Denuncian opacidad y falta de debate nacional con nuevo decreto minero en Haití
Puerto Príncipe, Haití, América.- La publicación de un nuevo decreto minero por parte de las autoridades de transición ha reavivado la preocupación por la gobernanza del sector extractivo en Haití, según observa AlterPresse.
Organizaciones campesinas, ambientalistas y sociales, entre ellas la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA), Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen y Antèn Ouvriye, denuncian un texto aprobado sin debate nacional ni supervisión parlamentaria, en un contexto de prolongada inestabilidad institucional (Documento adjunto al final del artículo).
Un decreto presentado como herramienta para la modernización y el atractivo
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé confirmó la publicación del decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial el 30 de marzo de 2026. Considera que el país debe modernizar un marco legal que data de la década de 1970 para facilitar la inversión.
«Lo más importante es establecer el marco legal… En 2026, estaremos en un mundo diferente», declaró en una entrevista con el diario Le Nouvelliste, al margen de un viaje a Roma.
Según él, esta medida busca clarificar las normas para las empresas y hacer que Haití sea más atractivo para los inversionistas mineros, al tiempo que define los beneficios mutuos entre el Estado y las empresas.
Denuncia de falta de legitimidad democrática
Estos argumentos son rechazados por varias organizaciones, que consideran que el decreto fue aprobado sin consulta pública, sin debate público y en ausencia de un Parlamento en funcionamiento.
Denuncian un proceso de toma de decisiones concentrado entre el poder ejecutivo y unos pocos organismos administrativos en un sector considerado estratégico para la soberanía nacional. Según ellos, tal reforma no puede emprenderse sin una clara legitimidad democrática y una supervisión institucional.
Las críticas también se centran en las disposiciones relativas a la transparencia, en particular el artículo 115 del decreto, que estipula la confidencialidad de los documentos relacionados con los permisos mineros durante diez años.
Las organizaciones consideran que esta medida debilita el derecho a la información garantizado por la Constitución de 1987 y abre la puerta a prácticas de gestión opacas, e incluso a mayores riesgos de corrupción en los contratos mineros.
Una advertencia de larga data sobre un sector de alto riesgo
Estas preocupaciones se hacen eco de las advertencias emitidas durante varios años por expertos y actores de la sociedad civil.
Ya en 2018, el sociólogo Jean-Claude Icart, del Comité de Minas de Haití, advirtió sobre los peligros de la minería en un contexto de debilidad estatal, corrupción y falta de transparencia. Abogó por un debate público informado y un enfoque prudente del tema.
“El país debe tener derecho a exigir un mejor uso de la tierra o a afirmar que no está preparado, en términos de estructuras estatales, para este tipo de desarrollo”, enfatizó en AlterRadio, destacando la limitada capacidad del Estado para lidiar con las corporaciones multinacionales y los importantes riesgos ambientales, particularmente para las cuencas hidrográficas.
Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el Estado y a hacer pública toda la información relacionada con el sector minero, al tiempo que recalcó la necesidad de una mayor supervisión por parte de la sociedad civil y las instituciones representativas.
Llamamiento a un debate nacional inclusivo
El tema de la minería en Haití sigue marcado por una serie de tensiones y controversias. Una resolución del Senado haitiano de 2013 ya recomendó una moratoria a la minería, citando la falta de transparencia en la información disponible y los riesgos sociales y ambientales.
Desde entonces, varios proyectos de ley e iniciativas institucionales han intentado regular el sector, sin lograr establecer un consenso nacional duradero.
En este contexto, las organizaciones que firmaron el reciente comunicado solicitan la suspensión de la implementación del decreto y la apertura de un debate nacional inclusivo sobre el futuro del sector minero.
Consideran que ninguna política de explotación de recursos naturales puede implementarse sin transparencia, participación ciudadana y sólidas garantías institucionales, en un país que enfrenta importantes vulnerabilidades gubernamentales y ambientales.
