Buscan vender el Banco de Costa Rica, sin requerir 38 votos en la Asamblea Legislativa

San José, Costa Rica, América.- El Gobierno afina un proyecto de ley para impulsar la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y estudia una fórmula jurídica que le permita concretarla sin requerir una mayoría calificada de 38 diputados en la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmó este miércoles el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.”Estamos trabajando en eso, sí, señor, con un concepto muy innovador para ver si nos evitamos (…) el pacto de comunistas extremos de izquierda”, declaró el jerarca.

Según explicó, la intención es utilizar una figura legal que permita avanzar con la venta sin necesidad de obtener los 38 votos que, de acuerdo con un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, se requieren para autorizar la venta de un banco comercial del Estado.

“Nosotros estamos preparando un proyecto que si nos sale bien, no vamos a ocupar 38 votos para hacer más eficiente el sistema bancario de los bancos del Estado”, afirmó.

Consultado sobre la constitucionalidad de esa estrategia, Chaves respondió que en los últimos cinco años muchas de sus propuestas fueron calificadas como “locuras”, pero posteriormente terminaron convirtiéndose en realidad.

El ministro tampoco detalló cuál sería el mecanismo jurídico mediante el cual el Ejecutivo pretende prescindir de una mayoría calificada para impulsar la iniciativa.

La venta del Banco de Costa Rica no es una idea nueva. Distintas administraciones han planteado esa posibilidad durante las últimas tres décadas.

El intento más reciente ocurrió durante el gobierno de Rodrigo Chaves, cuando el Ejecutivo presentó en agosto de 2022 el expediente legislativo 23.331, denominado Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, con el objetivo de obtener recursos para reducir la deuda pública.

La iniciativa estimaba ingresos cercanos a ¢1,2 billones, equivalentes aproximadamente al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, fue desconvocada meses después para revisar observaciones y nunca logró avanzar en la Asamblea Legislativa.

Ahora, la administración de Laura Fernández retoma la propuesta, aunque con un objetivo distinto.

Durante la campaña electoral, la hoy presidenta planteó vender el BCR para destinar los recursos al fortalecimiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El 7 de febrero, la ahora mandataria sostuvo que la venta debía concretarse “antes de que quiebre” o “caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

No obstante, posteriormente la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) indicó que no cuenta con evidencia supervisora que respalde la existencia de un riesgo de crisis financiera en el BCR ni mantiene procedimientos administrativos sancionatorios abiertos por presuntos casos de corrupción relacionados con la entidad.

El propio banco también rechazó esos señalamientos y defendió su situación financiera. Indicó que cerró 2025 con utilidades por ¢38.494 millones y sostuvo que continúa siendo una institución sólida, rentable y confiable.

Las cifras del regulador muestran además la dimensión del activo cuya venta impulsa el Gobierno. De acuerdo con información de la Sugef al 31 de mayo, el Banco de Costa Rica registraba activos por aproximadamente ¢6,4 billones, una cartera de créditos cercana a ¢3,8 billones y un patrimonio de alrededor de ¢770.000 millones, lo que lo ubica entre las principales entidades financieras del país.

El Comité de Vigilancia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha advertido que las reservas podrían agotarse antes de 2047, momento en el que el fondo entraría en una etapa crítica.

Según ese órgano, uno de los factores que agrava la situación es la deuda de ¢769.332 millones que el Estado mantiene con el régimen.

El Gobierno sostiene que la venta del BCR permitiría fortalecer financieramente el sistema de pensiones. Sin embargo, diversos economistas han planteado alternativas distintas, entre ellas trasladar las acciones del banco directamente al IVM sin necesidad de vender la entidad.

También existen cuestionamientos sobre el impacto que tendría desprenderse de un banco estatal que actualmente genera aportes permanentes al Estado.

Según datos divulgados por el propio BCR, durante la última década la entidad ha transferido ¢162.545 millonesmediante aportes parafiscales destinados, entre otros, al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Cuando el Gobierno presentó la propuesta por primera vez, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, determinó que el proyecto de ley para autorizar la venta de un banco comercial del Estado, requiere de 38 votos de los diputados como mínimo.

Ese criterio constituye actualmente el principal obstáculo para el oficialismo, que cuenta con 31 legisladores.

Precisamente por esa razón, el ministro Chaves aseguró este miércoles que el Ejecutivo trabaja en una propuesta que, según dijo, permitiría evitar ese requisito.

Por ahora, el Gobierno no ha informado cuándo presentará formalmente la nueva iniciativa ni ha revelado cuál sería la figura jurídica con la que pretende impulsar la venta del banco.