar oficio a Banorte de embargo de cuenta por Laudo
López Garza, presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación (JLCA) en Victoria, a dictar auto de auto de requerimiento de pago y embargo de cuentas en Banorte, ello en cumplimiento a la sentencia 1577/2025, que otorgo el amparo, ya que al no hacerlo desde el 13 de junio del 2025, se violo la garantía constitucional de justicia rápida.
La Juez Dafne Miroslaba Carrillo de León, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, resolvió en la sentencia, así, la presidenta responsable, al rendir el informe justificado, admitió la omisión reclamada, y refiere que el motivo por el cual no ha proveído la petición, se debe a las cargas excesivas de trabajo con que cuenta, pero que a la brevedad dictará el acuerdo respectivo, situación que no se encuentra autorizada en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo.
En el caso concreto, se duele que la demandante, de que la autoridad responsable ha sido omisa en proveer la petición formulada el trece de junio de dos mil veinticinco, por el cual solicitó enviara oficio a la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dentro del expediente laboral 91/E02/2016.
La Juez señalo que, tal omisión de la responsable es violatoria del artículo 17 de la Constitución Federal, ya que no ha proveído sobre la petición de la parte trabajadora , en los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, sin que se soslaye que la responsable al rendir el informe justificado indicó que no ha proveído la petición en el expediente laboral de origen, en virtud de la excesiva carga de trabajo con que cuenta, pues al respecto, tal eventualidad no está contemplado como excepción en algún dispositivo de la Ley Federal del Trabajo.
El Juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que, la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la JLCA en Victoria, acuerde la petición formulada el trece de junio de dos mil veinticinco, dentro del expediente laboral, debiendo destacar que esta resolución ya fue dada por cumplida, una vez que la autoridad laboral envió las pruebas correspondientes al órgano judicial federal.
