Autor: David Zárate Cruz

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El Juzgado Primero Penal de Reynosa, fue obligado por el Poder Judicial Federal a realizar una prueba pericial para determinar si un procesado fue torturado, ello en cumplimiento a la sentencia 901/2022, que otorgo el amparo, por pasar mas de un año, sin que se llevara a cabo dicha prueba, violándose las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso.

El Juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juez Octavo de Distrito Reynosa, resolvió que, desde la fecha en que se ordenó el desahogo de las periciales referidas (5 de noviembre de 2021), en el juicio penal 124/2021, hasta la fecha, ha transcurrido más de un año, sin que se pueda llevar a cabo la referida pericial en la causa de origen, con lo que se están vulnerando los artículos 17 y 20 Constitucionales, con lo que se ha materializado un retraso en el avance del proceso por la falta de los proveídos relativos para lograr la obtención de esa prueba.

El Juez señalo Federal señalo que, corresponde al Juez de la causa realizar todas las medidas pertinentes de manera diligente para lograr el desahogo de la citada probanza, ya sea mediante el uso requerimientos, apercibimientos, oficios recordatorios e inclusive, requerir al procesado y a su defensa a efecto de que manifiesten si es su deseo la práctica de la aludida diligencia, pues de no ser así, podría declarar la imposibilidad material para su desahogo.

El Juzgado emite la sentencia el 15 de diciembre del 2022, para que se emita resolución y realicen todas las diligencias necesarias, por los medios más eficaces que tenga a su alcance, para el completo desahogo de la pericial en base al Protocolo de Estambul, esto es, precise qué actuaciones faltan para tal efecto y realice los requerimientos que estime pertinentes, gire oficios recordatorios, haga uso de los medios de apremio correspondientes en caso de ser necesario.

Inclusive, requiera al procesado y su defensa para que manifiesten si es su deseo la práctica de dicha probanza, adoptando las medidas necesarias a fin de que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que ordene el cumplimiento del fallo protector, integre la pericial pendiente de recabar, o en su caso, declare la imposibilidad para su desahogo, lo cual ya fue dado por cumplido.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), deberá aceptar la cantidad establecida por monto de reparación del daño, de un acusado de uso indebido de atribuciones y facultades, por hacer un pago ilegal, por servicio integral de empaque y liberación de moscas de la fruta estériles, ya que mediante la ejecutoria 595/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo a la institución Federal.

El Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, en el caso, lo expuesto por el Fiscal en la vista oral que le fue otorgada en el debate sobre la oposición al monto de la reparación del daño, así como en la posterior etapa de exposición de la acusación y de los datos de prueba, resultó coincidente en cuanto a que los datos  con los que contaba indicaban que el monto de la reparación del daño era por la cantidad establecida.

El 30 de agosto del 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, en Matamoros, emitió la sentencia de apelación 458/2023, donde en la primera de ellas se desestimó la inconformidad de la Senasica vinculada con el monto de la reparación del daño), y en la segunda se dictó sentencia aprobatoria de dicho procedimiento, la dependencia federal recurre al juicio de amparo.

La Magistrada Graciela Robledo Vergara, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la propia Fiscalía indicó que inicialmente se había señalado una cantidad a resarcir; pero, que existió un replanteamiento respecto al monto determinado, con motivo de una propuesta de reintegro, realizada por una persona moral, por cierta cantidad, con cuyo numerario el órgano interno manifestó su anuencia, razón por la cual, devienen infundados los motivos de inconformidad.

