Magistrado del STJE, confirma sentencia sin determinar la individualización de la pena
Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), resolvió una apelación penal confirmando una pena de dos años de prisión y multa de cuarenta y cinco días de salario mínimo a un acusado de impudicia, pero sin fundar, ni motivar la determinación relativa a la individualización de la pena, ante lo cual mediante la ejecutoria 525/2023, Magistrados Federales, otorgaron amparo al sentenciado.
El Magistrado Óscar Mauricio Maycott Morales, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la resolución carece de fundamentación y motivación, pues no concluye cual es el grado a imponer al sentenciado, sino que aduce que le asiste la razón al Fiscal Adscrito, acorde las conclusiones que formuló, sin que advierta cuales fueron dichas manifestaciones, ni la forma en que las mismas justifican que el grado de culpabilidad.
El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, titular de la Cuarta Sala del STJE, emitió la ejecutoria del toca penal 40/2021, confirmando la condena por el delito de impudicia, una sanción corporal de dos años de prisión y multa de cuarenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el estado, el sentenciado recurre al juicio de amparo.
La Magistrada Rosa Mariana Pérez Tizapán, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la Sala responsable no estableció los motivos por los cuales asiste la razón al Ministerio Público para imponer el grado de culpabilidad indicado, ni tampoco concluye el de qué forma benefician o perjudican al sentenciado los criterios establecidos en el artículo 69 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para establecer el citado grado de culpabilidad, de ahí que resulta necesario que la Sala responsable funde y motive debidamente.
El pleno judicial otorga el amparo para que, se deje sin efectos la resolución reclamada; funde y motive la determinación relativa a la individualización de la pena, debiendo analizar los criterios de individualización y las conclusiones del Ministerio Público, tomando en consideración el principio non reformato in peius, una vez hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que resuelva conforme a derecho corresponda.
