Autor: David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria, se negaba a pagar la indemnización constitucional a una trabajadora, con la excusa de que es de confianza, sin embargo, la autoridad laboral la obligo a reconocer que no es así, ello en cumplimiento a la sentencia 555/2022, que otorgo el amparo por violarse las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), dictó un nuevo laudo en el que dejó insubsistente el laudo de veinte de mayo de dos mil veintidós, así como el diverso de trece de octubre de dos mil veintitrés.

El trece de octubre de dos mil veintitrés, el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral 92/M/2020, mediante el cual condeno a la Comapa de Victoria, al pago de la indemnización constitucional, el órgano municipal recurre al juicio de amparo argumentando que entrego pruebas de que el trabajador es empleado de confianza y por tal motivo la resolución es violatoria de garantías constitucionales.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, se el Tcatsem emitió un nuevo laudo, por tanto, es evidente que las constancias referidas, de manera clara y objetiva, ponen de relieve que el acto aquí reclamado, consistente en el laudo de trece de octubre de dos mil veintitrés, quedó sin efecto y consecuencias jurídicas, por disposición de la mencionada resolución, en consecuencia, la base fundamental del objeto materia de la impugnación en este juicio, laboral dejó de existir.

Por ende, en el presente juico de amparo 415/2024, es evidente la actualización de los supuestos previstos por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con la fracción V del diverso numeral 63 de la Ley en consulta, ante lo cual el pleno judicial emite la sentencia de sobreseimiento (no otorgar amparo, pero tampoco lo niega).

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Banco Banorte no podrá embargar el terreno de una mujer en Tampico, ya que mediante la ejecutoria 224/2024, Magistrados federales, confirmaron amparo a la dama en contra del Juzgado Segundo Civil de Altamira, por el ilegal emplazamiento realizado en su contra, ya que ella no fue emplazada al juicio mercantil y por tal motivo no tuvo oportunidad de defenderse.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, si la mujer promovió su demanda con el carácter de tercera extraña al juicio de origen, y dado que el Juez de Distrito por las razones que expuso estimó que la diligencia de emplazamiento era contraria a derecho y, por ende, violatoria al derecho de audiencia; tal postura le reconoce la calidad de tercero extraño con la cual acudió a juicio.

El 28 de febrero del 2023, el Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, emitió la sentencia del juicio 713/2022, mediante la cual otorgo el amparo a la mujer en contra del Juzgado Segundo Civil de Altamira, en el juicio hipotecario 522/2016, a partir del emplazamiento, incluyendo la sentencia y orden de desalojo, el banco Banorte presenta recurso de revisión

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la mujer, menos aún, estaba constreñida a promover el recurso de apelación contra el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, que aprobó el remate judicial y adjudicó el inmueble en conflicto, al no tratarse del acto reclamado analizado, a saber, el emplazamiento; aunado a que al no haber sido llamada a juicio no estaba obligada a combatirlo en su calidad de parte, pues nunca acudió al juicio con esa condición.

En ese sentido, la mujer no estaba obligada a agotar ningún recurso previo a acudir al amparo, al asistirle la calidad de tercera extraña al juicio de origen y, por ello, operar a su favor la causa de excepción, por lo que ante el resultado de los de agravios, el pleno judicial confirma la sentencia recurrida del del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, que otorgo el amparo a la mujer, por lo que Banorte no podrá embargar.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Poder Judicial Federal, viene requiriendo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (Tcatsem), que emita un Laudo en un juicio seguido contra la Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET), ello en cumplimiento a la sentencia 1710/2024, emitida hace más de siete meses, que otorgo el amparo, por haberse violado la garantía constitucional de justicia rápida.

El Juez Genaro Antonio Valerio Pinillos, titular del Juzgado Primero de Distrito (al momento de la sentencia), resolvió que, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Tamaulipas el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tcatsem se reducirá a la presentación de la demanda; a la respuesta se dé y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes y el Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días siguientes.

El Juez señalo que, no obstante, no se advierte que a la fecha se haya dictado el laudo dentro del término establecido por la legislación obrera, lo cual se traduce en una violación al principio de expeditez procesal que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que emitió la sentencia otorgando el amparo para que, se dicte el laudo en el juicio 337/E/2018.

Por lo tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos y en su caso se dictará el laudo respectivo es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución.

