Exigen aumentar la subvención para personas mayores en Trinidad y Tobago

Puerto España, Trinidad y Tobago, América.- Samuel Baptiste, un jardinero de 72 años, comienza sus mañanas antes del amanecer cuidando unas pocas plantas de cebollino y tomate en el pequeño patio trasero de su casa en Diego Martin. Los productos que cultiva ayudan a estirar su presupuesto mensual, pero afirma que ya no es suficiente.

Entre el aumento de los precios de los alimentos, las facturas de servicios públicos y los costos de los medicamentos, la subvención para personas mayores de la que depende se agota rápidamente.

«Tengo que vigilar cada dólar», dijo Baptiste, señalando que «una vez que compro medicinas y comida, no queda mucho».

Su situación es compartida por muchas personas mayores en Trinidad y Tobago, lo que está impulsando nuevas peticiones al gobierno para que aumente la subvención antes de la presentación del próximo presupuesto.

Al cumplir 65 años, un ciudadano puede recibir una pensión mensual de 3.500 dólares por parte del Estado, siempre que sus ingresos mensuales no superen los 5.500 dólares trinitenses (TT$).

Los defensores de los pensionistas argumentan que años de aumento en el costo de vida han erosionado progresivamente el valor de esta pensión no contributiva, dejando a muchas personas mayores con dificultades para cubrir sus gastos básicos.

El programa de apoyo para personas mayores se conoce oficialmente como *Senior Citizens Grant* (comúnmente llamado pensión para personas mayores o pensión de vejez) y es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Servicios Familiares. El tema ha reavivado el debate sobre si el Gobierno debería aumentar la subvención en un momento en que el país sigue enfrentando presiones fiscales.

Entre quienes han opinado al respecto se encuentran Reynold Cooper, primer vicepresidente de la Asociación de Personas Jubiladas de Trinidad y Tobago (TTARP), y los economistas Dr. Ralph Henry y Dr. Ronald Ramkissoon; ellos han ofrecido puntos de vista divergentes sobre cómo los responsables de las políticas públicas deberían equilibrar el apoyo a los ciudadanos vulnerables con la realidad de las finanzas del país.

Al resaltar la grave carga que enfrentan las personas mayores, Cooper afirmó que ya hace tiempo que debería haberse realizado un ajuste al alza en la subvención mensual de 3.500 dólares. Cooper, exjefe de la administración pública, subrayó que la inflación persistente y el aumento de los precios de los productos básicos han mermado considerablemente la capacidad de los pensionistas para llegar a fin de mes, especialmente en un contexto en el que los sindicatos buscan ajustes salariales del 10 % en negociaciones paralelas dentro de otros sectores.

«Creo que es momento de reflexionar y aumentar la pensión», afirmó Cooper, instando al Ministerio de Finanzas a realizar los estudios necesarios para proteger a las personas mayores frente al incremento del coste de la vida.

Aunque prefirió no proponer una cifra fija establecida por ley sin contar con un modelo financiero formal, Cooper indicó que cualquier aumento propuesto debería, como mínimo, equipararse a las tasas de inflación vigentes.

«Si doy una cifra, estaría especulando», explicó Cooper. «Lo que me gustaría es que el Gobierno cubriera al menos los aumentos derivados de la inflación. Los precios de los alimentos y de otros productos están subiendo. Supongamos que la inflación es del 3 % o del 4 %; la prestación podría aumentar al menos un 5 %, o incluso algo más. El 5 % de 3.500 son unos 150 dólares… Aunque se aumente, insisto en que debe ser, como mínimo, igual a la tasa de inflación; no debería ser inferior a eso».

Cooper señaló que la TTARP, organización que actualmente representa a más de 40.000 miembros y trabaja activamente para alcanzar los 50.000, recibe constantemente comentarios de personas mayores que consideran insuficiente la suma de 3.500 dólares para cubrir gastos de alimentación, alquiler y suministros médicos.

En respuesta, la asociación coordina frecuentemente acciones con empresas patrocinadoras para distribuir cestas de alimentos de emergencia y paquetes de ayuda directamente a pensionistas de escasos recursos que luchan por sobrevivir únicamente con la asistencia social.

Para aclarar el marco fundamental de las redes de protección social del país, el economista caribeño Henry estableció una distinción entre el Sistema Nacional de Seguros (NIS, por sus siglas en inglés) y la pensión de vejez.

El NIS funciona como un régimen de seguridad social contributivo financiado a través de las nóminas, mediante aportaciones conjuntas de empleadores y empleados.

