Tecnológico en San Luis Potosí, emprende acciones legales contra alumnos por memes

Héctor Aguilar Ponce

San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, América.- Lo que comenzó como publicaciones en tono de humor terminó por exhibir una fractura interna en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, donde hoy chocan dos versiones: la de una comunidad estudiantil inconforme y la de una dirección que ya inició acciones legales.

El pasado 26 de marzo, páginas en redes sociales como “Memes Tec V” fueron eliminadas luego de un comunicado oficial del Tecnológico Nacional de México (TecNM), lo que desató señalamientos de censura entre estudiantes, quienes aseguran que estos espacios eran de los pocos donde podían expresar inconformidades.

En respuesta, la institución emitió un posicionamiento fechado el 26 de marzo de 2026, en el que advierte sobre la circulación de publicaciones anónimas que —según afirma— utilizan la imagen institucional con información que no corresponde a la realidad y que afecta su reputación, señala, Héctor Aguilar Ponce, director de la Institución.

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Además, confirmó que desde el pasado 24 de febrero se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, misma que continúa en investigación, con el apoyo de la Policía Cibernética para identificar a los responsables.

Aunque el Tecnológico reconoce la libertad de expresión como un derecho, subraya que esta debe ejercerse con responsabilidad, y adelantó que, una vez identificados los autores de las publicaciones, se procederá conforme a la ley, incluyendo posibles sanciones administrativas o laborales.

Sin embargo, del otro lado, el malestar estudiantil no es reciente. Desde octubre de 2025, publicaciones atribuidas a alumnos han denunciado la falta de apoyos institucionales, particularmente para equipos representativos que participaron en un nacional deportivo en Querétaro, quienes —según señalan— no recibieron viáticos suficientes, obligándolos a buscar recursos externos.

Las críticas también alcanzan el manejo de recursos y decisiones administrativas. Entre los señalamientos destacan el repintado de un edificio recién inaugurado y la contratación de un conferencista, mientras, aseguran, persisten deficiencias en instalaciones y falta de respaldo a actividades académicas y deportivas.

A esto se suman acusaciones de opacidad y posibles injerencias en procesos internos, como la elección del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), donde en redes se ha señalado la participación de actores externos, lo que, según estas versiones, habría favorecido a ciertos grupos políticos.

También se han expuesto problemáticas recurrentes como la falta de uniformes adecuados y la desaparición de servicios como la bolsa de trabajo institucional.

Hasta ahora, la dirección no ha respondido de manera puntual a cada uno de estos señalamientos específicos, pero sí ha endurecido su postura en el ámbito digital, limitando la interacción en sus redes sociales y apostando por la vía legal.

El conflicto, lejos de apagarse, exhibe una creciente tensión entre autoridades y estudiantes, donde la exigencia de respuestas sigue abierta y la confianza institucional parece cada vez más debilitada.

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