Autor: David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), deberá pagar 125 mil 580.60 pesos, a un trabajador despedido en 2019, ya que mediante la ejecutoria 195/2024, Magistrados Federales, le negaron el amparo al órgano estatal, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), por ser ineficaces e inoperantes sus argumentos jurídicos.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la autoridad responsable fue clara y contundente al establecer que la demandada no acreditó sus excepciones, ya que no demostró la causal de rescisión de la relación laboral aplicada al actor, por no haber comparecido a la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que no ofreció pruebas.

El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Tcatsem, emitió el Laudo del juicio laboral 199/E/2019, mediante el cual condeno al ITEA, supletoria, al pago de 15 mil 729 pesos indemnización constitucional; 62 mil 916 pesos, por salarios caídos; 27 mil 612.08 pesos, por prima de antigüedad; 12 mil 233.20 pesos, de parte proporcional de aguinaldo; 3 mil 495.20 pesos, por prima vacacional, entre otros, el organismo recurre al juicio de amparo.

La Magistrada Patricia Martínez Meléndez, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el Tcatsem, al momento de contestar la demanda inicial señaló que el actor no fue despedido sino que al mismo se le rescindió la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, toda vez que incurrió en las causales de rescisión contenidas en las fracciones II, XI y XV del artículo 47 de la citada ley laboral; y ello no se acreditó en el juicio, por lo que condenó a la indemnización constitucional y sus accesorias.

Por lo que, contrario a lo señalado por el ITEA, la litis sí fue planteada correctamente, ya que el actor efectivamente reclamó un “despido”, al señalar en su demanda que reclamaba tres meses de indemnización constitucional y salarios caídos desde el día en que fue despedido injustificadamente, ante lo cual el pleno judicial emite la sentencia ejecutoria negando el amparo al organismo estatal.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, obligo a Oscar Godoy Espinosa, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), a dictar un incidente de liquidación, ello en cumplimiento a la sentencia 2052/2023, que otorgo el amparo por violarse la garantía constitucional de justicia rápida, al no hacerlo dentro de las 48 horas establecidas en la legislación estatal.

La Juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito Victoria, al momento de la sentencia resolvió que, la responsable, con su proceder ha estado retardando injustificadamente la tramitación del expediente laboral 134/E/2008, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 838 de la legislación laboral invocada; y como consecuencia, el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 Constitucional.

En ese orden de ideas, es pertinente dejar establecido que los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo9, establecen el procedimiento a seguir y los términos a los que la autoridad laboral ha de sujetarse para la emisión de los acuerdos y resoluciones; asimismo, que los acuerdos deben de ser dictados a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, una vez recibidas las promociones.

La omisión reclamada, vulnera el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal; el cual protege uno de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, manifestada como la obligación que tienen las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, sin retardar indefinidamente o entorpecer la función de administrar justicia.

La obligación Estatal que se deriva de este derecho, obliga a que las autoridades tienen el deber de despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales, y su omisión implica la violación a dicho derecho humano; ante lo cual el Juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que, el presidente del Tcatsem, dicte resolución incidental de liquidación, en el juicio laboral, lo cual ya fue cumplido.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, impuso una multa a Juan José Luna Saeb, gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por no liberar del crédito de vivienda a una persona, ello en cumplimiento a la sentencia 2468/2022, que otorgó el amparo y además se le viene requiriendo el cumplimiento de la misma.

El Juez Juan Fernando Alvarado López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, al momento de la sentencia, resolvió que, el Infonavit, acepta la existencia del acto reclamado, bajo el argumento de que se encuentra en espera de la autorización de los recursos económicos para poder proceder con el trámite correspondiente, esto es realizar el traslado de dominio de la propiedad a su beneficiaria, así como la cancelación del gravamen en el mismo documento; sin embargo, a la fecha no ha dado seguimiento respecto a dicho trámite.