Basado en un principio de solidaridad, el NIS depende de una fuerza laboral activa y constante para sostener el pago de las prestaciones a los jubilados. Sin embargo, la evolución de las tendencias demográficas —caracterizada por la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población— ha transformado la estructura demográfica del país hacia un perfil con forma de huevo, lo que ejerce una presión a largo plazo sobre los fondos contributivos.

Por el contrario, la pensión de vejez funciona estrictamente como una ayuda social no contributiva, con antecedentes que se remontan a la década de 1930. Se introdujo por primera vez en Trinidad y Tobago el 1 de julio de 1939, en virtud de la Ordenanza sobre Pensiones de Vejez (n.º 15 de 1939) aprobada por el Consejo Legislativo.

Diseñada como una red de seguridad, garantiza un sustento básico a las personas mayores que tal vez nunca trabajaron en la economía formal ni cotizaron al NIS —en particular, a las mujeres de edad avanzada que dedicaron su vida a labores domésticas no remuneradas—, asegurando así que no caigan en la pobreza extrema o la indigencia.

El principal argumento económico a favor de un aumento de la cuantía de esta prestación radica en la constante erosión del poder adquisitivo real de los ciudadanos que dependen de ingresos mensuales fijos.

Aunque las cifras de inflación parecen moderadas sobre el papel, los aumentos acumulados en los precios de bienes esenciales, alimentos importados, productos farmacéuticos y vivienda durante los últimos años han deteriorado significativamente el nivel de vida de las personas mayores.

Henry señaló que los acontecimientos geopolíticos mundiales y las perturbaciones en las cadenas de suministro —como los conflictos militares que afectan a los mercados internacionales de trigo, harina y energía— elevan directamente los precios al consumo interno en las economías pequeñas dependientes de las importaciones. Dado que los alimentos básicos y los artículos de primera necesidad importados tienen ahora precios de venta al público más elevados, el poder adquisitivo real de los pagos mensuales fijos ha disminuido.

En consecuencia, priorizar un mayor apoyo a las personas mayores vulnerables en el presupuesto nacional constituye una prioridad social fundamental.

Haciéndose eco de estas preocupaciones, Ramkissoon reconoció la realidad financiera cotidiana a la que se enfrentan los ciudadanos de edad avanzada.

Señaló que la cuestión central no es si un aumento es deseable, sino cómo abordar el hecho de que las personas con ingresos fijos han soportado constantes subidas de precios en los últimos cuatro o cinco años. Aunque las tasas de inflación parecen bajas en los informes estadísticos, los aumentos acumulados de precios implican que los ingresos reales han caído sustancialmente. Como resultado, los pensionistas pueden adquirir muchos menos bienes y servicios básicos con la asignación mensual estándar de 3.500 dólares de lo que podían hace unos años.

A pesar de reconocer la necesidad social de ayudar a las personas mayores, Ramkissoon advirtió que la realidad fiscal complica la cuestión.

Los ingresos del Estado han experimentado una debilidad prolongada, caracterizada por un crecimiento lento del PIB, ingresos energéticos fluctuantes y crecientes demandas de gasto público.

Con unos presupuestos nacionales que operan sistemáticamente en terreno negativo, el Ministro de Finanzas se enfrenta a estrictos límites de gasto. Los aumentos generalizados y lineales de las transferencias sociales no contributivas corren el riesgo de ampliar el déficit fiscal y agravar los niveles de endeudamiento.

Ramkissoon subrayó que, como economista y persona mayor, apoya la ayuda a los ciudadanos de edad avanzada, pero la política debe ser realista respecto a las limitaciones de los ingresos del Estado.

En un entorno económico marcado por un crecimiento lento y la pérdida de empleos, la expansión del gasto público debe abordarse con extrema cautela, argumenta.

Para conciliar estas presiones contrapuestas, Ramkissoon sugirió que, si el Gobierno decide actuar, la política social debería alejarse de los aumentos universales y generalizados de las pensiones y orientarse hacia una asistencia focalizada. Dirigir ajustes financieros o ayudas complementarias específicamente a los beneficiarios de menores ingresos garantiza que la asistencia llegue a los ciudadanos mayores más necesitados sin sobrecargar las finanzas públicas. Al mismo tiempo, Ramkissoon señaló que las personas mayores deben evaluar cuidadosamente los presupuestos familiares y ajustar sus hábitos de gasto para hacer frente a las persistentes presiones inflacionarias.

A medida que avanza la planificación fiscal previa a la elaboración del presupuesto nacional, los responsables de las políticas públicas se enfrentan al delicado desafío de preservar el bienestar social y la dignidad de los adultos mayores, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica.