Autor: David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas México, América.- El Banco Nacional de México (Banamex), deberá regresar lo sustraído a una persona de su cuenta bancaria y pagarle intereses, ya que mediante la ejecutoria 258/2024, Magistrados Federales, le negaron el amparo a la institución crediticia, porque en el juicio mercantil no promovió que se subsanara sobre la inexacta valoración de las pruebas, ni tampoco señala como trascendió en su contra el fallo.

El Magistrado Javier Loyola Zosa, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, contra la omisión del Juez, de pronunciarse sobre el desahogo de la prueba confesional admitida, debió promover el incidente de nulidad, durante el desarrollo de la audiencia o hasta antes de dictar sentencia, por tanto, al no promoverlo, precluyó su derecho para hacerlo valer en el juicio de amparo.

El seis de marzo del 2024, el Juzgado Segundo Civil de Altamira emitió la sentencia del juicio oral mercantil 726/2023, declarando la nulidad absoluta de las transferencias electrónicas no autorizadas por el actor, condenando a Banamex, al pago y/o devolución de la cantidad establecida corresponde al total de las transferencias electrónicas no reconocidas y el pago de los intereses legales, la institución recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, tratándose de cargos no reconocidos efectuados en cuentas de instituciones bancarias, la institución financiera depositaria tiene la obligación de conservación y restitución del dinero, si la institución bancaria depositaria del dinero no restituye el monto del cargo no reconocido a titular, vinculada a la cuenta de depósito que contrató, deberá pagar los intereses moratorios en razón del seis por ciento anual.

Esto porque la responsabilidad que provoca el descuido del dinero surge desde que se detecta su indebida disposición y no hasta la resolución favorable que se dicte en el proceso o procedimiento al que se obliga a la persona cuentahabiente a accionar para recuperar el dinero que la institución bancaria se niega a devolver, a pesar de tener que reembolsarlo, ante lo cual el pleno judicial niega el amparo

Ciudad Madero, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, obligo a la asume la subdelegación de Prestaciones Económicas de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tamaulipas, a regresar lo cobrado por un préstamo que ya había sido pagado, ello en cumplimiento a la sentencia 685/2022, que otorgo el amparo, por violarse las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso.

La Juez Alejandra Ugalde Pérez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Ciudad Madero, al momento de la sentencia resolvió que, los recibos de pago digitales expedidos a favor de la persona afectada, y se advierte que es Oficial Administrativa de Defensoría Pública Federal en Tampico, con las cuales comprueba las deducciones que le hicieron desde la quincena del 30/01/2022- préstamo a corto mediano plazo ISSSTE 1/72, hasta la quincena de 15/12/202, préstamo a corto mediano plazo ISSSTE 72/72.

Documentales que tienen valor probatorio, de conformidad con el artículo 335, 343 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y de las que se desprende que, si bien existe un préstamo personal tramitado de tipo “Extraordinario para damnificados”, “préstamo personal a corto y mediano plazo ISSSTE, a nombre del demandante, también lo es que de las constancias se aprecia que el mismo está completamente pagado.

El 11 de marzo del 2025, el Juzgado emite la sentencia, para que la titular de la dependencia del Issste en Tamaulipas, deje insubsistente el oficio 01004764 de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, en el cual ordenó al delegado administrativo del Poder Judicial Federal. Consejo de la Judicatura Federal, Tampico, la aplicación del descuento, a un plazo de nueve quincenas a partir de la segunda quincena de mayo de dos mil veintidós y que refiere al préstamo, de las prestaciones del reclamante.

Además, se emita otro oficio, en el que informe detalladamente al afectado, el estatus actual en el que se encuentra el préstamo número, tomando en cuenta que ya se encuentra totalmente pagado, asimismo, en caso de ser necesario realice los ajustes correspondientes y se le reintegren las cantidades que en su caso le hayan sido descontadas en forma irregular o bien le notifiqué si existe algún adeudo fundando y motivando el nuevo oficio.

En este caso, la Juez Nora Victoria Bonilla Marín, titular actual del Juzgado, resolvió “Con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo”.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, obligo a Daniela Karina López Garza, presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Victoria, a dar contestación a un escrito de un trabajador, ello en cumplimiento a la sentencia 1461/2025, que otorgo el amparo ya que al no hacerlo desde el ocho de agosto de dos mil veinticinco, violo la garantía constitucional de petición.

El Juez Francisco de la Fuente Martínez, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, resolvió en la sentencia que, si en el caso concreto, la parte actora, formuló ante la autoridad responsable una petición, sin que al efecto se le hubiese dado respuesta o al menos no obra constancia de ello que así lo acredite; de ahí, el suscrito juzgador arriba a la conclusión de que en el caso a estudio se vulneraron las garantías constitucionales del amparista.

En este caso, una persona acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda de amparo en contra de Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Victoria, por la omisión de acordar escrito y girar oficio solicitado el ocho de agosto de dos mil veinticinco, dentro del juicio laboral 278/E02/2016, considerándolo violatorio de la garantía constitucional de petición.