Sin embargo, lo que se estableció por el Juez de Control, así como por el órgano de apelación, es que una resolución administrativa de 20 de marzo de 2020, no había sido agregada a la carpeta de investigación, por lo cual no era viable tomar en consideración dicha prueba, sino, solamente la indicada por la Fiscalía, consistente en cierto pago, del que se dijo que la cantidad a pagar, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo a la Senasica.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Tribunal Agrario (TUA) en Victoria, designó perito tercero en discordia a través de la Universidad de Seguridad y Justicia (USJ), para determinar si había falsificación de firma de un documento, violando garantias constitucionales, ya que debe tener peritos propios, y negó otorgar parcela a demandante, ante lo cual mediante la ejecutoria 508/2023, Magistrados Federales, otorgaron amparo, anulando dicha resolución.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria, donde se resolvió que, cada TUA debe tener peritos adscritos o bien tener acceso al padrón de peritos en los términos de la normativa ya transcrita, conforme al cual se prevé la integración de un padrón de peritos, para que los Magistrados de los Tribunales Agrarios designen a los que actúen en los diferentes juicios y procedimientos.

El 28 de abril del 2023, el TUA Distrito Treinta en Victoria, emitió la sentencia del juicio agrario 32/2021, mediante la cual declaró infundada la acción de nulidad y absolvió a la demandada de la nulidad total y absoluta de la lista de sucesión de fecha 6 de diciembre del 2001, donde fue declarada heredera de 8 hectáreas, ante lo cual el hermano recurre al juicio de amparo.

La Magistrada María Felícitas Herrera García, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, en el caso en que, por algún motivo, el TUA no tenga un funcionario adscrito o se requiera la participación de alguno con una especialidad diversa a la de aquél, el peritaje podrá encomendarse a un profesionista independiente, ajeno al Tribunal, pero del padrón de peritos; en el entendido de que sus honorarios serán cubiertos con cargo al presupuesto de la estructura de los Tribunales Agrarios.

El pleno judicial otorga el amparo para que el TUA en Victoria, deje insubsistente la sentencia reclamada; Reponga el procedimiento, para que designe un perito de su adscripción o en su defecto del Tribunal Superior Agrario, que funja con el carácter de tercero en discordia y desahogue la prueba pericial admitida en el juicio agrario. Hecho lo anterior continúe el procedimiento como corresponda.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Juez Griselda Marisol Vázquez García, titular del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Victoria, violo garantías constitucionales, al pasar por alto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no controvirtió el ingreso de una enfermera y condena a reconocer 14 años de antigüedad, cuando se reclamó 18 años, ante lo cual mediante la ejecutoria 639/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo.

El Magistrado Guillermo Cuautle Vargas, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la Jueza pasó por alto que atento a hechos no controvertidos establecidos en la audiencia preliminar de 10 de julio de 2023, figuró entre otros que la parte actora ingresó a laborar como laboratorista, y que la parte demandada no negó esos hechos; es decir, no se advierte una refutación tajante sobre el primer puesto que ostentó la trabajadora.

El 29 de agosto del 2023, el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Victoria, emitió la sentencia del juicio laboral 45/2023, mediante la cual se condena al IMSS al reconocimiento de antigüedad de la persona actora, como sigue: catorce años, dieciocho quincenas y cinco días de antigüedad que corresponden del 25 de noviembre de 2008 al 29 de agosto de 2023, la enfermera recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Luis Saldaña Romo, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el laudo se dicto de manera dogmática y en franca violación al artículo 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que su condena se basa sin ocuparse de las defensas de la trabajadora, emitiéndose un laudo falto de exhaustividad y congruencia; ya que fue omisa en tomar consideración el hecho no controvertido y distribuyó las cargas procesales atinente a la demostración de la fecha de ingreso, lo que a su consideración satisfizo parcialmente.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se deje insubsistente la sentencia reclamada y hecho lo anterior, siguiendo las directrices de esta ejecutoria, fije y analice la litis en los términos expuestos en esta ejecutoria, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, para lo cual deberá atender lo peticionado en la demanda, confrontada con las excepciones aducidas en la contestación y a la luz de las pruebas aportadas al juicio.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- La Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA) en Matamoros, valido una contestación deficiente de una empresa, y negó la indemnización constitucional a un trabajador, ante lo cual mediante la ejecutoria 216/2024, Magistrados Federales, otorgaron amparo al obrero, para que se emita un nuevo laudo dejando de tomar como excepción que el demandante dejo de acudir a trabajar.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la demandada en ningún momento opuso la excepción de que la actora dejó de asistir a su empleo, sino que fue una manifestación realizada al contestar los hechos de la demanda, por lo que así deberá ser considerada, consecuentemente, fuera de litis lo relativo al abandono del empleo, la responsable no debió tomar en consideración una testimonial.

