Megaproyecto Mahahual, caso prototípico de despojo territorial y daño ambiental, Académico IBERO

Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, América.- La posibilidad de recibir 21 mil turistas de crucero al día en una comunidad de unos 6 mil habitantes convirtió al megaproyecto turístico para Mahahual en un caso prototípico de despojo territorial y daño ambiental, dijo el Dr. Jorge Peláez Padilla, Director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Explicó que los cruceros suelen operar bajo una lógica económica cerrada que concentra el gasto dentro del propio ecosistema turístico, a diferencia del turismo convencional, en el que las personas recorren ciudades, consumen en comercios locales y usan servicios del territorio.

Abundó que el esquema planteado consistía en que miles de pasajeros descendieran del crucero para permanecer dentro del complejo recreativo y después regresar al barco sin generar beneficios a la economía local.

El Académico del Departamento de Derecho sostuvo que Mahahual ya posee una actividad turística consolidada a menor escala y actividades económicas tradicionales como la pesca, que podrían verse desplazadas.

    «El proyecto no está cancelado. Se cancelaría si la empresa desiste en desarrollarlo o si el municipio revierte el cambio en su plan de desarrollo urbano. Todavía no tenemos el resolutivo de la Semarnat», advirtió.

La dimensión jurídica: permisos, participación y regulación

El Dr. Peláez Padilla explicó que estos megaproyectos requieren múltiples autorizaciones y procesos regulatorios como permisos municipales de desarrollo urbano y construcción, además de autorizaciones federales vinculadas con evaluación de impacto ambiental.

Subrayó que cuando comunidades consideran que decisiones de esta magnitud avanzan sin consulta suficiente o sin incorporar intereses locales, aparecen conflictos sociales y procesos de resistencia.

Indicó que un elemento relevante en el caso Mahahual fue que organizaciones y habitantes locales denunciaron actividades preliminares en el territorio antes de contar con autorización ambiental definitiva, lo que derivó en acciones administrativas.

Para Peláez, el caso demostró que el derecho ambiental no se reduce a expedientes técnicos, pues también depende de organización comunitaria y en redes sociales, vigilancia ciudadana y capacidad institucional para aplicar la ley.

Megaproyectos no incorporan a las personas

El académico refirió que un desarrollo no debería entenderse únicamente como llegada de capital o construcción de infraestructura, pues la pregunta clave es si quienes habitan el territorio participan realmente en los beneficios.

    “Cuando una comunidad pierde acceso a espacios públicos, actividades económicas tradicionales o calidad ambiental sin obtener beneficios proporcionales, aparece una sensación de exclusión que alimenta el rechazo social”, acotó.

Insistió en que la participación comunitaria no debe entenderse como un obstáculo al crecimiento, sino como una condición para hacerlo sostenible, pues hay modelos turísticos internacionales que integran cadenas productivas locales, fortalecen economías regionales y generan incentivos para conservar ecosistemas.

Obras antes de permisos: práctica recurrente

Peláez también detalló que el proyecto impulsado por Royal Caribbean inició actividades mientras todavía estaba en curso el proceso de evaluación ambiental ante la autoridad federal, lo que derivó en denuncias por organizaciones y habitantes locales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Para el especialista, el caso reveló una dinámica frecuente en distintos sectores de infraestructura y extractivos en México: desarrollar intervenciones iniciales sin autorización definitiva y posteriormente buscar que la autoridad valide lo ya construido.

    “Pasa muchísimo en todo el país. Lo vemos en minería, en turismo y en distintos tipos de infraestructura: comienzan operaciones y después presentan los permisos esperando que la autoridad convalide lo que ya ocurrió”, señaló.

Recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental no es un trámite accesorio, sino el mecanismo mediante el cual el Estado evalúa si un proyecto puede realizarse, bajo qué condiciones y cuáles serían sus medidas de mitigación.

El reto para México: atraer inversión sin deteriorar el ambiente

El Dr. Peláez Padilla consideró que México enfrenta un desafío mayor: fortalecer su capacidad regulatoria, lo que implica actualizar normas ambientales, mejorar mecanismos de evaluación, supervisar el cumplimiento de medidas de mitigación y exigir mayor responsabilidad a los desarrolladores.

Aclaró que el objetivo no es detener toda inversión ni cerrar oportunidades económicas, sino construir proyectos que generen beneficios reales y mantengan condiciones ambientales viables para el futuro.

“Las cosas no están mal porque haya desarrollo; están mal cuando el desarrollo se hace sin participación y sin límites”, planteó.