La sentencia emitida el 19 de diciembre del 2023, otorgo el amparo para el Infonavit, de inmediato dé cumplimiento a la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 2/2019, del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, y dicho órgano jurisdiccional vigile el cumplimiento a dicha obligación, sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho.

En este caso el Juzgado acordó “Téngase por recibido el oficio 400-62-00-01-01-2025-05156, suscrito por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas «4», dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual informa que remitió a su homólogo en San Pedro Garza García, Nuevo León, el oficio 19134/2025-C del índice de este Juzgado, a fin de que proceda a realizar el cobro de la multa impuesta a Juan José Luna Saeb, en su carácter de Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Infonavit”.

El Juzgado señalo, se advierte que las responsables no han tomado las medidas necesarias para lograr la inmediatez del proceso vulnerando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al derecho que tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta.

Matamoros, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, viene requiriendo al Instituto de Previsión y de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), que desincorpore de la obligación de aportar una cuota del tres por ciento de su pensión por concepto de servicio médico a varias mujeres, además regresar lo descontado, ello en cumplimiento a la sentencia 914/2021, que otorgo el amparo por lo inconstitucional de la medida.

El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en Matamoros, al momento de sentencia, resolvió que, cuando un trabajador está en activo, aporta una cantidad para el día en que se pensione, y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso ser vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente.

Los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley –entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen de pensionados o pensionistas en forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema que desvirtúa su carácter solidario.

De la lectura de los documentos aportados por las mujeres, en específico de los recibos de pago al mes de agosto de dos mil veintiuno, en donde se puede advertir que por concepto de pensión normal recibieron la cantidad de 24 mil 953.68  pesos, en tanto que por concepto de servicio médico se le descontó con la clave 51, fue por la cantidad de 748.61 pesos, que corresponde al tres por ciento al descuento mensual en su pensión, con lo cual se verificaron los descuentos que refiere el artículo 93 de la Ley de Previsión y Seguridad Social del Estado.

El Juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que, el Ipsset, desincorpore de la obligación de aportar una cuota del tres por ciento de su pensión por concepto de servicio médico; deberá velar con la obligación de garantizar a las mujeres que sigan recibiendo el beneficio de seguridad; deberá devolver las cantidades que se le hayan enterado por concepto de servicio médico con apoyo en las normas declaradas inconstitucionales.

Tampico, Tamaulipas, México, América.- El Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) en 2023, valido la interrupción del plazo por más de días en una audiencia de juicio oral, con lo cual violo garantías constitucionales, en perjuicio de una empresa que sufrió un robo, ante lo cual mediante la ejecutoria 784/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo, anulando dicha audiencia.

El Magistrado Edgar Alonso Ambriz Tovar, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Tampico, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, resulta manifiesto que existieron diversas dilaciones ocurridas en el juicio oral, la primera de ellas tuvo lugar en el intervalo del diez de mayo de dos mil veintiuno, al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (fecha en que se reanudó la audiencia de juicio); esto es, tres días después de la fecha en que legalmente se tenía que haber reanudado.

El 28 de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, emitió la sentencia del recurso de apelación 11/2022, confirmando la sentencia del Juez Víctor Fernando Reyes Hernández, titular del Unitario de Enjuiciamiento en Altamira, quien absolvió al acusado de robo, la empresa Materiales Ópticos Alfa, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Edgar Alonso Ambriz Tovar, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, basta con que la suspensión de la audiencia de juicio sea por más de 10 días naturales; esto es, que no se reanude al 11 día, para que se considere interrumpido y por ende, vulnerados los principios de concentración, continuidad e inmediación, que rigen el proceso penal acusatorio; circunstancia que tiene como consecuencia que se ordene el reinicio del juicio ante un tribunal de enjuiciamiento diverso y todo lo actuado con anterioridad sea nulo.