El 26 de enero del 2024, la Junta Número Seis de la JLCA, emitió el Laudo del juicio laboral 113/2019, mediante el cual absolvió a la empresa de la indemnización constitucional, y condeno al pago del proporcional de aguinaldo correspondiente al último año de servicios, el trabajador recurre al juicio de amparo cuestionando el valor probatorio otorgado a dos testimoniales, a propósito de lo cual identifica en ellas diversas inconsistencias.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, si la litis, se constituyó por la afirmación del actor de que fue despedido en forma injustificada y la del demandado quien lo negó y adujo que dejó de presentarse a laborar, la Junta solo podía admitir y valorar las pruebas relacionadas con la controversia, esto es, aquellas tendentes a desvirtuar la existencia del despido, pero no del hecho consistente en que el trabajador dejó de presentarse a laborar, al no ser ese argumento, una excepción.

El pleno judicial otorga el amparo para que, la Junta deje insubsistente el laudo reclamado; y, En su lugar, dicte otro en el que reitere aquello que no fue materia de concesión, con la salvedad que deberá prescindir de tomar como excepción de la patronal la manifestación relativa a que el actor dejó de presentarse a su trabajo, como de considerar la prueba testimonial a cargo de dos testigos y, hecho lo cual resuelva en consecuencia.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, el Tcatsem tomó en consideración que existían dos dictámenes periciales que eran coincidentes, y estableció que analizadas, tanto la presuncional legal y humana, así como la instrumental pública de actuaciones, llegaba a la conclusión de que, el trabajador no había impuesto su firma en el documento denominado renuncia.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Ayuntamiento de San Fernando, deberá reinstalar a un auxiliar administrativo, que fue despedido injustificadamente en enero del 2018, ya que mediante la ejecutoria 625/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo al Gobierno Municipal en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), por que el documento de renuncia voluntaria es falso.

El ocho de mayo de dos mil veintitrés, el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral 87/M/2018, mediante el cual condeno al Ayuntamiento de San Fernando, a la reinstalación del actor en la fuente de Trabajo, al demostrarse que el escrito de renuncia no había sido firmado por el; pago de salarios caídos y reconocimiento de antigüedad, la autoridad municipal recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el perito de la parte actora y el tercero en discordia, son coincidentes en señalar que las firmas contenidas dentro de la renuncia y recibo de finiquito, se determina que esta probanza no beneficia a los intereses de la parte demandada, no se acredita lo expuesto por el Ayuntamiento de San Fernando en su contestación relativo a que fue el propio actor quien renunció de manera voluntaria a su empleo.

Es, es así debido a que de los dictámenes periciales allegados por el perito designado por la actora y el perito tercer en discordia, se advierte que las firmas estampadas en la renuncia voluntaria y el finiquito, ambos de fecha 9 de enero de 2018, no fueron impuestas por el actor, de ahí que se desvirtúa el hecho de que fue el accionante quien presentó su renuncia voluntaria, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, deberá pagar mil 620 días de salario por Incapacidad Total Permanente por Enfermedad de Trabajo a un jubilado que laboro como inspector técnico de operación, ya que mediante la ejecutoria 376/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo a la dependencia federal en contra de la autoridad laboral, por ser infundados sus argumentos jurídicos.

El Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, en el caso, la autoridad responsable sí expuso las razones por las que consideró procedente la pretensión del actor de que se reconociera la existencia de diversas enfermedades profesionales, y se condenara a la patronal al pago de la indemnización correspondiente.

El 11 de abril del 2023, la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Reynosa, emitió el Laudo del juicio laboral 608/2022, mediante el cual condeno a Pemex Exploración y Producción, a pagar mil 620 dias de salario por Incapacidad Total Permanente por Enfermedad de Trabajo al jubilado, el ogano federal recurre al juicio de amparo presentando sus argumentos jurídicos.

