En Guanajuato, actuaria no ejecuta reinstalación de trabajadora de la Universidad
Guanajuato, Guanajuato, México, América.- La defensa legal de Paula, trabajadora de la Universidad de Guanajuato (UG) que fue despedida de forma injustificada en Silao, solicitó a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Universitarios, que dé vista al Ministerio Público por la desobediencia, resistencia y desacato del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, al incumplir la reinstalación de la trabajadora.
El abogado Eloy Juárez Ramírez, abogado defensor de Paula, presentó un escrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Universitarios que preside Mónica Contreras Aguirre, para denunciar la actuación irregular de la actuaria Adriana Paola Ramírez Manríquez, quien llevó a cabo la diligencia donde debieron reinstalar a Paula, pero quien, de manera arbitraria, preguntó al apoderado de la Universidad si estaban de acuerdo en la reinstalación, cuando debió ejecutarla.
En el escrito, también se pide a la presidenta de la Junta que de vista al Ministerio Público por el delito en que incurre el rector general, Luis Felipe Guerrero, en desobediencia y resistencia a cumplir un mandato de una autoridad.
El argumento de la Rectoría, representada por el abogado Salvador García García, quien es contratado de forma externa por la Universidad, es que no se trata de un laudo firme, dado que fue impugnado y pendiente de resolver por el Tribunal Colegiado de Circuito.
No obstante, en dos ocasiones se ha ordenado la reinstalación de la trabajadora, y la Universidad se ha negado.
En sus alegatos, el abogado de Paula expone la actuación irregular de la actuar Adriana Paola Ramírez Márquez, a quien exhibe como una mala servidora pública, al conducirse con parcialidad a favor de la parte demandada, en este caso la Universidad de Guanajuato.
La conducta irregular de la actuaria consistió en que, durante la diligencia de reinstalación, preguntó al abogado de la Universidad, si era su deseo reinstalar a la trabajadora, cuando debió simplemente reinstalarla, y no preguntar ni pedir permiso a la parte demandada, violando los derechos humanos de Paula.
Asimismo, la servidora pública, como se le señala en el escrito, negó la voz a la defensa de Paula.
Por consiguiente, se pide a la Presidenta de la Junta dar vista al Órgano de Control Interno adscrito a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para que se le instaure un procedimiento de investigación.
De acuerdo con el escrito del abogado Ely Juárez, el rector Luis Felipe Guerrero Agripino cae en desobediencia y resistencia al no acatar la orden de una autoridad, dado que la reinstalación estaba ordenada por el presidente en turno de la Junta Especial.
Ante ello, le pide a la titular de la juta denunciar penalmente ante la Fiscalía General del Estado la conducta desplegada por el Rector, al desacatar los fallos de reinstalación, del 14 de septiembre de 2022 y del 2 de marzo de 2023.