El pleno judicial otorga el amparo para que, seje insubsistente la sentencia reclamada; se emita una nueva determinación en la que, declare nulo todo lo actuado en la audiencia de juicio oral celebrada en la carpeta procesal CP/184/2018 y ordene el reinicio de dicha audiencia ante un tribunal de enjuiciamiento distinto; establezca que una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva lo que en derecho corresponda.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, América.- El Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Reynosa, negó el pago de un 40 por ciento adicional por falta inexcusable de Petróleos Mexicanos (Pemex) Pemex Exploración y Producción, porque ya se había indemnizado por enfermedad por riesgos de trabajo, ante lo cual mediante la ejecutoria 333/2024, Magistrados Federales, otorgaron el amparo a un trabajador, para que se emita una nueva resolución.

El Magistrado Carlos Gutiérrez López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, es precisamente el aumento de la indemnización por causa inexcusable del patrón, que la acción que ahora se ejerce para pretender el derecho a obtener ese incremento le otorgue una identidad distinta en su objeto, en relación con la indemnización inicialmente reclamada, porque una y otra son bienes o cosas materialmente distintas.

El 30 de abril del 2024, El Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Reynosa, emitió la sentencia del juicio laboral 203/2023, donde analizó de oficio la institución de la cosa juzgada y consideró que se actualizaba dicha figura jurídica, absolviendo a Pemex Pemex Exploración y Producción, de la prestación demandada, el trabajador recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Jesús Adrián Perales Hernández, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, contrario a lo determinado, si en realidad existiera identidad plena entre la cosa u objeto del litigio y la causa de pedir, tendría que haber existido una sentencia en el primer juicio que dirimiera el problema planteado en el segundo, esto es, que se hubiera determinado la procedencia o la improcedencia del pago adicional del 40 por ciento  de indemnización por causa inexcusable del patrón, lo que no aparece que haya sido así.

El pleno judicial emite la sentencia otorgando el amparo para que, el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Reynosa, deje insubsistente el fallo reclamado; II.- Dicte otro en su lugar en el que, atendiendo a las directrices de esta ejecutoria, se abstenga de considerar que existe cosa juzgada y, con libertad decisoria, resuelva lo que corresponda en derecho.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, viene requiriendo a la Dirección de Catastro Municipal de Nuevo Laredo, que cumpla la sentencia 291/2023, que otorgo el amparo, para que funde y motivar de manera congruente y exhaustiva, su negativa a identificar, ubicar, localizar y proporcionar la información solicitada sobre un predio, por ser violatoria de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

El Juez Luis Alberto González Villa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, al momento de la sentencia, resolvió que, el Director de Catastro Municipal, incurrió en la falacia de petición de principio, o “argumento circular”, bajo el argumento toral de no estar en condiciones de identificar, ubicar, localizar y proporcionar la información solicitada sobre un predio, en el caso, si el bien inmueble controlado con la cuenta especifica, está dentro de los límites de las sesenta hectáreas del lote de un lote.

El funcionario, se limitó a manifestar que el predio sí se encuentra controlado por esa coordinación, registrado a nombre de persona distinta al recurrente, pero que no era posible precisar si el multicitado predio, perteneció al lote, en virtud de que el archivo de esa oficina catastral, data de hace aproximadamente cuarenta años a la fecha, y que en el escrito petitorio los datos proporcionados datan del 8 de noviembre de 1960.

Los argumentos del afectado son fundados, al aducir esencialmente como conceptos de violación, que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales que protegen los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, consistente en el recurso de revocación, dictada en la Carpeta Administrativa 2/2023, carece de la debida fundamentación y motivación, sostiene, que la autoridad responsable no citó precepto legal en que apoye su negativa.

El Juzgado otorgan el amparo para que, se emita una nueva determinación, prescindiendo del argumento cuyo vicio fue evidenciado en esta sentencia, en la que se pronuncie nuevamente respecto del recurso de revocación propuesto por el ciudadano en contra del diverso proveído de 10 de abril de 2023, sin más limitante a su plena libertad de jurisdicción que la de fundar y motivar de manera congruente y exhaustiva, su actuar.