La Magistrada Piedad del Carmen Hernández Ávila, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la Junta señalo que le corresponde al patrón probar las condiciones de trabajo, y que ante la deficiencia probatoria se tenía por cierto que el actor había llevado a cabo sus actividades expuesto a ruidos y trepidaciones de gran intensidad; expuso que la pérdida auditiva y la lumbalgia, son enfermedades que la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo, reconoce como patologías laborales dentro de la industria del petróleo.

Luego, la Junta valoró los dictámenes periciales y concluyó que el dictamen del perito del actor y tercera en discordia tenían eficacia probatoria, por ser más completos precisos y contener mayores elementos de convicción, como son el origen de los padecimientos y el análisis de las limitaciones del actor; en cambio, desestimó el dictamen del perito propuesto por el demandado, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo a Pemex.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), violo las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso, al pasar por alto que un recurso de revisión estaba resuelto y sobresee una demanda contra la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), por recisión de contrato de obra pública, ante lo cual mediante la ejecutoria 585/2023, Magistrados Federales otorgan amparo a un constructor.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria onde se resolvió que, la manifestación de la autoridad demandada en el sentido de que se encuentra resuelto el recurso de revisión interpuesto por la actora en contra de oficio de 24 de mayo de 2019, dictaminado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, no fue tomada en cuenta para determinar si ese dato corroboraba el contenido de la copia simple.

El 1 de agosto del 2023, el TFJA en Victoria, emitió la sentencia del juicio de nulidad 1422/19-18-01-3, mediante la cual sobresee (no resuelve a favor, ni en contra), sobre la recisión del contrato de obra publica por la SCT, el constructor recurre al juicio de amparo, argumentando que, la responsable soslayó que al contestar, la autoridad demandada reconoció que el recurso de revisión que confirmó la resolución, ya se había resuelto.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el TFJA soslayó la manifestación de la SCT en su escrito de contestación, en el sentido de que: “…el contratista interpuso recurso de revisión en contra del inicio del procedimiento y posteriormente en contra de la resolución de rescisión, ambos resueltos por el superior jerárquico tal y como señala la Ley procedente, así también, puede demandar su nulidad ante este Órgano Jurisdiccional…,”

El pleno judicial otorga el amparo para que, el RFJA en Victoria, deje insubsistente la sentencia reclamada; Valore la prueba confesional expresa efectuada por la autoridad demandada en relación a la existencia de la resolución del recurso de revisión interpuesto en contra del oficio, materia del juicio de origen; y, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- Los Magistrados Gloria Elena Garza Jiménez, Javier Castro Ormaechea y Jorge Alejandro Durham Infante, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) en junio de 2022, violaron garantías constitucionales, al validar confesiones de un acusado de secuestro ante elementos de la Policía Investigadora Estatal, lo cual es ilegal, motivo por el cual, mediante la ejecutoria 576/2022, Magistrados Federales, otorgaron el amparo al sentenciado.

El Magistrado Guillermo Cuautle Vargas, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la confesión que se asienta en el informe de investigación se trata de una prueba obtenida de manera directa como resultado de una violación al orden legal, dada la prohibición legal para que un policía recabe confesiones, por lo que se encuentra contaminada sin que exista atenuación y no existe una fuente independiente para la obtención de la misma.

El siete de junio del 2022, los Magistrados integrantes de la Sala Colegiada en Materia Penal del STJE, emitieron la sentencia del recurso de apelación 36/2022, mediante el cual confirmaron la sentencia 115/2018 del Juzgado Primero Penal de Reynosa, condenado al acusado a 30 años de prisión y multa de 54 mil 470 pesos por reparación de daño, se suspendió de los derechos civiles y políticos, el sentenciado recurre al juicio de amparo.

La Magistrada Minerva Castillo Barrón, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución, establece expresamente que la confesión rendida sin la asistencia del defensor carece de todo valor probatorio…, la policía investigadora no está facultada para practicar interrogatorios a imputados…, pues es únicamente el Ministerio Público, en diligencias ministeriales con defensor presente, o bien el órgano jurisdiccional, pueden recabar tales manifestaciones.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se emita otra resolución, en la que, se abstenga de otorgar valor probatorio a las manifestaciones de autoincriminación del parte informativo de 14 de marzo de 2010, de los elementos de la Policía Ministerial, sin perjuicio de que pueda ser examinado solo como pieza documental de otros datos que no deriven de tales confesiones, siempre que estos sean valorados conforme a las reglas de legalidad procesal.

Tampico, Tamaulipas, México, América.- El organismo público descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), deberá reconocer antigüedad de un trabajador de apoyo administrativo de salud A-1, desde noviembre del 2005, ya que mediante la ejecutoria 1308/2023, Magistrados Federales, le negaron el amparo, contra la autoridad laboral porque sus argumentos jurídicos no controvierten las razones de la decisión.

El Magistrado Edgar Alonso Ambriz Tovar, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Tampico, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, las consideraciones de la autoridad laboral no son controvertidas frontalmente por la parte demandada, pues se limita a precisar argumentos genéricos respecto a la falta o indebida valoración de los elementos probatorios ofrecidos por las partes, sin precisar qué elementos, a su consideración, fueron los que se omitieron analizar.

El cinco de enero del 2023, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), emitió el Laudo del juicio laboral 225/E/2020, mediante el cual condeno a SST, a reconocer la antigüedad del trabajador a partir de noviembre del 2005, la dependencia recurre al juicio de amparo argumentando que, se omitió analizar las pruebas ofrecidas, omitiendo dictar un laudo a verdad sabida y buena fe guardada.

El Magistrado Miguel Ángel Villaseñor Reyes, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, los conceptos de violación no controvierten los razonamientos lógico jurídicos que en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada expuso el Tribunal laboral del conocimiento al momento dictar el laudo reclamado, no obstante que es su obligación poner de manifiesto a través de sus conceptos de violación las razones por las cuales dicho fallo es violatorio de sus derechos, entonces los motivos de disenso resultan inoperantes.

En el laudo reclamado, el Tcatsem absolvió de la mayoría de las prestaciones reclamadas, a excepción del reconocimiento de antigüedad de la trabajadora, determinando condenar al organismo descentralizado en los términos siguientes, “la actora acredita que su relación con SST, se dio a partir del mes de noviembre de 2005, de ahí la procedencia de condenar al reconocimiento…”, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- La Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Reynosa, absolvió a Petróleos Mexicanos (Pemex) de otorgar pensión jubilatoria por incapacidad permanente a un perforador, aduciendo que un Reglamento no podía ser inconstitucional por no ser Ley, cuando si es inconstitucional, ante lo cual mediante la ejecutoria 29/2024, Magistrados Federales, otorgaron el amparo al trabajador.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la Junta Responsable pasó por alto que según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el artículo 82 del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de Pemex y Organismos Subsidiarios, es inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Federal.

El 5 de septiembre del 2023, la Junta, emitió el Laudo del juicio laboral 513/2017, mediante el cual, absolvió a Pemex de la pensión jubilatoria por incapacidad permanente, con el argumento de que, resultaba improcedente la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada debido a que el Reglamento de labores no es una norma general, al no haberse expedido por el Congreso de la Unión, el trabajador recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Jesús Adrián Perales Hernández, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, todos los trabajadores de Pemex tienen derecho a las prestaciones de seguridad social que como mínimo se establecen en la Ley, en el caso de cumplir los requisitos legales; así las cosas, se determina que el artículo 82, fracción II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex y Organismos Subsidiarios es inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad social.

El pleno judicial otorga el amparo para, se dicte otro Laudo en el que entre otros analice la prestación consistente en el acceso a la pensión por jubilación prevista en el artículo 82, fracción II, del mencionado Reglamento, y al respecto deberá considerar que el actor tiene derecho a acceder a las prestaciones en especie y económicas, equivalentes o superiores a las previstas en la Ley del Seguro Social para la incapacidad permanente.