En Chiapas, marchan contra proyecto de autopista San Cristóbal-Palenque

Tuxtla gutierrez, Chiapas, México, América.- Habitantes de los municipios de Chilón y Sitalá marcharon ayer en el ejido Bachajón, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y reiterar su rechazo a la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque; el envío de soldados y policías a sus comunidades y el avance de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos “mediante un proceso apresurado, sin información suficiente clara ni culturalmente pertinente para nuestras comunidades”.

Los manifestantes, integrantes de la agrupación católica Pueblo Creyente, expresaron: “el territorio es lo único que tenemos para vivir y trabajar con nuestros hijos, es el medio de nuestra supervivencia, donde sembramos para autoconsumo y sustento de la familia”.

Añadieron que el proyecto “no sólo pretende fragmentar la madre Tierra, sino romper el tejido comunitario que como pueblos hemos cuidado durante generaciones”; además “intenta sembrar la división, enfrentándonos entre sí por intereses ajenos al bien común”.

Dijeron que “la madre Tierra nos enseña a vivir en comunidad, a caminar juntos y a cuidar la vida”, mientras “este megaproyecto también amenaza y destruye las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos indígenas, ya que afectarán muchos lugares sagrados, como los ajaw (espacios ancestrales)”.

La movilización se realizó ayer en la mañana en Bachajón, Chilón y concluyó con una misa, en la que se leyó un comunicado en el que precisaron que “la apertura de la carretera ha provocado violación a los derechos colectivos y de autodeterminación”.

Señalaron: “las obras de la autopista son jurídicamente inaceptables, pues las autoridades han realizado consultas sin previo aviso, ni libres ni informadas a las que tienen derecho las comunidades indígenas afectadas, vulnerando de forma directa nuestros derechos territoriales y culturales; destrucción de bosques, selva, manantiales, montañas, lo cual impacta la flora y fauna de los ecosistemas, afecta el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades que dependen de ellos”.

Denunciaron “intimidación de los trabajadores de las constructoras y personas interesadas en la imposición de ese proyecto, pues mediante diversos actos de hostigamiento y acciones vulneran los derechos y buscan debilitar nuestra defensa.

“Las empresas siguen con su trabajo sin consultar a los ejidatarios si pueden pasar por cafetales, parcelas de pequeños ganaderos y milpas, así como por los manantiales que están siendo usados por los pobladores.”

Sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, aseguraron que “mantiene mecanismos de control estatal sobre los territorios y los bienes naturales considerados ‘estratégicos’, favorecen intereses ajenos a los pueblos y debilitan el ejercicio pleno de la libre determinación”. Por lo anterior, exigieron “un proceso de trabajo y consulta que respete los tiempos, las formas de organización y las decisiones colectivas de nuestras comunidades, en coherencia con la defensa de la madre Tierra”.

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