Autor: David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberá cancelar un cobro a una persona de Victoria, con motivo de una verificación e inspección, ya que mediante la ejecutoria 154/2024, Magistrados Federales, le negaron el amparo a la dependencia federal, en contra del Juzgado Decimosegundo de Distrito, porque el órgano federal incumplió con el requisito de señalar la fecha en que realizaría la inspección.

La Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, el Juez no determinó la procedencia de la acción porque la actora demostrara que hubo irregularidades en la determinación de su consumo de energía eléctrica, sino por el incumplimiento en el que incurrió la demandada respecto del contrato para el suministro de energía eléctrica que celebró con la parte actora.

El 27 de junio del 2023, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, emitió la sentencia del juicio oral mercantil 22/2022, mediante el cual declaro la nulidad del ajuste a la facturación, emitido por la División Comercial Golfo Centro, Zona Comercial Victoria, de 25 de noviembre de 201, y declara la nulidad del cobro y la suspensión al servicio eléctrico, la CFE recurre al juicio de amparo.

La Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que el Juez, preciso que, en el aviso de revisión no cumplió con el requisito de señalar la fecha en que realizaría la inspección, a fin de que el usuario pudiera estar presente en la revisión para defender sus derechos; no precisó el periodo que abarcaría la revisión, el fundamento y objeto de la inspección; que se hubiese respetado el derecho del interesado de ofrecer testigos.

Además, en el acta de revisión al sistema no existe certeza que el verificador se hubiere identificado correctamente con el propietario del inmueble; sin precisar qué documento lo habilitaba como verificador o inspector de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, como lo ordena el artículo 107, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo a la CFE.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria (Comapa), deberá reinstalar a un especialista en soporte técnico, ya que mediante la ejecutoria 561/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), por argumentar que era empleado de confianza.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la Comapa no justificó sus afirmaciones en el sentido que el accionante desempeñaba un puesto de confianza en el que desarrollaba funciones de inspección, vigilancia, supervisión y fiscalización y que no pertenecía al sindicato, además que los trabajadores de confianza no podían ser acreedores a los beneficios del Contrato Colectivo.

El 25 de abril de 2023, el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral 186/M/2020, mediante el cual condeno a la Comapa, a la reinstalación del trabajador, al pago de aumentos y nivelación salarial subsidio del 100 por ciento al impuesto sobre la renta del pago de aguinaldo; al pago de diferencias de prima vacacional, vacaciones, entre otros, la dependencia recurre al juicio de amparo, argumentando que no se tomo en cuenta que el empleado era de confianza.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, debe destacarse que el actor solicitó la reinstalación por despido injustificado de su cargo de Especialista en Soporte Técnico, así como el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones; al rendir su contestación, tenemos que la Comapa, en lo esencial, sostuvo que no era cierto el despido aludido, sino que el actor en su carácter de trabajador de confianza fue relevado de su puesto, por lo que carecía de estabilidad en el empleo.

Contra las consideraciones del Tcatsem, la Comapa sólo formula argumentos relativos a que el cargo de su contraparte sí era de confianza, sin embargo, nada controvierte sobre el hecho de que era su carga justificar la calidad de confianza del trabajador y que no demostró esta aseveración durante la secuela procesal, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo a la dependencia municipal.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La sala regional del golfo norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), reconoció una resolución donde se le paga menos pensión a un ciudadano, porque el cheque presentado es copia, pero no tomo en cuenta que cuenta con el código QR y la cadena digital que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante lo cual mediante la ejecutoria 402/2023 otorgaron el amparo, para que se tenga por cierto lo señalado por el afectado.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria, donde se resolvió que, le correspondía a al TFJA analizar las prestaciones reclamadas, tomando en consideración hechos narrados y los documentos anexos a su demanda, como la hoja única de servicios, los cuales debieron tenerse por ciertos, al no haber sido desvirtuado por la autoridad demandada al momento de contestar la demanda.

El 31 de mayo de 2023, la sala regional del golfo norte del TFJA, emitió la sentencia del juicio de nulidad 209/23-18-01-7, mediante el cual reconoció la validez de la resolución del departamento de pensiones de la Delegación Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (Issste), mediante el cual se le paga menos de lo debido, ante lo cual el afectado recurre al juicio de amparo.

La Magistrada María Felícitas Herrera García, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, contrario a lo señalado por el TFJA, debió tomar en consideración que ante la falta de contestación del Issste, los hechos narrados por la parte actora debían tenerse por ciertos, en los que, en lo que interesa, se advierte que señaló que en dos mil dieciséis, tenía un ingreso mensual de tal cantidad, lo cual esta concatenado con el cheque que anexó a su demanda, los cuales no fueron objetados por la autoridad de forma alguna.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se deje insubsistente la sentencia reclamada; se emita otra en la que, resuelva la pretensión del actor, partiendo de la base que los hechos narrados en su demanda, deben tenerse por ciertos, ante la falta de contestación de la autoridad demandada y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva la litis planteada conforme a derecho.

Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), absolvió a Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), de corregir el salario de un coordinador dictaminador de servicios especializados, violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, ante lo cual mediante la ejecutoria 923/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo, para que se corrija al Laudo.

El Magistrado Edgar Alonso Ambriz Tovar, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Tampico, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, esa determinación resulta ilegal porque la corrección del salario que se cubre a un trabajador depende de que tal estipendio corresponda a las funciones que realiza y al código asignado, en virtud de que el artículo 19 la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

El 13 de febrero de 2013, el Tcatsem, emitió el Laudo del juicio laboral 391/E/2019, absolviendo de todo a SST, entre ello de la corrección al salario; el trabajador recurre al juicio de amparo, argumentando que, acreditó que su puesto de trabajo corresponde al reclamado, pues inclusive SST reconoció dicho cargo, de ahí que sea procedente que se le condenara a la misma al pago de las diferencias que existen entre los salarios descritos en los contratos.

El Magistrado Edgar Alonso Ambriz Tovar, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, de los contratos se advierte que en ellos se estableció como categoría o puesto de trabajo: “Coordinador dictaminador de servicios especializados”, que es precisamente la indicada por el accionante en su demanda; SST también propuso, entre otras pruebas, las documentales consistentes en hojas de nómina y recibos de pago, en los que se establece como código del actor, que es justamente el indicado por dicha parte en su demanda.

El pleno judicial, otorga el amparo para que el Tcatsem, determine cuál es el salario que legalmente corresponde a la categoría desempeñada por el actor y tomando en cuenta el salario que efectivamente percibió, determinará si tiene derecho o no a obtener el pago de las diferencias salariales y, en su caso, fijar su monto, al margen de que resultó improcedente la acción encaminada a obtener el nombramiento definitivo.

SENTENCIA COMPLETA DE AMPARO:  El Tcatsem deberá;

1. Dejar insubsistente el laudo reclamado.

2. Reponer el procedimiento de origen para el efecto de prevenir a la parte actora a fin de que:

2.1. Aclare la pretensión contenida en el inciso a) de la demanda laboral; es decir, si lo que está reclamando al referirse a una “restitución” en su trabajo es una “reinstalación”, y precise sus términos.

2.2. Indique si la relación laboral con el demandado terminó (en su caso precise fecha) o si a la fecha de demandar estaba vigente, y, en caso de ser afirmativa la respuesta, en qué condiciones se está desarrollando (puesto, lugar de adscripción, jornada, salario, y cualquier otra circunstancia con la que se evidencie la forma de la relación laboral).

2.3. Respecto de las prestaciones extralegales identificadas con los incisos k), n) y o) de la demanda laboral, señale dónde se encuentran reguladas, así como sus características.

En el entendido que formulado el requerimiento en los términos indicados y, de ser atendido por el trabajador, deberá dar vista a la parte demandada a efecto de que tenga oportunidad de pronunciarse sobre el particular, confiriéndole la oportunidad de ofrecer pruebas sólo en los aspectos motivo de aclaración.

3. Hecho lo anterior, emitirá un nuevo laudo en el que se pronunciará con plenitud de jurisdicción en torno a los reclamos objeto de aclaración [a), k), n) y o)].

4. En ese nuevo acto de decisión laboral:

4.1. Reiterará la absolución decretada respecto de la prestación b) de la demanda laboral.

4.2. Resolverá de nueva cuenta las prestaciones c), d) y j) de la demanda laboral, para lo cual debe superar las deficiencias formales en las que incurrió, analizando las pruebas propuestas por las partes a fin de establecer, si la parte demandada cumplió con la carga probatoria que le corresponde sobre la fecha de ingreso del trabajador y antigüedad generada. Posteriormente, determinará cuál es el salario que legalmente corresponde a la categoría desempeñada por el actor y tomando en cuenta el salario que efectivamente percibió, determinará si tiene derecho o no a obtener el pago de las diferencias salariales y, en su caso, fijar su monto, al margen de que resultó improcedente la acción encaminada a obtener el nombramiento definitivo.

En la inteligencia de que la responsable no debe perder de vista que: I) el salario que debe cubrirse a un trabajador de la entidad demandada depende de que tal estipendio corresponda a las funciones que realiza y al código asignado; II) en el caso no existe controversia sobre las funciones y código asignado al actor, por lo que la carga de acreditar que se cubrió el salario correcto corresponde a la parte demandada; III) el salario de los trabajadores del organismo demandado se encuentra establecido en los Tabuladores generales de sueldos, sin que su monto pueda ser disminuido por ningún concepto, observando el principio de igualdad y IV) para determinar el estipendio del actor, debe atender dichos tabuladores, para lo cual puede tomar en cuenta los aportados por el actor, correspondientes a los años 2008 a 2021, o bien, se encuentra en condiciones de efectuar consulta en las páginas oficiales que corresponda, de conformidad con las consideraciones de esta ejecutoria.

