Desalojarán a los ocupantes de parcelas para la ampliación de la pista del Aeropuerto de San Martín
Marigot, San Martín.- En 2011 y 2012, la Comunidad adquirió seis solares con una superficie total de 14,01 hectáreas alrededor de la pista del aeropuerto de Grand Case con el fin de ampliarla. Estas adquisiciones se realizaron de forma amistosa (sin expropiación) a precios que oscilaron entre 80 y 107,5 euros el metro cuadrado.
En 2019, la Comunidad aplazó este proyecto de ampliación. En su momento, el presidente de la COM, Daniel Gibbs, explicó que, según un estudio, el proyecto requería una inversión de 20 millones de euros para una rentabilidad anual de 300.000 euros como máximo en veinte años, considerando que el aeropuerto funciona lo mejor posible. su capacidad durante los doce meses del año. Las dos principales compañías aéreas (Air Antilles y Air Caraibes) habían indicado que no aceptarían un aumento de impuestos y otras tasas para cubrir la inversión, y habían amenazado con dejar Grand Case para operar únicamente en Juliana. Estos argumentos fueron recordados a los cargos electos del consejo territorial por Edeis en 2021, que había programado una repavimentación de la pista.
Hoy, el nuevo equipo político retoma el tema tal como lo anunció durante la campaña electoral. El Presidente Louis Mussington considera “una necesidad imperiosa [que la COM] pueda disponer de una infraestructura aeroportuaria regional eficiente y competitiva”. “Las perspectivas de desarrollo educativo, social y económico del territorio y de sus operadores justifican una importante ampliación de la pista del aeropuerto a medio plazo, en este caso de aquí a 2030”, añade.
Sin embargo, la empresa que opera el aeropuerto no puede utilizar estos seis terrenos porque están ocupados ilegalmente; aunque la COM se convirtió en propietaria de este terreno hace más de ocho años, los ocupantes no se han ido ni tienen autorización para permanecer allí.
En septiembre del año pasado, el prefecto ordenó a la COM «iniciar procedimientos legales para poner fin a estas ocupaciones ilegales». En febrero, fue la empresa Edeis la que, a su vez, dio aviso a la COM para que procediera a la cesión de estos terrenos según lo previsto en el contrato de delegación de servicios públicos (DSP) que ambas partes firmaron en 2011 y que fue prorrogado en 2021 hasta 2040
Además, quince días después, el consejo ejecutivo votó por unanimidad la decisión de remitir el asunto al tribunal administrativo de Saint-Martin para poner fin a la ocupación ilegal de las parcelas AR 111-536-537-538-539 y AT 592, es decir, expulsar las personas que allí se encuentran.
(San Martín, es un país en América, dependiente de Francia)
