Desnacionalizados de Nicaragua, consideran el robo de sus pensiones como acto criminal
Managua, Nicaragua, América.- Quienes sufrieron el despojo de su nacionalidad, el destierro y la confiscación de sus bienes y de sus pensiones como jubilados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dependen de la solidaridad de sus hijos para sobrevivir.
El 9 y 15 de febrero se cumplieron tres años consecutivos del robo de sus pensiones, un acto que tildan de “criminal” e “ilegal”. Tres desnacionalizados por el régimen relataron los detalles de un frustrante proceso legal que solo ha encontrado paliativos en el apoyo recibido de sus descendientes.
Los primeros afectados fueron los 222 pasajeros a la fuerza, del denominado “Vuelo de la Libertad”. La madrugada del jueves 9 de febrero de 2023, ese número de reos políticos abordó un vuelo chárter que los llevó de Managua a Washington. En unas horas, fueron despojados de su nacionalidad, y sus pensiones. Seis días después, el 15 de febrero, otro grupo de 94 ciudadanos nicaragüenses recibiría el mismo trato. El 5 de septiembre de 2024, se le sumarían otras 135 excarcelados que fueron enviados a Guatemala.
El economista Enrique Sáenz fue parte del grupo de los 94.
De ese día señala que “cuando el régimen anunció la cancelación de la nacionalidad al grupo de los 94 nicaragüenses, fue sin ningún juicio. Simplemente, un tipo con una toga hizo un anuncio. Dijo que estaba leyendo la sentencia de un juicio que no se había producido”. A continuación, la directiva del INSS “sin ninguna base legal”, procedió a cancelar las pensiones que estaban vigentes, y a eliminar las cotizaciones de quienes todavía no tenían una pensión.
Sáenz refiere que dependía de esa pensión para sobrevivir en el exilio. Por eso, considera que al quitársela, tanto a él como a muchas personas más, atentan contra sus posibilidades de supervivencia. “Quien recibe una pensión es alguien mayor de edad, que está en una condición de mayor vulnerabilidad física. Expuesta a mayores enfermedades y contagios, padeciendo enfermedades crónicas”, detalló.
Otro tanto ocurre al evaluar las posibilidades que tienen estas personas para valerse por sí mismas. Sáenz señala que se trata de una población de la tercera edad, por lo que tienen menores oportunidades de empleo y de desarrollar una profesión. Al anular el historial académico de estas personas, “reforzaron esa acción criminal, porque atenta contra la supervivencia”, valoró.
La confiscación llegó mucho antes
Las limitaciones económicas de la familia de Gerardo, no llegaron con el destierro. En realidad comenzaron casi 20 meses antes, en junio de 2021, cuando él fue arrestado sin juicio alguno. “Mi esposa me confirmó que cuando me metieron a la cárcel, me quitaron la pensión de forma automática. La cortaron inmediatamente, así que esta confiscación empezó mucho antes, no a partir del momento de la desnacionalización. Esta gente no respeta nada”, expresa.
Al júbilo inicial por la liberación en febrero de 2023, le siguió un período de incertidumbre al comprobar que no le devolverían su pensión. Luego de un período de permanencia en Estados Unidos, él y su esposa optaron por instalarse en un país de Centroamérica, en donde están más cerca de sus familias… y pueden sobrevivir con menos dinero.
Narra que una vez consiguió un contrato para elaborar un texto de corte académico sobre algunos procesos históricos recientes en la región, y que cuando se lo pagaron, usó el dinero para pagar la renta. El resto del tiempo, sus hijos aportan para cubrir el resto de los gastos, comenzando con un apartamento pequeño en donde viven ambos “con modestia y austeridad”.
También les proveen ayuda para adquirir alimentos y medicina.
Un elemento que añade más presión a las finanzas de este matrimonio, ambos en la tercera edad, son los gastos médicos. A modo de ejemplo, comparte que, con frecuencia, tiene que hacerse ver por un cardiólogo “porque las secuelas de la cárcel me han dejado enfermo, pero eso no me lo cubre nadie”. Lo peor es que no puede acudir al sistema público de salud del país en que reside, “porque ahora soy español”.
Una deuda millonaria
Manuela recibía una pensión generosa para los estándares nicaragüenses, de algo más de 30 000 córdobas en su momento. En estos 36 meses suman más de un millón de córdobas robados por el Estado. Por ello, el inusual castigo de ver confiscado ese ingreso, supuso una zozobra que les llevó a explorar opciones igualmente inusuales. Ella y otro grupo de afectados hicieron una propuesta al Gobierno de España, que los había protegido otorgándoles la nacionalidad.
La propuesta fue que les hicieran “una especie de préstamo recuperable cuando lográramos que el Estado nicaragüense nos devolviera nuestras pensiones, pero no prosperó. No pasó ni de la primera gestión”, explica. La idea es que los recursos que les entregaran, se anotaran como una deuda a cuenta del Estado nicaragüense.
Lo que sí les dijeron fue que el Estado español tiene establecida una pensión mínima no contributiva, de 600 euros por persona. Esta se otorga a quienes no hubiesen cotizado a la Seguridad Social española. Como nuevos ciudadanos, tenían un año para gestionarla, siempre y cuando vivieran en España.
La mayor parte de los que se acogieron a la nacionalidad española –más de un centenar– no viven en territorio español, por lo que solo algunos de los nicas que aceptaron esa oferta, consiguieron esa pensión mínima.
Al conculcárseles el derecho a una nacionalidad, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de reclamar por la negación de ese derecho humano básico, también pidieron tutelar su derecho a recuperar sus pensiones, comprobando que eran jubilados, y cuánto recibían.
Si para Manuela y su compañero es un serio problema reclamar ese derecho, lo es más para los que estaban a punto de jubilarse, porque al no tener una pensión asignada, todavía no tenían ningún comprobante que les sirviera para reclamar.
Confiesa que, en la actualidad, ella y su compañero se sostienen gracias a sus hijos. Aunque nunca se imaginó que a esta edad tendría que buscar opciones remuneradas, siente que si viviera en Estados Unidos, al menos “podría andar limpiando casas, pero aquí en Costa Rica es mentira”.