4.3. Declare procedente el reconocimiento de antigüedad demandado [prestación f)] y determine, tomando en cuenta las cargas probatorias establecidas en el artículo 784, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, previamente indicadas, cuál es la antigüedad que quedó demostrada en juicio.

4.4. Se pronuncie en torno a la prestación e) de la demanda laboral, y ponderando las circunstancias destacadas en esta ejecutoria, determine si el demandado acreditó su postura defensiva en el sentido de que al trabajador, por ostentar el estatus de trabajador eventual, no le son aplicables las Condiciones Generales de Trabajo que imperan en la demandada, analizando en conciencia si los argumentos que sustentaron su defensa son coherentes entre sí y, a su vez, coherentes con las pruebas aportadas al juicio.

4.5. Tomando en cuenta lo que resuelva sobre la prestación e), se pronuncie sobre las diversas prestaciones h), i), m), p), q), r), s) y t). En el entendido de que, en caso de resolver que son aplicables al trabajador las Condiciones Generales de Trabajo, ello no implica necesariamente condena contra el patrón.

4.6. En cuanto a las prestaciones g) y u) del escrito de demanda, fundada y motivadamente la responsable deberá establecer de qué forma la patronal demostró, en su caso, el cumplimiento del deber constitucional de brindar seguridad social al trabajador durante la vigencia del nexo de trabajo y ante qué organismo, en la inteligencia de que, de no haber quedado demostrado tal aspecto, deberá establecerse la condena que en derecho corresponda, sin soslayar el tema del salario, pues en su caso debe tenerse en cuenta el que exactamente corresponde al accionante.

5. Reitere el veredicto de absolver a los terceros: 1) Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado [SUTSPET], 2) Instituto de Previsión y Seguridad Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas [IPSSET], 3) Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado [FOVISSSTE] y 4) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE],

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, obligo a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado (JLCA), en Reynosa, a ejecutar un Laudo en contra del organismo público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas (SST), ya que al no hacerlo en el tiempo establecido en la ley, se violo la garantía constitucional de justicia rápida en perjuicio de un trabajador.

La Juez Iris Ileana de León Martínez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, señalo en la sentencia que, no se ha dado integral cumplimiento al laudo en el juicio laboral 378/5/2008, pues si bien en requerimiento de pago y embargo de 18 de agosto de 2022, se declaró procedente trabar embargo sobre las cuentas bancarias por la cantidad reclamada y se ordenó acordar girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria a fin de verificar si existen cuentas a nombre del demandado, no se advierte que se haya efectuado trámite alguno para tal efecto.

Cabe destacar que SST, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante estar legalmente notificada del oficio por el que se le solicitó el informe de mérito, según se observa de la constancia que obra en autos (foja 22), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se le reclama.

La Juez señalo que, se viola la garantía individual de justicia pronta y expedita tutelada por el artículo 17 de la Carta Magna, pues la Junta se ha alejado de los principios establecidos por el artículo 685, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, y que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

El juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que, la Junta Especial Número Cinco de la JLCA en Reynosa, de inmediato de integral cumplimiento al laudo firme en el juicio de origen, y allegue constancia que acredite haber llevado a cabo tal actuación, en este caso, la Juez Adriana Yolanda Vega Marroquín, titular actual del Juzgado, ya dio por cumplida dicha resolución, una vez que SST entrego las pruebas correspondientes.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- La empresa comercial Oxxo en Nuevo Laredo, fue obligada a pagar la indemnización constitucional a una persona despedida injustificadamente, ante lo cual mediante la ejecutoria 818/223, Magistrados Federales, sobreseen (no otorgan amparo, pero tampoco lo niegan, ya que la autoridad laboral informó que se pagó la totalidad de la condena en el Laudo y por tal motivo el juicio laboral quedo totalmente concluido.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, por ende, ante esa nueva situación de hecho, se estima actualizada la causal de improcedencia de referencia, cuenta habida que aun subsistiendo el laudo reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de que se encuentra cumplido en su totalidad ante la autoridad laboral.

El 27 de octubre del 2023, la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Nuevo Laredo, emitió el Laudo del juicio laboral 246/7/2022, condenando a Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días, media hora interjornada, entre otras, la empresa recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Jesús Adrián Perales Hernández, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, mediante oficio 779/2024, la Junta responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones, entre las que se destaca la comparecencia de 5 de agosto de 2024, en la que Oxxo, así como la parte actora, acudieron a manifestar que habían llegado a un convenio para cubrir al accionante las prestaciones a las que fue condenada la empresa, a fin de dar por concluido el juicio laboral del que emana el laudo reclamado.

En consecuencia, debe estimarse que aunque materialmente subsista el acto reclamado, el objeto o la materia del mismo dejó de existir, pues las partes dentro del juicio natural llegaron a un convenio en cumplimiento del propio laudo, por lo cual, si en el caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria.