Autor: David Zárate Cruz

Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Juzgado Primero de Distrito en Ciudad Victoria, de manera incorrecta sobresee (no otorga amparo, pero tampoco lo niega), cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), no le informa al trabajador de la contestación de la demanda, por loque mediante la ejecutoria 224/2023, otorga el amparo a fin de que se corra traslado de dicha contestación.

El Magistrado Miguel Ángel Villaseñor Reyes, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Tampico, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió, fue incorrecta la decisión del Juzgado de Distrito de sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al apreciar del informe justificado, que el Tcatsem, dictó acuerdo de 25 de mayo de 2023, en el que señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen.

El cinco de junio del 2023, el Juzgado Primero de Distrito en Ciudad Victoria, emitió la sentencia del juicio de amparo 723/2023, mediante la cual sobresee, en contra del Tcatsem, por la omisión de correrle traslado con la contestación del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset) en el juicio laboral, porque ya se había emplazado a la audiencia de pruebas y alegatos, el trabajador presenta recurso de revisión.

La Magistrada Mariela Estefanía Zurita Lugo, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el 18 de junio de 2018, el trabajador demandó a Servicios de Salud de Tamaulipas, (SST) el pago de diferencia salarial, entre otros, el Tcatsem, pese a que ya habían sido emplazados, el demandado y los terceros llamados a juicio, no le corrido traslado con sus contestaciones; entonces, el 8 de marzo de 2023, y solicitó se señalase fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que el Juzgado no debió sobreseer.

El pleno judicial revoca la sentencia y otorga el amparo para que, el Tcatsem, Inmediatamente, continúe la tramitación del procedimiento sin dilación y lleve a cabo todas las diligencias necesarias hasta que el expediente se encuentre en estado de resolución, esto es, se agote en su totalidad la etapa de pruebas y alegatos, proveyendo sobre las pruebas ofrecidas por las partes y su respectivo desahogo.

Matamoros, Tamaulipas, México, América.- La Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Matamoros, se ha tardado más de cinco meses en turnar un expediente para que se dicte Laudo, después de dar dos días a las partes para formular alegatos, ante ello, mediante la sentencia 1358/20245, el Poder Judicial Federal, otorgó el amparo a una persona, para que se turne, por haberse violado la garantía constitucional de justicia rápida.

El Juez Josué Juárez Hernández, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Matamoros, resolvió, en contravención al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el auxiliar omitió dictar el cierre de la instrucción, mucho menos se turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo, actuaciones que la Junta responsable estaba obligada a elaborar por conducto del funcionario omiso, quien es su subordinado, actualizándose la violación constitucional.

De las constancias en que la autoridad responsable se apoyó para emitir su informe, se advierte que mediante auto de 17 de julio de 2025, dictado dentro del expediente administrativo laboral 716/E06/2020, la Secretaria de Acuerdos adscrita a la junta responsable, certificó que ya no quedaban pruebas pendientes por desahogar o diligenciar, por lo que concedió un término de dos días hábiles para que las partes formularan alegatos.

Si bien es cierto que la omisión de decretar el cierre de la instrucción no recae directamente en la Junta responsable, también es cierto que sí le es atribuible a diversos funcionarios, en el caso, al auxiliar adscrito a ese órgano colegiado, quien se encuentra bajo su mando, por lo que, aquella debe ceñirlo a que respete los términos que establece la Ley Federal del Trabajo en el trámite de los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción a fin de cumplir con los términos legales.

En ese orden de ideas, al haberse transgredido en perjuicio de la parte trabajadora su derecho de pronta impartición de justicia garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que, se decrete el cierre de la instrucción en dicho procedimiento, se turne el asunto para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), deberá pagar pensión definitiva por invalidez a una persona, ya que mediante la ejecutoria 40/2025, Magistrados Federales, le negaron el amparo al organismo en contra de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Reynosa, porque el perito medico de la institución no presento su dictamen y se declaró desierta dicha probanza, entre otros.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, pues si bien es cierto que la autoridad responsable declaró desierta la prueba de la intención del instituto, cierto es también que tal determinación lo fue en consecuencia al apercibimiento realizado al perito propuesto, así como a diversas constancias que obran en autos que ponen de manifiesto que tal falta fue imputable únicamente al experto del demandado.

El 17 de septiembre del 2024, la Junta Especial Número Sesenta de JFCA en Reynosa, emitió el Laudo del juicio laboral 815/2017, mediante el cual condeno al IMSS, a otorgar y pagar, la pensión de invalidez definitiva en términos de la Ley del Seguro Social de 1973, al otorgamiento de la atención médica, clínica, farmacéutica y demás prestaciones, al pago de aguinaldos, a partir del año 2017 y subsecuentes, el organismo recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Jesús Adrián Perales Hernández, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, en audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de 20 de octubre de 2017, la Junta laboral aceptó la prueba pericial propuesta por el instituto demandado, señaló las 12 horas con 30 minutos del 12 de marzo de 2018, para la aceptación y protesta del cargo del experto y exhibición del dictamen pericial; asimismo, apercibió que en caso de no presentar tal prueba se declararía desierta.

A la segunda vez que la perito no presenta su dictamen, en la fecha y hora programadas, se hizo constar la inasistencia de la perita del IMSS, por lo que a petición de la apoderada de la parte actora, la Junta hizo efectivo el apercibimiento decretado previamente y declaró desierta la pericial médica del instituto, por falta de interés jurídico, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Banco Banorte, deberá regresar la cantidad sustraída en cuatro operaciones de internet de la cuenta de una persona ce esta capital, ya que mediante la ejecutoria 178/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo a la institución crediticia, en contra del Juzgado Tercero Civil de Altamira, ya que no demostró la fiabilidad y seguridad de tales operaciones conforme a las normas establecidas en la Ley.

El Magistrado Ricardo Alejandro González Salazar, presidente del  Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, en el caso, la institución bancaria, no señala cómo es que las pruebas documentales como lo son el log de autorizaciones o sistema de control de autorizaciones de acceso y registro de token ABM, acreditan la fiabilidad y seguridad al margen de que el cuentahabiente tiene claves de acceso.

El siete de febrero del 2023, el Juzgado Tercero Civil de Altamira, emitió la sentencia del juicio oral mercantil 700/2020, mediante la cual, declaro la nulidad e ineficacia absolutas de los cuatro pagares, váuchers, o de cualquier documento electrónico o digitalizado relacionados con las cuatro transacciones operaciones de fecha 3 de septiembre de 2020, con cargo al número del tarjetabiente, El banco Banorte recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Rubén Darío Silva Saldívar, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el banco Banorte, omite señalar de qué manera constan tales datos de identificación de acceso utilizado por el usuario en el que conste que se siguieron los protocolos  correspondientes y que la transacción derivó del dispositivo registrado: por estas razones las pruebas fueron desestimadas por el Juzgado, al no demostrar que provienen de un procedimiento establecido normativamente para acreditar su fiabilidad.

Es decir, para que pueda operar a favor de una institución crediticia la presunción en el sentido de que el mensaje de datos que autoriza una transacción proviene indudablemente del emisor, es necesario que durante el procedimiento aquélla acredite fehacientemente que la plataforma donde se ejecutó la operación es fiable y segura, ante lo cual el pleno judicial emite la sentencia ejecutoria negando el amparo a Banorte.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), presento demanda de amparo, con firma falsa del representante legal, por lo que mediante la ejecutoria 107/2024, Magistrados Federales, sobreseen (no otorgan amparo, pero tampoco lo niegan), quedando firme un Lado que beneficia a un trabajador del Hospital Civil de Victoria, para que se le pague la seguridad social.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la consecuencia de que deriva de ser falsa la firma del escrito de demanda de amparo, implica que la demanda no proviene de la parte agraviada, al carecer de signo gráfico de su autor, que permita tener por expresada su voluntad de accionar ante los Tribunales Federales en defensa de sus derechos humanos.

El tres de julio de dos mil veintitres, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Victoria, del Estado, emitió el Laudo el juicio laboral 310/3/2015, condenando a SST, a inscribir y paga las cuotas del trabajador ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), despensa, ayuda de servicios, horas extras y otros, la dependencia recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, a quien correspondió estudiar el Asunto, determino que, el dictamen de la perito, de la incidentista, convence para determinar que la firma de la demanda de amparo no fue puesta del puño y letra del apoderado de SST, ya que, se ajustó a los cuestionarios exhibidos por los oferentes de las pruebas y llevó a cabo un análisis detallado de la firma estampada en la demanda de amparo (dubitable) y las estampadas en el documento denominado “Ejercicios de escrituras”17 (indubitables).

Por tanto, como el dictamen analizado reúne los requisitos técnicos y metodológicos necesarios para que las observaciones realizadas y conclusiones a las que arribó la perito, puedan ser aceptadas, a efecto de ilustrar el criterio de este órgano jurisdiccional, el mismo merece pleno valor probatorio, ante lo cual el pleno judicial emite la sentencia ejecutoria y sobresee, por lo que queda firme el Laudo en beneficio del trabajar del Hospital Civil.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, viene requiriendo al Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsset) del Estado de Tamaulipas, el cumplimiento a la sentencia 495/2024, que otorgo el amparo a varias personas, y no descontar y regresar el dinero ya descontado de su pensión, al declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley de dicho organismo, al violar la igualdad y previsión social constitucional.

La Juez Judith Alhelí Andrade Villafán, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, resolvió, de acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, la imposición de la citada obligación -con la deducción realizada en los recibos de pago exhibidos-, viola en perjuicio de los pensionado los principios de igualdad y previsión social previstos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal.

La sentencia emitida el 29 de septiembre del 2025, otorgo el amparo para que el Ipsset, dejen de aplicar en perjuicio de los pensionados el descuento a la pensión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley de dicho Instituto, sin perjuicio de que sigan recibiendo el beneficio de seguridad social aludido –servicio médico-; y, devuelvan las cantidades que se hubieran descontado respecto a su pensión.

La Juez, señalo que, cuando un trabajador está en activo y recibe un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente.

En ese contexto, el Máximo Tribunal del País sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos por la ley, entre los que se encuentra el servicio médico, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben calcularse para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El ex Quinto Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en Matamoros, dio valor probatorio para acreditar delito, a copias de expedientes, violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, ante lo cual mediante la ejecutoria 674/2022, Magistrados Federales otorgaron el amparo a un acusado, para que se niegue valor probatorio a las copias certificadas de las declaraciones ministeriales.

El Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, si bien la sola exhibición de las copias no viola los principios de debido proceso y de legalidad, pero sí es violatorio que el juzgador considere que su contenido material puede tener algún valor probatorio para acreditar el delito o la responsabilidad penal, ya que tales copias sólo deben tener el carácter de documental pública.

El 28 de noviembre del 2019, el ex Quinto Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en Matamoros, emitió la sentencia de apelación 216/2019, confirmando la sentencia condenatoria del once de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente 15/2015-I, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, el acusado recurre al juicio de amparo.

La Magistrada Piedad del Carmen Hernández Ávila, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, una declaración no producida en el proceso penal en que se actúa, por haberse recibido en una indagatoria ministerial o causa penal diversa, pero que se introduce como elemento de prueba en copia certificada, no debe ser objeto de apreciación conforme a su contenido material -testimonio-, sino de prueba documental pública que acreditan la existencia de una indagatoria en contra de persona determinada.

El pleno judicial otorga el amparo para que el Tribunal de Apelación del Decimonoveno Circuito en Matamoros, al resolver sobre la acreditación del delito de delincuencia organizada: a).- Deberá negar valor probatorio a las copias certificadas de las declaraciones ministeriales  y resolver lo que en derecho corresponda; debiendo destacar que en este caso, la ejecutoria ya fue dada por cumplida.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal obligo a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Victoria, a emitir un Laudo, ello en cumplimiento a la sentencia 1004/2025, que otorgó el amparo, ya que, al no hacerlo desde el dos de enero del 2024, dicha autoridad violo la garantía constitucional de justicia rápida en perjuicio de una persona de estas capital.

El Juez José Guerrero Durán, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Victoria, resolvió en la sentencia que, de las manifestaciones expuestas por el afectado en su demanda de amparo, así como de la constancia que anexó de manera electrónica, se advierte que la Junta desde el 2 de enero de dos mil 2024, declaró cerrada la instrucción, dentro del expediente laboral19/2018, ordenando turnar los autos al Auxiliar proyectista, a fin de emitir la resolución correspondiente, sin que a la fecha se aprecie que lo haya hecho.

Son fundados los argumentos en los que señala el demandante, que la omisión reclamada atenta contra la pronta y expedita impartición de Justicia, contempladas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunque para ello sea necesario suplirlo en su deficiencia por tratarse de la parte trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Así, el derecho fundamental aludido, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho.

El Juzgado emite la sentencia el 21 de agosto del 2025, otorgado el amparo para que la Junta Especial Número Treinta y Siete de la JFCA en Victoria, dicte, laudo en los autos del expediente laboral 19/2018: Debiendo destacar que dicha resolución ya fue dada por cumplida, una vez que autoridad laboral, envió las pruebas correspondientes d haberlo hecho en los términos ordenados.