El Juez indico que, para atender la garantía explicada, se destaca que el procedimiento de origen, en lo que interesa, se rige por los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, disposiciones de las cuales se desprende concretamente el artículo 838, que señala “La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley.”

El Jugado emite la sentencia otorgando el amparo para que, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la JLCA en Victoria, acredite haber emitido, conforme a sus facultades legales, un acuerdo o destino al escrito de ocho de agosto de dos mil veinticinco, dentro del juicio laboral 278/E02/2016; debiendo destacar que dicha resolución ya fue dada por cumplida.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El centro comercial Walmart, fue obligado a pagar la indemnización constitucional a una persona despedida injustificadamente, ante lo cual mediante la ejecutoria 7/2025, Magistrados Federales emiten sentencia de sobreseimiento (no otorgar amparo, pero tampoco negarlo), ya que la empresa acudió ante la autoridad laboral a entregar la cantidad establecida en Laudo.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, se torna innecesario analizar la constitucionalidad o no de tal determinación, si como quiera ya dejó de producir consecuencias para la empresa, pues ahora la situación la rige el cumplimiento de laudo que ella misma dio ante el propio Tribunal Laboral responsable, de ahí entonces, se considera actualizada una causa de improcedencia .

El 6 de noviembre del 2024, el Segundo Tribunal Laboral Estatal en Reynosa, emitió la sentencia del juicio laboral 111/2024, condenando a Servicios Administrativos Walmart Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al pago de la Indemnización Constitucional, Salarios Caídos y Prima de Antigüedad, la empresa recurre al juicio de amparo, presentando sus argumentos jurídicos.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, con motivo de la comparecencia de 14 de febrero del 2024, de la actora y la parte demandada del juicio ante el Tribunal Laboral, la primera manifestó quedar satisfecha de todas y cada una de las prestaciones condenadas en la sentencia de 6 de noviembre de 2024, recibiendo en ese acto, de conformidad y para esos efectos, el cheque exhibido por su contraria, solicitando ambas partes el archivo del expediente como totalmente concluido.

Tal escenario conlleva a sostener que, aun cuando en el caso, la sentencia que se reclama en este juicio materialmente sigue existiendo, en cualquier hipótesis ya no está produciendo efecto alguno, en virtud de que ya fue cumplida en sus términos y a entera satisfacción de las partes contendientes, las que incluso solicitaron archivar el asunto como totalmente concluido, ante lo cual el pleno judicial sobresee el juicio de amparo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en Victoria, paso por alto que se cubrieron oportunamente las diferencias reclamadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Centro Español de Tampico, ante lo cual mediante la ejecutoria 172/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo, para que se subsane la omisión en el pago de los créditos fiscales.

El Magistrado Ricardo Alejandro González Salazar, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, si de los hechos señalados en la demanda respecto de la incidencia de rectificación en la prima de seguro de riesgo de trabajo de la resolución impugnada, se tuvieron por ciertos, asimismo, deben tenerse por ciertos los hechos de que se cubrieron oportunamente las diferencias contenidas en dicha resolución.

El 27 de enero del 2023, La Sala Regional del Golfo Norte del TFJA, emitió la sentencia del juicio de nulidad 1342/22-18-01-6, declarando la nulidad del crédito fiscal impugnado, por de diferencias de pago en el seguro de riesgos de trabajo; y reconoció la validez por la diferencia de pago de cuotas de los seguros de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y de guarderías y prestaciones sociales.

El Magistrado Ricardo Alejandro González Salazar, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, es verdad que el TFJA no hace ninguna referencia a los pagos que el Centro Español de Tampico, dice hizo del total del crédito fiscal impugnado, indica que esa cantidad deriva de un oficio; pero, al pago, refiere que corresponden al pago de sus cuotas obrero patronales de sus trabajadores de abril de 2022, sin especificar a qué conceptos se refiere, pudiendo entender que engloba el pago por todos los conceptos de seguros.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se dicte otra sentencia en la que, en cumplimiento al requisito de congruencia que establece el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: Subsane la omisión, pronunciándose los argumentos relacionados con los pagos relativos al crédito fiscal impugnado, debiendo, con libertad de jurisdicción, considerar las pruebas relacionadas con dichos pagos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- Los Magistrados Gloria Elena Garza Jiménez, Javier Castro Ormaechea y Jorge Alejandro Durham Infante, titulares de la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas (STJE), modificaron el grado de culpabilidad de un sentenciado de secuestro a medio, cuando ya había sentencia firme de mínimo, ante lo cual mediante la ejecutoria 399/2023, Magistrados Federales, otorgaron amparo al acusado.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, ejecutoria de 21 de enero de 2016, dictada dentro del toca penal 19/2014, ya se habían analizado los agravios del representante social tocantes al grado de culpabilidad del sentenciado, por tal razón, la materia de análisis ya estaba examinado, por lo que jurídicamente no era posible que la Alzada reanalizara tal planteamiento.

El doce de mayo de dos mil veintidós, la Sala Colegiada Penal del STJE, emitió la sentencia ejecutoria del toca penal 16/2023, modificando la sentencia del Juzgado primero Penal de Victoria, considerando que el grado de culpabilidad era medio y no el mínimo, imponiendo al sentenciado una pena mayor de treinta y cinco años de prisión y multa de tres mil días de salario, el sentenciado recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, de la secuela procesal, se observa que previamente a la resolución impugnada mediante el recurso de apelación que dio origen al fallo de condena reclamado en el presente juicio de amparo, el fiscal ya había planteado ante la segunda instancia como motivo de agravio, la baja penalidad impuesta al sentenciado, en una anterior apelación, el cual fue desestimado por el propio tribunal de apelación.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se emita nueva sentencia en la que, al analizar la individualización de la pena y el grado de culpabilidad del enjuiciado, determine la inoperancia de los agravios del Ministerio Público y en consecuencia, se efectúe el análisis de la apelación, tomando en cuenta que en la sentencia de primera instancia apelada se ubicó al acusado en un grado de culpabilidad mínimo, y por ende, se le impuso la pena mínima.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Juzgado Cuarto Civil de Altamira, violo las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso, al declarar improcedente un pagare, cuando este es autónomo y ejecutable mercantilmente, ante lo cual, mediante la ejecutoria 692/2023, Magistrados Federales, otorgaron amparo a una empresa financiera, para que se prescinda que un pagaré, al ser garantía de un contrato subyacente, carece de autonomía para su ejecución.

El Magistrado Javier Loyola Zosa, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, si el pagaré base de la acción cumplió con los requisitos previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por ello se consideró que tenían pleno valor probatorio en su calidad de título de crédito, debía concluirse que dicho documento es suficiente para ejercer la acción cambiaria directa.

El 24 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarto Civil de Altamira, emitió la sentencia del juicio ejecutivo mercantil 647/2023, en la que, se declaró improcedente el juicio mercantil, la empresa financiera Cetelem, recurre al juicio de amparo argumentando que, si un pagaré derivara de un diverso documento privado o que se otorgue en garantía, no le priva a su naturaleza ejecutiva.

El Magistrado Javier Loyola Zosa, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, fue ilegal que se declarara improcedente la acción cambiaria, bajo el razonamiento de que se acreditó la excepción personal de “falsedad ideológica del documento que sirve a la actora como base de la acción intentada”, derivado del contrato de crédito con garantía prendaria, que celebraron los contendientes; porque, los títulos de crédito no pierden su eficacia ejecutiva por haber sido suscritos en garantía de obligaciones diversas.

El pleno judicial integrado por los Magistrados Javier Loyola Zosa y Gerardo Octavio García Ramos y Felícitas Herrera García, otorga el amparo para que, Juzgado Cuarto Civil de Altamira, deje insubsistente la sentencia reclamada; dicte otra en la que prescinda que un pagaré, al ser garantía de un contrato subyacente, carece de autonomía para que, una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda,

Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Banco Banorte fue obligado a pagar 195 mil 106.94 pesos a una persona derivada de un juicio oral mercantil, por lo que mediante la sentencia 890/2024, el Poder Judicial Federal, sobresee (no otorga amparo, pero tampoco lo niega), ya que dicha institución pago lo condenado por el Juzgado Cuarto de Civil de Altamira, y por tal motivo ya no hay nada que sustanciar en el juicio de amparo.

La Juez Mayra Gabriela Huitrón Zamudio, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, resolvió, se advierte que existe una nueva situación jurídica en el juicio de origen, pues la parte demandada dio cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en el juicio de origen y resolución incidental de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro (resolución que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional) y por tal motivo ya no hay materia para seguir el proceso constitucional.

El cuatro de septiembre del 2024, el Juzgado Cuarto de Civil de Altamira, en el juicio oral mercantil 640/2022, declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia y se condenó a Banorte al pago de intereses moratorios y gastos y costas judiciales; el 18 de septiembre de 2024, se requirió el cumplimiento voluntario de la sentencia, apercibido que de no hacerlo se decretará la ejecución forzosa, la institución recurre al juicio de amparo.

Por escrito presentado el 9 de abril de 2025, en el juicio de origen, se tuvo a Banorte dando cumplimiento voluntario a la sentencia y a las interlocutorias dictadas, exhibiendo el cheque de caja a favor de la actora; por auto de 14 de abril de 2025, en principio se hizo la aclaración de la cantidad del cheque exhibido por la demandada y con ello se tuvo por satisfecho el pago de las prestaciones a que fuere condenado, ordenándose la entrega del citado documento –cheque- a la parte actora.

Ante ello, no puede decidirse en este juicio sobre la resolución impugnada, sin afectar dicha situación jurídica, implicando que no puede decidirse en este juicio de amparo sobre su regularidad constitucional, sin afectar la nueva situación jurídica, primordialmente porque ésta último no es materia de la litis, al haber acontecido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ante lo cual el Juzgado emite la sentencia de sobreseimiento.