Declaran emergencia en la capital de Perú, para enfrentar delincuencia
Lima, Perú, América.- El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana y su vecina provincia del Callao, por un plazo de 30 días calendario, con el fin de enfrentar los altos índices de criminalidad y situaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones, informó este sábado el Despacho de la Presidencia.
La institución indicó a través de un comunicado que, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria en el diario oficial «El Peruano», la medida establece acciones excepcionales para restablecer el orden interno en dichas localidades.
Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que la institución policial determinará las zonas de intervención en función de labores de inteligencia, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos técnicos.
Asimismo, se dispone la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
En relación con las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar autorización previa ante las autoridades competentes para su evaluación, mientras que aquellas que no tengan tal carácter podrán realizarse sin requerir permiso.
La intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y el Decreto Legislativo Nº 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Además, se declaró en sesión permanente, mientras dure el estado de emergencia, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, al Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao, así como al Consejo Nacional de Política Criminal y a los comandos y comités constituidos en el decreto supremo.
La norma lleva las firmas del presidente del país, José Balcázar; de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; y de los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.
