Crecen los asentamientos informales en Costa Rica: se registran 576
San José, Costa Rica, América.- Creció un 50% la cantidad de asentamientos informales desde el año 2013. Muchos de ellos se ubican en zonas influenciadas por inundaciones.
Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) concluye que la cantidad de asentamientos informales está creciendo en Costa Rica.
En la actualidad se registran 576 asentamientos de este tipo, lo que significa un aumento del 50% en comparación con lo registrado en el 2013. Según los datos de la CGR están ubicados en 61 cantones. Distribuidos de la siguiente forma:
Dentro del Gran Área Metropolitana: 278 (el 48%)
Fuera del Gran Área Metropolitana: 298 (el 52%)
Esta precariedad habitacional y exclusión social ya afecta a 64.128 hogares costarricenses.
Otro de los hallazgos de la CGR es que 170 de los 576 asentamientos informales se ubican parcial o totalmente en zonas potencialmente influenciadas por inundaciones que se dan por el desbordamiento de ríos.
Además, solo entre el 202 y 2024 se atendieron 127 incendios estructurales en estos asentamientos, lo que también se convierte en un riesgo para estas poblaciones.
El ente contralor recuerda que la vivienda digna puede aumentar hasta en 2,4 años la esperanza de vida de las personas. Además, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita podría aumentar en un 10,5%.
“Costa Rica enfrenta un ciclo insostenible en el abordaje de la atención de los asentamientos informales”, dice el informe de la CGR publicado este miércoles 30 de julio.
“La persistente expansión y crecimiento de los asentamientos informales no solo expone una deuda histórica con miles de personas en situación de vulnerabilidad, sino también la urgente necesidad de transformar la manera en que el Estado enfrenta esta realidad”, dice el documento.
Repercusiones sobre la Hacienda Pública
Uno de los enfoques de este informe tiene que ver con las pérdidas que registra la Hacienda Pública debido a estos asentamientos informales. Esto se da porque no pagan impuestos, tampoco tarifas por servicios públicos ofrecidos, las actividades comerciales tampoco pagan sus contribuciones, entre otras.
Esto se traduce en pérdidas fiscales que refuerzan el ciclo de la exclusión social y el desfinanciamiento institucional.
“La falta de inversión con una ruta clara y oportuna perpetúa una dinámica reactiva y limita tanto la recaudación fiscal como la recuperación de ingresos por servicios públicos, afectando las finanzas del Estado”, indica el informe.
El Órgano Contralor le solicitó a diversas instituciones cuantificar el impacto económico que representa para el Estado la provisión de servicios y otros pagos del 2022 al 2024 relacionados a asentamientos informales. Estos son los resultados aproximados:
pérdida de 18,2 mil millones en el servicio de electricidad
de 4,5 mil millones en el servicio de aguaa potable
162,9 millones por atención de incendios estructurales
91,4 millones por pago de alquiler de desalojo de familias
690,3 millones en titulación de lotes en propiedades del IMAS
¿Por qué podría estarse agravando la situación?
La CGR encontró que uno de los problemas tiene que ver con que los asentamientos informales no están plenamente visibilizados. Señala la urgencia de reconocerlos como tal.
Por ejemplo, hay debilidades en la información disponible y ausencia de análisis del riesgo de desastre específicos para estos territorios.
También se da una insuficiente gestión pública frente a la dinámica de los asentamientos informales.
“No es posible resolver un problema que, desde su conceptualización, no se comprende de una manera integral”, dice el informe publicado por la CGR.