Tampoco, que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario la ley burocrática local tendría aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer, además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), violo las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, al confirmar el sobreseimiento (poner fin sin proceder) en una acusación penal por despojo de bien inmueble, ante lo cual mediante la ejecutoria 157/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo a la víctima, porque la prueba pericial en agrimensura, no es requisito de procedencia de querella.

El Magistrado Jesús Garza Villarreal, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, resulta contrario a derecho la determinación del Magistrado al determinar como requisito de procedibilidad, la falta de identificación del inmueble, porque, conforme a lo narrado por la propia fiscalía y lo manifestado por la defensa, no fue materia de debate que el rancho estaba bajo el régimen de copropiedad con el hermano de la víctima.

El 15 de diciembre del 2022, el Magistrado Jorge Alejandro Durham Infante, titular de la Cuarta Sala Unitaria Penal del STJE), emitió la sentencia de apelación 26/2021, mediante la cual confirmo el sobreseimiento, decretado en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por el Juez de Control de San Fernando, ante lo cual la victima recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Luis Saldaña Romo, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, en virtud de que la autoridad responsable tuvo a bien establecer que la prueba en agrimensura constituye un requisito de procedibilidad para el delito de despojo, que vinculó con el plazo prescriptivo de la acción, previsto en el artículo 131 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, es que se vulneraron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, puesto que tal prueba, es un elemento ajeno al requisito de la querella.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se emita otra sentencia en la que prescinda de considerar que la falta de identificación del inmueble a través de la pericial en agrimensura, constituye un requisito de procedibilidad para configurar la querella, y determine lo que en derecho corresponda; Precise de qué forma, la copropiedad del bien inmueble conlleva la inexistencia del delito de despojo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJE), paso por alto que un juicio tuvo interrupción por mas de diez días, por lo que trascurrieron en exceso los plazos establecidos para la suspensión y reanudación del juicio oral penal, ante lo cual mediante la ejecutoria 587/2023, Magistrados Federales otorgaron el amparo, declarando nulo todo lo actuado en la audiencia.

El Magistrado, Edgar Alonso Ambriz Tovar, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Tampico, dio a conocer la ejecutoria, donde se resolvió que, la audiencia de juicio oral tuvo diversas interrupciones que rebasaron el plazo de diez días que el legislador estableció como máximo para su reanudación sin que se determinara reiniciar el juicio ante un nuevo tribunal de enjuiciamiento, violándose las garantías de seguridad jurídica.

El 28 de febrero del 2023, la Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, titular de la Séptima Sala del STJE, emitió la sentencia dentro del toca penal JO/0005/2023, en la cual se determinó confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial del Estado, por considerarse penalmente responsable al acusado del delito de abandono de obligaciones alimenticias, este recurre al juicio de amparo.

El Magistrado, Edgar Alonso Ambriz Tovar, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, existieron dilaciones ocurridas en el juicio oral, mismas que tuvo lugar en el intervalo del 29 de septiembre de 2022 al 13 de octubre de ese año; esto es, tres días después de la fecha en que legalmente se tenía que haber reanudado y la segunda dilación ocurrió al suspender la continuación de la audiencia celebrada el 13 de octubre de 2022, y ordenar su reanudación hasta el 27 de octubre siguiente, en esa ocasión trascurrieron tres días de más.

El pleno judicial otorga el amparo para que, la Magistrada de la Séptima Sala del STJE, deje insubsistente la sentencia reclamada; Emita una nueva determinación en la que tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria, declare nulo todo lo actuado en la audiencia de juicio oral y ordene el reinicio de dicha audiencia ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- El Juzgado Segundo Civil de Victoria, violo garantías constitucionales, al no pronunciarse sobre una prueba confesional y condenar a una persona a pagar lo establecido en un pagare, donde se objeto falsedad de fecha, ante lo cual mediante la ejecutoria 372/2022, Magistrados Federales, otorgaron el amparo para que se reponga el procedimiento y se corrija la irregularidad.

La Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, el Juzgado en ningún momento se pronuncia respecto al valor probatorio de la prueba confesional a cargo de una persona, quien es la endosante y primera tenedora del documento base de la acción, en la que confiesa que la fecha de vencimiento de dicho documento es distinta a la que aparece en el cuerpo del mismo.

El 10 de junio del 2022, el Juzgado Segundo Civil de Victoria, emitió sentencia de juicio ejecutivo mercantil, considerando procedente la acción intentada, y condenó a la demandada al pago de suerte principal e intereses moratorios, procediendo a una reducción prudencial a razón del 1.81 por ciento mensual, absolviéndose en el pago de gastos y costas, la afectada recurre al juicio de amparo.

La Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, si bien la parte acusada contestó la demanda entablada en su contra, y a fin de acreditar sus excepciones ofreció la prueba confesional, la cual fue admitida y desahogada, con el resultado que obra en la videograbación correspondiente; pero en la parte considerativa en la que analiza la acción y las excepciones opuestas, nada dice respecto al valor y alcance demostrativo de la misma; lo que transgrede el principio de congruencia y exhaustividad.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se dicte otra sentencia, en la que: Conforme a los lineamientos enmarcados en esta ejecutoria, se pronuncie respecto del valor y alcance demostrativo que le merezca la prueba confesional por posiciones de la endosante y primera tenedora del documento base de la acción, respecto de las excepciones opuestas por la demandada, hecho lo cual, resuelva lo que en derecho estime conveniente.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJE), suplió la deficiencia de una Agente del Ministerio Público, lo cual no puede hacer y condeno a un acusado de robo de vehículo, ante lo cual mediante la ejecutoria 691/2023, Magistrados Federales, otorgaron el amparo al procesado, por haberse violado las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, la Magistrada Estatal debió de observar el objeto y alcance del recurso de apelación, pues al ser interpuesto por la representación social debió efectuar el análisis en estricto derecho, limitándose al estudio de los agravios planteados y no como puede observarse en la sentencia sometida a control constitucional suplirlos en su deficiencia.

El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, titular de la séxta sala del STJE, emitió la ejecutoria del toca penal 51/2023, mediante el cual condeno a un acusado del delito de robo, este recurre al juicio de amparo, argumentando que, la autoridad del conocimiento rebasó los límites de los agravios planteados por el representante social.

El Magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la fiscalía ante la Sala del conocimiento únicamente se limitó a señalar y transcribir los medios de prueba que acreditan el tipo penal en análisis y el valor probatorio que a cada uno de ellos les corresponde; empero, nada dijo sobre una documental que exhibió consistente en copias simples de pedimento de importación y título de propiedad de vehículo, la cual, el Juez de la causa estimó insuficiente para justificar la propiedad del vehículo.

El pleno judicial otorga el amparo para que, se deje sin efectos la sentencia reclamada; se emita nueva, en la que, absteniéndose de incurrir en la irregularidad formal destacada en esta ejecutoria, deberá pronunciarse nuevamente sobre los agravios expresados por la representación social en contra del ilícito de robo de vehículo en agravio del acusado, con plenitud de jurisdicción, pero observando el principio de estricto derecho.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, América.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), tuvo que reinstalar a la Agente del Ministerio Público Adscrita la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delito contra las Mujeres por Razones de Género Victoria, ello en cumplimiento a la ejecutoria 137/2023, que otorgo el amparo, por haberse violado las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria donde se resolvió que, si en el caso la indebida fundamentación y motivación del auto de inicio, el cual derivó de un procedimiento administrativo que no provocó el justiciable, es decir, este no acudió a la autoridad sino que la autoridad fue hacia el particular a crear una situación jurídica que afectó su esfera jurídica, hay invalidez en cuanto al fondo de dicho acto.

La sentencia emitida el 15 de enero de 2025, otorgo el amparo para que, la FGJE, en procedimiento administrativo 545/2021, dicte otra resolución en la que estime que, la queja contra la mencionada Fiscal, no tiene el alcance siquiera indiciario que justifique iniciar un procedimiento administrativo en su contra; Ordenará el archivo del expediente, y reincorpore a la servidora a sus labores y pague los haberes que haya dejado de recibir.

En este caso el 8 de marzo del 2023, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Victoria, emitió la sentencia del juicio 545/2021, otorgo el amparo para que, se deje insubsistente el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, que dio inicio al procedimiento administrativo 545/2021, así como todos los actos derivados del mismo; y, 2. Con plenitud de jurisdicción dicte otro, en el que: Analice si se actualiza o no la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad respectiva; la Fiscal afectada presenta recurso de revisión.

El pleno judicial modifico el amparo, al señalar que, el oficio allegado al expediente mediante el cual se informan los resultados de la evaluación no tienen el alcance siquiera indiciario de que existe causa suficientemente probable para determinar el incumplimiento de los requisitos de permanencia que justifique iniciar un procedimiento administrativo con base en las evaluaciones que motivaron la queja de origen.